Varios organismos internacionales han señalado en las últimas décadas la vinculación entre libertad de expresión, derecho a la información y democracia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios de Libertad de Expresión de octubre de 2000, ha afirmado que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por otro lado, ha insistido sobre el carácter “indispensable de la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenden adoptar”.
Estos son sólo dos ejemplos de la permanente toma de posición de organismos internacionales en favor de la pluralidad, la diversidad y la libertad de expresión y de información, como condición para la democracia.
El argumento es siempre el mismo: si no hay diversidad y pluralidad de medios no hay democracia o hay democracias defectuosas o limitadas.
La esfera pública, en una proporción significativa, tiende a coincidir con el sistema de medios. Por lo tanto, si no hay pluralidad y diversidad de medios, no todas las ideas y discursos logran acceder al plano del intercambio público. Y algunos de ellos, si lo hacen, pueden ser duramente estigmatizados.
Entonces, se produce una situación de desequilibrio comunicacional.
El 4 de enero de 2016, el gobierno de Mauricio Macri, recién asumido, publicó el decreto 267 que modificó aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A partir de allí, el desequilibrio comunicacional fue aumentando día a día.
Por un lado, se cerraron empresas periodísticas mientras otras fueron asfixiadas económicamente; por otro, se debilitaron de modo sistemático los medios públicos. En paralelo, según un informe del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, se perdieron cuatro mil empleos de prensa en todo el país, se recortaron fondos al fomento de medios comunitarios (FOMECA) y se decomisaron equipos de radios populares.
Mientras, las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual autorizaban un crecimiento vertiginoso de la concentración de medios en el marco del proceso de convergencia tecnológica.
En síntesis: el gobierno estimuló la concentración de medios privados, el debilitamiento de los medios públicos y la asfixia y persecución de los medios populares o sin fines de lucro, entre ellos los cooperativos.
Consecuencia de estos últimos cambios, el sistema de medios en el país se ha distanciado de los estándares internacionales.
Hay mucho trabajo por delante. Una inmensa tarea para los periodistas y comunicadores del PSol. Pero no sólo para ellos: el logro de un mayor equilibrio comunicacional es una responsabilidad de la totalidad de la fuerza política. Porque sin equilibrio comunicacional no hay democracia efectiva.
