El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado este viernes por el Presidente de la Nación aporta dos soluciones, una de coyuntura y otra que se proyecta en el tiempo. La primera es el congelamiento de los precios de una gama de servicios —entre los que encontramos los de telefonía móvil, internet y TV por Cable— hasta fin de año en consonancia con el congelamiento de otros servicios públicos (luz, gas, aguas y cloacas, etc.).
Frente a la voracidad de las grandes corporaciones proveedoras de estos servicios, que ya habiendo realizado aumentos en estos años buscaban nuevamente imponer aumentos muy difíciles de soportar para la mayoría de la población; el gobierno nacional decide imponer el congelamiento de las tarifas de los mismos.
La segunda medida, decíamos, se proyecta en el tiempo. Se declaran servicios públicos esenciales la telefonía móvil, internet y TV por cable, entre los más frecuentes. Esto implica —entre otras características— la necesidad de una prestación universal (para todos los argentinos, en todo el territorio nacional) uniforme (de la misma calidad para todos) estableciendo el Estado requisitos en cuanto a calidad, y con precios regulados por el mismo. Desde ahora el Estado participará en la fijación de precios y las asociaciones de consumidores plantearemos la necesidad de una participación en representación de los usuarios en el debate de los precios.
Mientras Horacio Rodríguez Larreta en CABA dice que los chicos más vulnerables sin conectividad deben volver a las clases presenciales (arriesgando la salud de los chicos, sus padres, docentes y no docentes), Alberto Fernández fija las condiciones para que todas, todes y todos tengamos estos derechos, DDHH esenciales e indispensables para la vida. Hoy, en el contexto de la pandemia, vivimos, trabajamos, estudiamos y nuestras relaciones familiares y amistades pasan en gran medida por internet.
Hace por lo menos 15 años que las asociaciones de consumidores solicitábamos esta declaración de servicio público. Durante el gobierno de Néstor y Cristina hubo avances regulatorios en el tema de telefonía móvil, varios de ellos en razón de judicializaciones de asociaciones de consumidores (portabilidad numérica, fraccionamiento por segundo, cobro solamente desde que la comunicación se estableció, la adjudicación frustrada de bandas a Arsat, creación de indicadores de calidad y nivel de prestaciones, etc.). En otras regulaciones de las TICs también hubo avances (aunque esto no hizo mejorar la calidad de servicio).
El gobierno macrista, casi desde el primer día, derogó avances regulatorios, convirtiendo estos derechos humanos en mercancías. El macrismo transformó el derecho a la comunicación en una mercadería accesible sólo al que tiene plata.
Con este Decreto de Alberto Fernández volvemos a la senda de participación del Estado en áreas estratégicas. Hoy las grandes corporaciones nos están amenazando con judicializar el tema. Tengamos claro, es más constitucional la participación e intervención del Estado en áreas estratégicas de nuestra economía que el abandono de las mismas a los insaciables deseos del mercado y sus secuaces.
