ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
Las repercusiones y el rechazo de ciertos sectores al anuncio sobre el Grupo Vicentin no hacen más que mostrar cuáles son los temas relevantes que nos afectan como país desde hace décadas. Empezando por el rol del Estado, la concentración y extranjerización, o la evasión impositiva y la fuga de divisas, sin dejar de tener en cuenta la soberanía alimentaria: todas categorías vinculadas de alguna forma con esta decisión.
Por eso no sorprenden algunos argumentos que en tiempo récord comenzaron a aparecer. De hecho, en la conferencia de prensa de Alberto Fernández la tercera pregunta ya giró alrededor de lo que acababa de decir la oposición sobre el anuncio, que, obviamente, fue una repetición de los argumentos de siempre.
Como ejemplos de las reacciones, se escuchó decir a un diputado opositor que “la expropiación de Vicentin es un muy mal mensaje que da el Gobierno, una pésima salida en términos de confianza para generar inversión en un momento en que la economía necesita certezas; el Gobierno gira a Venezuela”. La muletilla acostumbrada. En esta línea, otro diputado afirmó: “Cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica”. ¿Pero no es una tragedia la explosión de la deuda, o el incremento de la pobreza que generaron cuando les tocó administrar? El concepto de tragedia difiere, según el cristal con que se mire.
¿Se olvidan acaso que la empresa ya estaba en cesación de pagos, con elevadas acreencias de bancos oficiales? ¿Por qué en su momento, cuando eran responsables de la gestión del gobierno nacional, no les parecía una tragedia el nivel de endeudamiento al que se llevó a la empresa, comprometiendo fondos públicos? Entre los mayores acreedores están en primer lugar el Banco Nación, luego el Provincia de Buenos Aires y el Ciudad. Por detrás aparece toda una serie de entidades privadas, algunas de ellas agentes oficiales de provincia.
En los considerandos del decreto 552 se pueden encontrar las razones que están detrás de la decisión de enviar al Congreso un proyecto de ley para su expropiación y, mientras tanto, intervenir la empresa por 60 días. Un dato que da el marco tiene que ver con la importancia que tiene la empresa en el segmento de la agroindustria: en la campaña 2018/2019 se ubicaba en el sexto lugar en ventas externas de productos agroindustriales, explicando el 9% de la oferta exportable. Todo esto en un mercado en el cual el 91% de las ventas externas de granos y aceites se concentra en 10 empresas, un indicador de la concentración que existe.
A esto se suma la fuerte extranjerización. Según se detalla en el decreto, la mitad de las firmas exportadoras pertenece a capitales nacionales, entre ellas Vicentin S.A.C.I., y el resto a capitales extranjeros. No debemos olvidar que hay hambre en un país con capacidad para producir alimentos para cientos de millones de personas. Estamos hablando de bienes de carácter esencial. En el caso de Vicentin, de hecho, es controlante o tiene distintos grados de participación en productoras de alimentos para el mercado local. La temática también se relaciona con la restricción externa, ya que se trata de los principales sectores generadores de divisas, otro bien esencial y estratégico para nuestro país.
Según detallan los considerandos del decreto, “resulta relevante en momentos de altísima vulnerabilidad, a raíz de la pandemia de COVID-19 (…). Se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica (…). Toda esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social. La producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior”. Razones de peso para justificar la medida no faltan.
Un tema esencial, que se menciona muy poco, es que todo concurso de acreedores tiene por objeto licuar las deudas lo máximo posible. Y haría recaer los costos de este proceso sobre los bancos acreedores, pero también sobre los proveedores, productores granarios y empresas, que no han recibido pago alguno por sus ventas: estos tienen algo más de un cuarto de la deuda total de Vicentin. Dicha empresa también le debe $ 9.500 millones al Estado nacional en concepto de impuestos y contribuciones. Este es el gran costo social si la situación continúa tal cual está planteada.
Volviendo a los argumentos de quienes rechazan el anuncio con el “caballito de batalla” de que no vendrá la inversión, no hace falta decir que durante los cuatro años anteriores, las inversiones productivas brillaron por su ausencia. Con las “reglas de juego” del Estado canchero, Argentina fue el paraíso de la fuga y de la especulación.
El rechazo a la medida tiene que ver con algo bien de fondo, que posee un fuerte cuño ideológico y busca no generar precedentes sobre el importante rol que debe cumplir el Estado en cuanto a los objetivos del desarrollo económico y social.
En lo particular del caso, estamos hablando de un segmento estratégico y rentable y el país no puede mirar para otro lado. Más aún ante la posibilidad de que, dada la situación financiera de la empresa, se podría haber inducido una venta a un precio irrisorio. ¿De qué inversiones nuevas se hablaría en este caso? Sólo sería una transacción que reduciría drásticamente las acreencias, no agregaría valor sino un cambio de manos, y/o una transferencia de riqueza a manos extranjeras. Un tema esencial que muchos defensores del Estado mínimo no consideran.
Una posición distinta fue la que mostró el Comité de los principales seis acreedores internacionales que le prestaron a Vicentin, y que tienen en conjunto unos USD 500 millones por cobrar. Tras el anuncio, expresaron en un comunicado su firme “disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes para discutir la regularización de la deuda de Vicentin”. La medida “contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”. No parece que estos capitales estén siendo muy ahuyentados. De la misma forma, también expresaron un mayor acuerdo a la medida una cantidad de empresas que proveían de insumos agropecuarios a Vicentin y que tienen ventas por cobrar. ¿Acaso quienes critican la intervención de la empresa reparan en los problemas que estos productores están viviendo?
La Federación Agraria del sur de Santa Fe y la Asociación de Productores de la misma región reclamaron que Vicentin sea transformada en “una empresa mixta, distinta, moderna y eficaz, con control y participación de todos los actores”. No puedo más que coincidir, hace años que vengo proponiendo la necesidad de una nueva gestión con control estatal, tripartita, participativa, transparente. En el caso que nos ocupa, con el Estado desde el punto de vista de su responsabilidad, y en forma conjunta con las cooperativas de la zona (que representan a la mayoría de los productores que son los que proveen de la materia prima que procesa este complejo), y con los miles de trabajadores, para que tengan participación formal en la toma de decisiones y en el control de la gestión, generando un modelo virtuoso.
Este debate toca temas que hacen al necesario accionar de los Estados, regulando pero también actuando desde los sectores estratégicos. La gran mayoría de los países desarrollados lo han hecho, sobre la base de un fuerte sector público en esas áreas estratégicas. La historia muestra también que cuando se empezó a desarmar ese rol en países como Inglaterra, Francia y otros, el Estado de bienestar sufrió durísimos golpes, lo que para sus ciudadanos y ciudadanas implicó un retroceso en sus condiciones y en su calidad de vida. Muchas de estas cuestiones hoy vuelven a ponerse en el foco de la discusión en el mundo.
En síntesis, la realidad muestra que estamos en presencia de una empresa concursada, semiparalizada, con gente suspendida que no cobra, o cobra parcialmente, con productores que no cobran, con acreedores —como son los bancos públicos— que no cobran, con acreedores internacionales que tampoco cobran. Pero que también posee una capacidad potencial de seguir siendo una empresa líder en el sector agroexportador, con todo lo que eso puede representar en el presente y en el futuro, tanto para aliviar la restricción externa como para dar respuesta al gran desafío de la soberanía alimentaria. Y con la posibilidad, además, de actuar como empresa testigo en el funcionamiento del sector y en la fijación de precios internos, más aún al estar ligada a YPF Agro, como se plantea.
