El gobierno de Cambiemos, lejos de las promesas electorales, ha dejado un país marcado por el endeudamiento y el aumento de la desigualdad, con un enorme deterioro de la situación económica y social. Para desandar ese camino, el desafío actual es impulsar políticas que vayan en la dirección contraria, pasar de un país signado por la “meritocracia” a un país más solidario, con un Estado activo que deje atrás al “Estado canchero” y promueva la participación ciudadana.
La provincia de Santa Fe no es ajena a la situación planteada a nivel nacional, y la oposición local se niega a tomar debida nota de la emergencia que atravesamos. Cierta irresponsabilidad ya se había insinuado en el tratamiento de la Ley de Presupuesto provincial, cuando, a días de terminar su mandato, el gobernador saliente, Miguel Lifschitz, ingresó a la legislatura un proyecto sin el acuerdo del gobierno electo. Hoy, como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Lifschitz promueve el rechazo a la Ley de Emergencia enviada por el gobernador Omar Perotti, que establece la emergencia en contrataciones, en materia social, alimentaria y sanitaria, en el área económica, fiscal y financiera, y en materia de seguridad.