Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
La economía nacional se degrada y la vida social de la mayoría del pueblo se va desplomando. Vivimos una patética encrucijada: el Presidente cita en su admirado Estados Unidos a multimillonarios planetarios que lo idolatran, y participa en foros de fanáticos ultraderechistas; mientras en nuestra patria cada vez más ciudadanos/as ven desbarrancarse sus vidas y las de sus familias por el deterioro de sus ingresos y la frustración que deviene de la incertidumbre. Mientras tanto Milei, su hermana en jefe, y su ministro experto en especulaciones financieras viven celebrando grandes éxitos imaginarios, y anunciando paraísos a partir del “ajuste más grande de la humanidad” que ejecutan implacablemente. Los indicadores que expresan a la economía del país real se derrumban, como lo anuncia el FMI y ahora la CEPAL. Crecen los millones de pobres, el guarismo de hambrientos es aterrador, y las clases medias van perdiendo vertiginosamente calidad de vida.
Hasta aquí la pleitesía a los magnates prestamistas de Wall Street no fue retribuida con las tan esperadas inversiones. Cierto es que el gobierno logró doblegar a gobernadores y diputados que formulan para los medios de comunicación grandes peroratas contra las miserabilidades de la Ley Bases, para luego votar lo opuesto.
“La Patria no se vende” es la consigna que resuena en las manifestaciones contra el actual gobierno, sus medidas económicas y el propósito manifiesto de desmontar el estado social, destruir la educación pública y la cultura nacional. Se escuchó con fuerza en los primerizos cacerolazos rechazando el Mega DNU, en las movilizaciones contra las dos versiones del proyecto de ley ómnibus; durante el 8M, el gigantesco 24M y en la histórica movilización de la comunidad universitaria-estudiantil. Ese sentido político estuvo presente en la marcha del 1° Mayo y en los dos paros generales. Las acciones de protesta deben ser ponderadas como un elemento determinante del momento político, aunque el gobierno y los medios de comunicación afines intenten relativizarlos. El presidente imposta la voz con un falsete de “a mí nada me hace nada”, intentando transmitir que ninguna acción, por potente que sea, le afectará. Tal cosa no existe en la vida y mucho menos en la disputa política. Pretende horadar y desmovilizar a quienes crecientemente rechazan las medidas de ajuste, ya que confrontar al gobierno sería inútil por aquello de que “no le hace nada”.
La reacción social es la respuesta a un gobierno de ultra derecha, que daña los salarios, las jubilaciones, los derechos laborales y culturales de los sectores medios y populares. Se suma el afán del gobierno libertario por entregar en bandeja los recursos naturales del país: litio, cobre, oro y plata; gas, petróleo y un recurso vital como el agua. El debate sobre el capítulo del RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) desnuda su carácter, propio de un estatuto colonial, en beneficio de las corporaciones transnacionales y locales. Según el texto de la ley, será posible importar a discreción, lo cual implicaría el fin del Compre Nacional, transferir utilidades a sus casas matrices sin límites a partir del tercer año, no existen cláusulas de protección medioambiental y pagarán regalías propias de un país bananero. Pero existe otro agravante que expresa el carácter del vínculo de dominación: cualquier diferendo sería dirimido en el tribunal más pro corporaciones empresarias del mundo: el CIADI, del que gozarían durante los 20 o 30 años de concesión, lo cual tornaría imposible que un futuro gobierno pueda modificarlos. En los hechos, se les estaría otorgando a las empresas transnacionales la facultad de primarizar y extranjerizar nuestras riquezas, cambiando la matriz productiva del país, imponiendo un modelo extractivista sin valor agregado y sin vinculación con la industria nacional, incluyendo a las pymes y sus respectivos trabajadores. Iríamos hacia un país que importa trabajo, maquinarias y repuestos del extranjero. En suma, la caracterización de “neocolonial”, se corresponde con la ideología e intereses económicos que impulsa esta ley oprobiosa.
Esa impronta se expresa más crudamente aun en la política exterior que reedita el apotegma humillante de "relaciones carnales" creado por el canciller menemista Guido Di Tella. Se trata de gestos deliberados para desarmar nuestros valores como colectivo nacional, en pos de un alineamiento subordinado a los intereses norteamericanos y el abandono del reclamo de soberanía sobre la Islas Malvinas (incluyendo la idolatría a M.Thatcher).
El establishment se propone imponerle al Parlamento su ley. De allí que los dueños del poder decidieron salir a presionar directamente a los legisladores haciendo público lo que sus lobbistas realizan desde las sombras en los despachos del Parlamento.
En el VI Foro Nacional de Energía, el presidente de Pan American Energy, Alejandro Bulgheroni señaló que Milei “está llevando adelante muchos cambios que están en la buena dirección y no está teniendo apoyo en el Congreso. Pero, si no se pueden votar las leyes (…) no habrá una buena situación en el futuro”. Por la misma razón, Alfredo Coto, afirmó que “la Ley Base sería un paso para ser un país más predecible”. Como vemos, salieron los empresarios exitosos a presionar a senadores y diputados. Ya no son las entidades, AEA, IDEA, Amcham o los millonarios del Llao Llao; sino la voz directa de los magnates. Están perturbados porque el Parlamento no responde pasivamente a sus intereses. La democracia habilita aún espacios por donde la sociedad puede interceder, a pesar de la asimetría innegable con el poder real. Cabe preguntarse si el establishment es un punto de apoyo seguro de la gestión de Milei, o si ellos son directamente el gobierno, y el presidente, uno de los suyos. Claro que los parlamentarios también miran al pueblo en las calles reclamando democráticamente con una fuerza inusitada, que sus representantes levanten sus manos a favor de la ciudadanía y de los intereses soberanos de la nación, actuando según sus convicciones y las de sus partidos. No se trata de “darle herramientas” a un gobierno de ultra derecha que se propone abiertamente ejecutar todo lo contrario al pensamiento y propósitos de esos legisladores. No existe el lugar de “amigables” inventado por los medios del poder, solo existe la coherencia y los principios, o el quebrantamiento ideológico y moral.
