Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Las políticas implementadas por el gobierno nos han conducido a la recesión y no hay posibilidad de que ésta se revierta si el gobierno persiste con sus mismas políticas. Sin consumidores no puede haber consumo. Sin ingresos no puede haber consumidores. Es improbable que la economía salga del ciclo recesivo en el que se encuentra si continúa disminuyendo la cantidad de consumidores o éstos consumen cada vez menos. El gobierno dice que los salarios y las jubilaciones han comenzado a subir. Pero eso no está sucediendo. Lo que sí ocurre es que, en los meses en los que la inflación baja, algunos gremios con paritarias logran mejoras tomando como referencia la inflación de los meses anteriores que fue más alta: por lo cual, no hay un aumento de salarios sino una recuperación de una parte de lo perdido.
Lo cierto es que la mayoría de la población compra menos alimentos e indumentaria, va menos a los restaurantes y viaja menos, entre otras restricciones. Estamos frente a una recesión que se expresa en una fuerte caída del poder de compra de los argentinos/as, lo que a la vez alimenta el círculo vicioso de la caída económica dado que las empresas, al no tener compradores para sus productos, hacen su propio ajuste. Si la construcción se paraliza, o casi se paraliza, las empresas que producen insumos para la construcción —por ejemplo, hierro o cemento— suspenden o despiden personal. ¿Y qué pasa cuando a alguien lo echan o lo suspenden? Consume menos y la espiral del deterioro tiende a hacerse infinita.
En ese marco, este viernes se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio: un 4,6%. Si comparamos la inflación acumulada en los primeros siete meses de este gobierno (125,5%) respecto a los últimos siete meses de la gestión de Alberto Fernández (88,1%, la supuesta hiperinflación), lejos estamos de una “desinflación” como la define el oficialismo.
El relato gubernamental es simple: hay un Estado que gasta innecesariamente y para mantenerlo se necesitan más impuestos. Si ese Estado disminuye sus gastos puede también reducir los tributos y, entonces, los bienes se abaratan y el poder adquisitivo mejora. Es la idea de que el gasto estatal es improductivo, superfluo, burocrático y corrupto. En esa lógica, se suspenden, por ejemplo, las transferencias a las provincias y se detiene la obra pública y, por lo tanto, se achica el gasto.
Pero estas decisiones traen consecuencias. A las obras públicas, por ejemplo, las lleva adelante el sector privado. No hay empresas estatales que se dedican a ello. Esas compañías privadas tienen empleados y si se interrumpen las obras los despiden, lo que reduce significativamente sus posibilidades de consumo. En el mismo sentido, la apertura de las importaciones de bienes que se fabrican en el país, con el supuesto objetivo de abaratar los precios, hace que las empresas locales que fabrican esos productos vendan menos y que despidan trabajadores/as que a su vez son afectados en tanto consumidores. Esto ya sucedió. Es cíclico en la Argentina. Es la tragedia de las cuatro M. Martínez de Hoz, Menem, Macri y Milei representan cuatro intentos de aplicar una misma política: “achicar el Estado es agrandar la Nación”.
Por supuesto que el Estado debe y puede funcionar mejor. Pero esta discusión no debe desvincularse de otras: por ejemplo, de la distribución del ingreso y de la riqueza. Mejor Estado sí, pero en un escenario donde también se discutan las rentabilidades exageradas de los grupos concentrados de la economía.
Ningún país puede prescindir del Estado: porque necesita del sistema de Ciencia y Tecnología, de Salud, de Educación, de cuidado de la infraestructura vial, de las áreas que se ocupan de los más débiles y desprotegidos, entre tantas otras necesidades. A través de la inversión pública se desarrollan innumerables iniciativas para la actividad privada que son generadoras de empleo, el típico caso de las obras públicas.
El tema de fondo es la discusión de los dos modelos de país, si debe haber Estado o no debe haberlo, si debe haber regulaciones o no debe haberlas, si todo queda librado a la libre competencia y al mercado o hay intervenciones para equilibrarlos.
El ajuste no termina nunca. El gobierno viene “desendeudando” al Banco Central tal como fue anunciado por el Presidente. En la práctica, se trata de una transferencia de la deuda del Banco Central con el sistema financiero al Tesoro. ¿Cuál es la diferencia? Que el Banco Central venía pagando los intereses de esa deuda. Por el contrario, a partir de los cambios, el Tesoro, en la medida que se mantiene el objetivo del superávit fiscal, va a afrontar los intereses de esa deuda, ajustando el gasto. Ello supone un nuevo ajuste sobre las transferencias a las provincias, sobre las obras públicas y sobre diversas partidas, por ejemplo las previsionales. En la misma línea del ajuste infinito, parte del recorte del gasto pasa por la reducción de los subsidios a los combustibles, a la energía y al transporte, que produce mayor aumento de las tarifas de servicios públicos.
Hay otro camino y es el que conduce a la protección de la producción nacional, al aumento del empleo y el desarrollo de las PyMEs, entre otros importantes objetivos. Es el camino en el que, en lugar de reponer Ganancias para la cuarta categoría y bajar Bienes Personales al sector más rico de la población, se le aumente los impuestos a los que más tienen a través de tributos progresivos. En definitiva: es el camino que nos conduce a un modelo de desarrollo con inclusión social y con un Estado que interviene activamente en la puja distributiva en favor de los sectores populares, incluidos los sectores medios.
El gobierno interviene en la puja distributiva. Pero lo hace al revés: en lugar de beneficiar a la mayoría de la población lo hace beneficiando a una minoría. El cambio de los precios relativos que lleva adelante supone un incremento del valor de los productos de consumo y los servicios con relación a los salarios y las jubilaciones. Por lo tanto, este cambio de precios relativos lleva a que algunos sectores de la economía concentrada multipliquen sus ganancias. El ajuste es infinito y el único límite es la capacidad de resistencia de los ajustados. El Presidente ha dicho: “Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad”. Resulta difícil avizorar como ello no conduciría a una gran recesión.
