Los números de estos últimos tres años son más que contundentes; y los anuncios de aumentos generalizados en los servicios públicos de fines de diciembre pasado no hicieron más que confirmar la línea económica-social del gobierno de Mauricio Macri.
Mientras los salarios del sector registrado privado aumentaron un 124% en los últimos tres años, la inflación subió 158% y para el Conurbano bonaerense y con consumos moderados la electricidad aumentó entre 1.053 y 2.388%, el gas entre 462 y 1.353% y el agua entre 554 y 832%, en todos los casos de acuerdo a la categoría residencial que corresponda. Se proyecta que para fin de este año los aumentos acumulados resultarán en electricidad entre 1.800 y 3.900%, gas entre 800 y 2.100% y aguas entre 1.000 y 1.400%.
Hay muchas formas de realizar estos cálculos que producen diferencias finales en los números; pero cualquiera sea la forma adoptada para realizarlos, siempre terminamos en las mismas conclusiones: violenta pérdida de la capacidad adquisitiva de los salarios. Mientras que en el 2015 se necesitaba un 1,9% de los salarios para pagar los servicios públicos; después de tres años se necesita un 11,3%, y a fines de 2019 se estima que se necesitará un 13,3%.
A este análisis podríamos sumarle las consecuencias destructivas del tarifazo en diversos sectores, entre ellos pymes, la industria, comercios barriales, clubes de barrios, cooperativas, recuperadas, centros culturales y demás, que junto a asociaciones de consumidores, sindicatos y centros de jubilados hemos formado las Multisectoriales.
Nuevamente, entre espontánea y organizadamente han surgido los ruidazos los viernes en diversos puntos del país, así como las Marchas de las Antorchas los jueves y diversidad de encuentros en plazas y puntos emblemáticos de cada pueblo y ciudad. Comenzamos a ver otra vez una creciente judicialización del tarifazo, con amparos que irán creciendo con el correr de los días. Varios sectores están organizando una Gran Audiencia Pública (autoconvocada) para el 26 de febrero. En distintos ámbitos locales se vuelve a discutir la declaración de emergencia energética a fin de mantener la tarifa social, lograr el “no corte” y la condonación de deudas por servicios acumuladas. También en el ámbito del Congreso Nacional se está viendo la posibilidad de impulsar una nueva ley de declaración de emergencia de alcance nacional, que retrotraiga las tarifas y disponga que nunca pueden subir más allá del aumento promedio de los salarios.
Frente a ello entendemos que debemos:
- Apoyar toda convocatoria o acción que se encuentre en esta línea.
- Convocar en forma conjunta a dichas acciones (siempre por una convocatoria plural).
- Participar activamente en cada una de ellas.
Que se manifieste la unidad en la convocatoria y en las acciones, que nos lleve a caminar juntos la calle, tomados fuertemente cada uno con el otro, camino a la gran unidad opositora que imperiosamente necesitamos para hacer frente a los diversos desafíos electorales del 2019.
