Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
Juntos por el Cambio, tras el vencimiento de la última prórroga por 30 días del protocolo para las sesiones virtuales, se opone a seguir desarrollando el trabajo parlamentario bajo esa modalidad y exige volver a la forma presencial, a pesar de la mayor transmisión del coronavirus.
Esto sucede en un contexto en el que resulta difícil encontrar antecedentes de sesiones parlamentarias con el nivel de asistencia que están teniendo estas reuniones virtuales. Esta modalidad de encuentros permite la presencia de muchos participantes que, en condiciones normales, por distintas razones no concurrirían al recinto. Por ejemplo, diputados o diputadas de las distintas provincias que perdieron un vuelo o que no se sienten del todo bien pero que, desde sus casas, hacen un esfuerzo y participan de todos modos.
En la última sesión, por ejemplo, hubo 254 presentes y sólo tres ausentes. Además, a la hora de votar, los que tienen algún problema para emitir su voto son unos pocos y, en general, porque se van y no toman la previsión de apretar una opción en su teléfono que los identifica como ausentes.
De todos modos, a esa minoría que no consiguió votar en primera instancia, se los contacta uno por uno para que lo hagan en segunda instancia. Nadie que esté habilitado se queda sin votar. Las dificultades que existían en un principio —por ejemplo, la firma digital de los dictámenes— hoy se resuelven en un instante y sin problemas. La tecnología ha ido mejorando y los diputados y diputadas han ido aprendiendo a usarla.
Por eso, no hay ninguna razón para no seguir sesionando de modo remoto. Es decir: la negativa de Juntos por el Cambio de continuar el trabajo parlamentario bajo estas condiciones es claramente una excusa.
En el actual escenario, al haber vencido la prórroga por 30 días para el uso del protocolo para las sesiones virtuales, la oposición se opone a firmar un nuevo acuerdo y, sin ese acuerdo, intentan dificultar las sesiones ya que los resultados obtenidos serían cuestionados por su legitimidad. A través del amparo en cuestiones instrumentales, lo que en realidad se proponen es impedir el funcionamiento del Parlamento.
Pero, repito, no hay ninguna razón para no continuar sesionando como se lo ha hecho hasta ahora. La oposición, al negarse a dar su acuerdo para continuar con las sesiones remotas, utiliza una excusa porque en realidad lo que no quiere es tratar temas como la reforma judicial o el aporte extraordinario de las grandes fortunas.
Es decir: actúa como una minoría que le impide a la mayoría sesionar, lo que se parece mucho a un comportamiento antidemocrático.
Por eso, también está la posibilidad de que, sin ese acuerdo, la mayoría parlamentaria se decida a avanzar, en la medida que logre el quórum que legitime las decisiones a las que se arribe.
La modalidad presencial no tiene posibilidades reales de ser implementada. Por ejemplo, ¿cómo viajan hasta la Ciudad de Buenos Aires los diputados y diputadas que viven en las provincias más alejadas?
El sistema remoto, justamente, ha permitido superar las limitaciones que la pandemia le impone a instituciones como el Parlamento con representaciones de todo el territorio nacional. Por eso, nos ha permitido encontrar un modo de seguir trabajando al mismo tiempo que respetamos el distanciamiento social. Por otra parte, en el modo remoto la forma presencial no está totalmente vedada dado que una cantidad de diputados y diputadas sesionan estando presentes en el recinto.
Pero, además, ¿qué ejemplo daríamos, quienes componemos grupos de riesgo, si concurriéramos a un lugar masivo, contraviniendo todo lo que se está diciendo acerca de la inconveniencia de hacerlo? ¿Qué conclusión sacarían los ciudadanos y las ciudadanas que observan esa situación?
Por supuesto, nada está cerrado y, más allá de las declaraciones en los medios, el tema continúa debatiéndose. Esperamos que los autoproclamados defensores de la democracia no sean los que terminen atentando contra ella.
