Por Eduardo Fernández
No parece casual que un municipio con claro sesgo neoliberal intente destruir a la cooperativa prestataria del servicio de agua en tiempos en que este recurso comienza a cotizar en Wall Street.
Signo de los tiempos, anticipo de las luchas cada vez más dolorosas que ya se están librando en distintas latitudes del mundo donde la disputa es por el control y usufructo de los bienes naturales.
La Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada de Villa Carlos Paz tiene un nombre tan largo como sus casi 60 años de historia, pero todas y todos le dicen “La Coopi”, una empresa de gestión social que tiene a su cargo el servicio de agua manteniendo una calidad inobjetable, aún para sus pocos detractores.
La Coopi además brinda el servicio de cloacas, gas (a través de una sociedad mixta con el municipio), telefonía, internet, gestiona un banco solidario de sangre y la radio comunitaria Villanos, además de promover una intensa actividad cultural en sus instalaciones y programas para finalizar los estudios primarios y secundarios para jóvenes y adultos de modo flexible y gratuito.
Resulta muy difícil incluso para el intendente radical Daniel Gómez Gesteira, argumentar más allá de la queja respecto al costo del agua, los motivos reales por los que quiere desmantelar a La Coopi, de la cual dependen directa e indirectamente 400 familias, ignorando los pasos previstos por la Carta Orgánica Municipal que le exige una mayoría agravada en el Concejo de Representantes, doble lectura y una audiencia pública para este tipo de decisión.
Contra el autoritarismo, democracia participativa
La judicialización del conflicto llevó a la cooperativa por un derrotero esquivo que primero le dio la razón y cuyo último capítulo inscribe un fallo contrario de la Corte Suprema de la Nación, calificado como vergonzoso por abogados constitucionalistas de la talla de Miguel Rodríguez Villafañe.
Salteada por el municipio toda instancia de escucha de los vecinos y vecinas, se conformó un Espacio Multisectorial que organizó una Asamblea Pública Participativa. Fueron tres jornadas donde participaron de manera presencial y virtual casi 200 oradores de diversas extracciones políticas y roles sociales y más de mil participantes a través de la transmisión vía internet y radial.
Un Comité Evaluador conformado por una quincena de prestigiosas firmas entre las que se destacan las del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri y el ex rector de la Universidad Católica de Córdoba, Rafael Velazco, presentará hoy su dictamen.
Sensibilidad social
El Presidente de la Nación también se involucró en la búsqueda de una solución para el conflicto, recibiendo a las autoridades de la cooperativa en su despacho.
“Me preocupa la situación que enfrentan. Confío en que junto al gobierno municipal y provincial encuentren una solución. En pandemia, debemos preservar el buen servicio tanto como la continuidad de cada puesto de trabajo”, expresó Alberto Fernández.
Los próximos días serán muy importantes para las vecinas y vecinos del sur de Punilla que esperan la intervención de las, hasta ahora silenciosas, autoridades provinciales. Desde el municipio siguen planteando que el 26 de febrero tomarán posesión del servicio. Sin explicar cómo, ni con qué proyecto ni garantías para la ciudadanía de que, además de la herida social que significaría la desaparición de La Coopi, esto no sea el primer paso para transformar el agua, que hoy es un derecho administrado sin fines de lucro, en el negocio de un privado.
