En Bolivia hubo un golpe de Estado. La afirmación es obvia. Sin embargo, la operación del establishment nacional e internacional para negar su existencia es tan fuerte que vale la pena repetir lo que sucedió. Para ese relato negacionista de escala continental, los golpistas no habrían cometido un acto ilegitimo dada la existencia previa de una serie de ilegalidades del gobierno de Evo Morales. Entre ellas, las ocurridas en los últimos comicios. Pero, según un documento del Instituto norteamericano “Centro de investigación en Economía y Política” titulado “¿Qué sucedió en el recuento de votos de las elecciones de Bolivia de 2019?”, no se encontraron elementos que prueben esas supuestas ilegalidades. El Centro de investigación en Economía y Política cuenta con importantes consejeros económicos, entre ellos dos premios Nobel, Robert Solow y Joseph Stiglitz; está financiado por una serie de entidades sindicales norteamericanas como la AFL-CIO y el Sindicato Nacional de los Docentes Nacionales, entre otras; también colaboran la Fundación Ford, la Fundación Bárbara Streisand, el Fondo de la Familia Rockefeller, y otras 20 organizaciones gubernamentales. El documento asegura que los resultados electorales en Bolivia son los lógicos, y que las elecciones en este país siempre comienzan con el recuento en las zonas urbanas y, luego, cuando llegan los votos de las zonas rurales, como ha sucedido en estas últimas elecciones, los resultados favorecen a Evo Morales. El informe exhibe gráficos que prueban como, hora tras hora, a medida que iban entrando los votos rurales, se ampliaba la brecha en favor de Morales. También, al proyectar esa brecha, el informe demuestra que el resultado final era el de los 10 puntos de diferencia que esgrimió el gobierno destituido. El documento, además, expone como la OEA declaraba, antes de empezar, que había que hacer una segunda vuelta y que el proceso electoral era inválido. Es decir, el organismo internacional tenía posición previa tomada. Dice textualmente el informe: “Las dudas que sin fundamento fueron emitidas sobre el conteo de votos por parte de la misión de la OEA en su primer comunicado de prensa y en su informe preliminar han sido ampliamente citadas y repetidas en los medios de comunicación internacionales y bolivianos (…) está claro que estas inusuales declaraciones - a pesar de que la OEA hasta el día de hoy no ha presentado ninguna evidencia que las apoyen– ha tenido una influencia significativa en la cobertura de los medios y, por lo tanto, en la opinión pública”. Y luego agrega: “La politización de lo que normalmente es un proceso independiente de monitoreo electoral se hace tangible cuando una organización a la que se confía ese monitoreo – en este caso la OEA – hace afirmaciones sin fundamento que ponen en duda la validez de un recuento electoral.”
¿Por qué, entonces, se produjo el golpe de Estado en Bolivia? El autoproclamado ministro de Economía del gobierno anticonstitucional, José Luis Parada, da varias pistas: ya en el 2012 se refería a la “pésima administración de recursos del gobierno de Morales”. Ahora agrega que “en 14 años hemos tenido trabas a la inversión privada y, por eso, vamos a sentar las bases para una apertura de la economía nacional para atraer inversiones y para que el próximo gobierno continúe con esto”. Es sencillo: lo que dice es que quieren dar vuelta atrás con todo el proceso de estatización de los hidrocarburos que llevó adelante el gobierno de Evo Morales. En este escenario, la explotación y comercialización del litio es clave.
Estas declaraciones involucran a Bolivia pero es también un llamado de atención para la Argentina y para Chile. El 70 por ciento de las reservas conocidas del litio a nivel mundial están concentrados en las fronteras entre estos tres países. Por eso Evo Morales y su gobierno crearon, hace unos años, un ente estatal encargado de la explotación de ese mineral. De allí que Bolivia lleve, en este tema, la delantera: ellos han avanzado en la industrialización del litio en emprendimientos con fuerte participación del sector público. En esa misma línea, nosotros presentamos como Partido Solidario, un proyecto de ley que proponía desarrollar un Ente Nacional del Litio —una especie de YPF del litio— a partir de la certeza de que se trata de un recurso estratégico y en disputa.
Este es uno de los núcleos del problema: los recursos naturales. No es el único pero es probable que sea el más importante. Lo de Bolivia no es un hecho aislado. Es un paso más del intento de control trasnacional de los recursos naturales de los países latinoamericanos. Por eso, nuestra solidaridad con el pueblo boliviano y el llamado a redoblar el trabajo para tender lazos con los partidos y organizaciones populares de ambos países y con toda Latinoamérica para construir políticas comunes, soberanas e inclusivas.
