A comienzos de la gestión de Alberto Fernández se sancionó la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, disponiendo, entre otras, la emergencia en materia tarifaria y energética. En su Art. 5° se delineó la política de no generar aumentos en las tarifas y la posterior renegociación de los cuadros tarifarios vigentes en los servicios de energía y gas en la órbita federal, haciéndolo extensivo a las provincias solicitando su adhesión.
Desde que se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, con los consiguientes decretos de necesidad y urgencia, los militantes del distrito Tucumán venimos llevando adelante, junto a la Unión de Usuarios y Consumidores, una serie de acciones tendientes al cuidado responsable del consumo energético con la finalidad de evitar el sobreendeudamiento de las y los usuarios en la provincia. Es por eso que ante el avance por parte del directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) para elevar la tarifa eléctrica en favor de la distribuidora EDET S.A. (primero en septiembre y luego en diciembre de 2020), nos manifestamos reuniendo firmas, participamos de la audiencia pública virtual, presentamos los debidos recursos administrativos a los fines de suspender el aumento y de que se vuelvan a discutir en audiencias públicas los nuevos cuadros tarifarios con las directrices nacionales, a las cuales la Legislatura de Tucumán adhirió en octubre de 2020.
Otra vez, las y los tucumanos nos vemos sorprendidos por un aumento del 37%, desproporcionado a cualquier paritaria, descontextualizado e ilegítimo por la situación extraordinaria por la cual estamos atravesando, con pérdidas de puestos de trabajo y fuerte recesión en la economía mundial, generando una mora por encima del 54% de la totalidad de servicios (570.000), afectando no solo a los usuarios y usuarias sino también a las PyMEs locales. Así también, se llevó adelante una nueva revisión tarifaria en la provincia de Salta con el posterior aumento del 21%. Es claro que los entes de contralor no están cumpliendo con los objetivos para los que fueron creados, en este caso, asesorar al Estado, proteger e informar al usuario/a y controlar el monopolio del servicio.
Hoy más que nunca la militancia debe estar del lado de la ciudadanía protegiéndola, y reclamando al gobierno de turno por servicios públicos eficientes y accesibles, considerados Derechos Humanos básicos. Es por eso que apelamos al diálogo político entre el Estado concedente, la empresa concesionaria y las y los usuarios destinatarios del servicio.
