Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
El Presidente Alberto Fernández, junto a su ministro de Economía Martín Guzmán, presentó esta semana la propuesta de reestructuración de la deuda bajo ley extranjera con los acreedores privados. Lo hizo junto a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los referentes de las distintas bancadas parlamentarias y dieciocho gobernadores y gobernadoras tanto oficialistas como no oficialistas. Resulta muy saludable que la oposición, que gobierna distintas provincias y localidades, haya entendido que esta es una causa común de la Nación y que es necesario estrechar filas y presentar un frente lo más sólido y unido posible. De este modo, la propuesta ante los acreedores privados aparece como una presentación de la Nación argentina y no solo de su gobierno.
Se trata de una propuesta sostenible que le permitiría a la Argentina, superada la crisis sanitaria y sus derivaciones económicas, iniciar un sendero de crecimiento con la gente adentro. Es lo que siempre se dijo: crecer primero para generar los recursos que, a partir de allí, le permitan al país comenzar a pagar.
Las limitaciones fiscales de nuestro país y la herencia que se ha recibido en materia de deuda son datos fundamentales para cualquier análisis. Hubo 21 bonos elegibles en esta reestructuración. 17 de ellos fueron emitidos en los últimos cuatro años. Sólo 4 son anteriores y son los bonos de la reestructuración de los canjes 2005 y 2010 que se pagaron normalmente hasta que el juez Griesa decidió impedir dichos pagos por el conflicto con los fondos buitre. Del monto total de 66.000 millones de dólares que se buscan reestructurar, 41.500 fueron emitidos en los últimos cuatro años. No quedan dudas: el grueso de la deuda que se intenta reestructurar con esta presentación fue generada durante la gestión de Mauricio Macri.
Como ya sabemos, la propuesta contempla un periodo de gracia, una quita promedio del 5,4% en el capital y una fuerte reducción en los altos intereses vigentes. Se emitirían bonos con vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Los intereses serán del 0,5% o 0,6% pagaderos desde el 2023 para el primer año, y muy reducidos en los años siguientes. En un cálculo aproximado, no pagaríamos ni un solo peso hasta el 2023 y, luego, hasta fines de 2025 la erogación de intereses rondaría los 2.500 millones de dólares, en una estimación preliminar. La primera amortización de capital del bono más corto recién se realizaría en noviembre de 2026. La tasa promedio estimada a pagar sería 2,33%, muy por debajo de lo que devengan los intereses actuales de algo más del 7%.
El país, en el medio de una pandemia global, toma una serie de medidas para reforzar su sistema sanitario y afrontar las consecuencias económicas de la política del aislamiento social, preventivo y obligatorio. A ello agrega el mantenimiento en agenda de temas estructurales como la negociación de la deuda externa, entre muchas otras cuestiones.
