Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El pedido de condena por parte del fiscal Diego Luciani contra la Vicepresidenta de la Nación a través de un gran show mediático, sin pruebas y cuando aún no se ha desplegado la defensa, ha producido una reacción generalizada tanto a nivel nacional como internacional.
La acusación de los fiscales, amplificada por los grandes medios de comunicación opositores, ha sido presentada como si ya fuera la condena. De ese modo, lo que resulta suprimido es el proceso que incluye el derecho a defenderse.
Esta aberración jurídica deja nuevamente en evidencia que, en el marco del lawfare, primero se decide la condena y luego se pone en marcha un supuesto proceso judicial para justificarla. En el camino caen el principio de inocencia, la defensa en juicio y se impone una lógica invertida por la que el acusado debe probar su inocencia en lugar de ser el sistema judicial el que deba probar la eventual culpabilidad del acusado.
El Grupo de Puebla, espacio que congrega a referentes políticos/as y académicos/as de América Latina y el Caribe, denunció la persecución mediática y judicial en contra de la Vicepresidenta de Argentina y señaló que “a través de fiscales y jueces la derecha busca proscribirla sin permitirle defenderse”.
En una línea similar, el presidente Alberto Fernández junto a sus pares de Bolivia, Luis Arce; de México, Andrés Manuel López Obrador; y de Colombia, Gustavo Petro, manifestaron en un comunicado conjunto su apoyo a la Vicepresidenta argentina. Posteriormente, también lo hicieron el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Además brindaron su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner los ex presidentes Dilma Rousseff, Evo Morales Ayma, Rafael Correa, José “Pepe” Mujica y Ernesto Samper Pizano, junto a líderes políticos como Pablo Iglesias, Jean-Luc Mélenchon y Marco Enríquez Ominami.
A nivel local se multiplicaron las expresiones de solidaridad de organizaciones políticas, sindicales, culturales, científicas y de derechos humanos, entre otras.
El fuerte estado de movilización ciudadana que se generó a partir del discurso, que reemplazó al alegato que no le permitieron realizar, demuestra que hay cierta percepción de que el ataque se personaliza en Cristina Fernández de Kirchner pero está dirigido a todo el pueblo argentino.
Como ella misma expresó: “No les importa nada, van por todo. Se los dije una vez antes de irme como presidenta. No vienen por mí, vienen por ustedes. Por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados (…)”. Y agregó: “Nos piden 12 años de prisión por los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina desde que volvió la democracia, que fueron el mandato de Néstor Kirchner y los dos míos. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.
Pero esta aceleración del juicio a la Vicepresidenta tiene una historia. Por el mes de junio se puso en marcha en la Argentina un golpe de mercado que tenía un objetivo desestabilizante. Se llegó a plantear la renuncia del Presidente y la convocatoria a una Asamblea Legislativa, se intentó imponer una devaluación, se hablaba de un dólar ilegal a 500 pesos, entre otras calamidades.
Ese golpe de mercado tuvo distintas etapas y reacciones por parte de la coalición gubernamental. Hubo un primer cambio de ministro de Economía: se fue Martín Guzmán y lo sucedió Silvina Batakis. Pero no alcanzó. Posteriormente se produjo un segundo cambio: Batakis fue sustituida por Sergio Massa, a lo que se sumó una reestructuración del gabinete. ¿Cuál fue la diferencia más importante entre estos ministros? El nivel de apoyo político que recibieron de los integrantes del Frente de Todos.
Y a pesar de que los impulsores del golpe de mercado tienen como objetivo desestabilizar al gobierno, como reacción se fue produciendo la consolidación de la unidad de la coalición gobernante. Se postergaron o se dejaron de lado diferencias y se puso el foco en dar respuesta a la crisis.
En ese marco, la posterior aceleración del juicio contra la Vicepresidenta puede ser pensada como un nuevo capítulo de ese proceso desestabilizador. El objetivo sería que Cristina llegue al proceso electoral condenada aunque queden otras instancias abiertas y no haya ninguna decisión jurídica definitiva. Lo que buscarían es el impacto político de esa condena.
¿Quiénes están detrás de la desestabilización? Entre otros sectores, aquellos que tienen fuertes intereses económicos en juego.
En este sentido, resultan muy sugestivas las recientes declaraciones del Embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, en ocasión de la 19ª edición del Consejo de las Américas. Allí afirmó: “es una gran chance para nosotros asociarnos con este país para poder ayudar a la Argentina con la infraestructura y que la Argentina pueda levantar la economía del petróleo, el gas y la agricultura, tanto como el litio y otros minerales. Así que podemos asociarnos juntos para alimentar y abastecer de energía al mundo”. Luego instó a Rodríguez Larreta a construir una coalición de gobierno “hoy mismo” y agregó: “no creo que Argentina tenga que esperar a las elecciones de 2023 para hacerlo (...) Este es el momento de hacerlo. Espero que este país no espere hasta 2023 para hacerlo.”
Toda esta compleja situación derivó en la fuerte reacción que se expresa en una gran diversidad de reuniones, movilizaciones y actos de los distintos sectores que integramos el Frente de Todos.
Pero no es lo único que sucede. La oposición también redobla la apuesta. Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio hizo un pedido de juicio político al Presidente. A ello se suma, entre otras presentaciones, una denuncia penal que promueve la Coalición Cívica también contra el Presidente por “amenazas y sedición”. Además reapareció el procurador general interino, Eduardo Casal, quien tras recibir a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que manifestó su “profunda preocupación” por lo que denominó “una clara perturbación en el ejercicio de (las) funciones” de los acusadores.
Mientras la economía se estabiliza y desde el Frente de Todos nos movilizamos en defensa de la Vicepresidenta y de nuestro proyecto de país, la oposición política, económica, mediática y judicial continúa desplegando sus maniobras desestabilizadoras.
