Por Carlos Heller El Gobierno marca un hito histórico en la recuperación de la soberanía como Nación, desandando el camino neoliberal.
21/04/2012 Revista Debate - Nota - Información General - Pag. 26
El proyecto de ley sobre Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso marca un hito fundamental en la recuperación de nuestra soberanía como Nación, y sobre la gestión de nuestros recursos naturales. La decisión más importante de este proyecto está expresada en su artículo 1º, por el cual se declara de interés público nacional, y como objetivo prioritario, el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como su explotación, industrialización, transporte y comercialización.
Esta definición apunta a desandar el camino de la privatización de los recursos hidrocarburíferos, poniéndolos bajo el paraguas del interés público, y estableciendo los principios de una política hidrocarburífera argentina que excede el marco de YPF. La expropiación del 51 por ciento del patrimonio de YPF se orienta a tomar el control efectivo y total del Estado sobre YPF, la empresa emblemática del petróleo fundada por Mosconi, para que ésta sea la vanguardia de la política de hidrocarburos en general y del autoabastecimiento en particular. Significa recuperar una herramienta que nos robó el vendaval neoliberal, y que poseen otros gobiernos de la región: una petrolera estatal.
La declaración de utilidad pública y la expropiación es una decisión soberana de la Argentina, porque está en juego la provisión energética actual y futura, y se ha demostrado que con la privatización este tema no sólo no se resuelve, sino que cada año que pasa empeora más. La situación actual deriva de dos grandes cambios decididos en los noventa: la privatización de la extracción de recursos hidrocarburíferos, junto con la de YPF, y la concesión de la propiedad de esos recursos a las provincias, por medio de la Constitución Nacional del 94.
Se ha demostrado que, cuando la gestión de los servicios públicos o de las concesiones para la extracción de recursos naturales está a cargo del sector privado, las ganancias compiten con las inversiones necesarias, que son muy altas. Siempre terminan ganando las utilidades por sobre la inversión.
El caso de Repsol YPF es paradigmático en este aspecto; según el diario español El País, Repsol “decidió comprar YPF para dejar de ser una pequeña empresa local, sin apenas producción, para jugar en la primera división de la liga petrolera”. Hoy, un tercio de las ganancias de Repsol provienen de YPF. Los resultados de la privatización han sido altamente favorables a Repsol y fuertemente desfavorables a los intereses de la Argentina. Entre 1997 y 2010, YPF distribuyó dividendos por 13.246 millones de dólares, el 85 por ciento de las utilidades netas del período. Con ellos, financió su expansión global para posicionarse en Alaska, Brasil, Golfo de México, el Caribe, Argelia y Libia. Es decir, lo que debía haber invertido en la Argentina, lo desembolsó en el exterior en negocios que, según su presidente, Antonio Brufau, le generaban mayor valor agregado (eufemismo por ganancias).
Durante 2011 YPF realizó la exploración de 30 pozos, cuando tenía concesionadas unas 60 áreas, un valor exiguo si lo comparamos con los 110 pozos exploratorios por año que, en promedio, realizaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Luego de estos datos, no asombra comprobar que, cuando YPF se privatizó, tenía reservas para 15 años, y hoy alcanzan para bastante menos de cinco años. En los últimos diez años, la producción de petróleo cayó un 18 por ciento y la de gas, un 11 por ciento. La falta de inversiones ha sido determinante en este proceso de decadencia.
Luego de haberse debatido el tema con gran amplitud, queda claro que el control operativo, y la gestión centralizada de los recursos en manos del Estado nacional, son una condición indispensable para poder recomponer las inversiones necesarias, y poner a la extracción petrolera a tono con las necesidades del plan económico que gestiona el Gobierno.
En este aspecto, toma relevancia la participación de la propiedad de las acciones expropiadas, perteneciendo el 51 por ciento al Estado nacional y el resto a las provincias productoras, a partir de un pacto de sindicación de esas acciones, de forma de obtener una gestión uniforme y coherente. Las fuertes declaraciones del gobierno español, inmerso en la mayor crisis de su historia democrática, han elevado los intereses de Repsol a nivel de intereses de ese país. No resulta extraño de un gobierno que está aplicando profundamente el ajuste neoliberal dictado por el FMI, que genera elevadísimos costos sociales con el objetivo de “seducir” a los mercados, lo que quiere decir, proteger los intereses de los grandes bancos europeos. Salir frontalmente a defender a Repsol, es también un arma más de esa seducción.
No están solos en esta gesta: la Unión Europea ha apoyado los reclamos de España, y se ha preocupado por aclarar que “desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea tiene competencias reforzadas para salir en defensa de las inversiones de los socios europeos en cualquier país extranjero”. Una velada advertencia para la Argentina, aunque en realidad han reconocido luego que no tienen instrumentos legales para aplicar sanciones.
Las declaraciones del ministro español de Industria sonaron como si estuviéramos en tiempos de la colonia. El secretario de Estado de la UE advierte que el país puede convertirse en un “apestado”. Sin duda, el gobierno español y el de la Unión Europea hace rato están embarcados en la defensa de los intereses de los capitales, tanto financieros como productivos, mientras que el pueblo de España, como del resto de la Unión Europea, buscan una solución a la aguda crisis que están pagando con gran sufrimiento, causada en gran medida por privilegiar los intereses del capital.
La fuerte andanada mediática por parte del gobierno de España y de la Unión Europea fue inteligentemente planteada en el dibujo gráfico de Daniel Paz y Rudy en Página 12 del 14 de abril: “Los medios españoles dicen que queremos robarles nuestro petróleo”. Esta conjunción de los gobiernos europeos, para defender los sacrosantos beneficios de las inversiones privadas, puede asociarse con la postura de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas al no apoyar la declaración sobre las Malvinas, defendiendo no sólo sus intereses estratégicos, sino también los del gran capital que ve en las Malvinas un gran negocio vinculado con los hidrocarburos y la explotación de los recursos naturales.
La VI Cumbre de las Américas, realizada recientemente en Cartagena de Indias, Colombia, tuvo un balance “muy positivo” para la Argentina, según la Cancillería de nuestro país. En la Cumbre, se evidenció la unidad que está demostrando América Latina, dado que ha surgido un unánime apoyo de los países latinoamericanos a la asistencia de Cuba a la reunión, y se ha definido que ésta es la última Cumbre sin representación de Cuba, un tema incluido en el discurso del anfitrión, el presidente Juan Manuel Santos, como así también en el de la presidenta Cristina Kirchner y de otros jefes de Estado. Es de destacar que en la Reunión Parlamentaria de Las Américas, previa a la Cumbre, se expresó un fuerte respaldo a la Argentina, ya que la mayoría de los países intervinientes, a excepción de Estados Unidos y Canadá, solicitaron “que la VI Cumbre de las Américas se pronuncie por la apertura del diálogo entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, en función de encontrar una salida diplomática al justo reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes con base en el principio de la integridad territorial”. La misma declaración fue emitida por el Foro de los Trabajadores, otra de las actividades de la Cumbre.
Todas estas expresiones de apoyo no llegaron a manifestarse como resultado formal de la Cumbre dado que a raíz de la falta de consensos y, en especial, por el veto ejercido por Estados Unidos sobre el tema Cuba, el resto de los Estados decidieron no emitir Declaración Final alguna. Ante estas fuertes presiones, toman relevancia los importantes resultados de la integración latinoamericana que denotan una fortaleza para el ejercicio de la soberanía de los países que la componen, tanto en el caso de las disputas territoriales, como en las decisiones sobre sus recursos naturales, que, en el caso de Argentina, podrían generar conflictos con los inversores extranjeros y los gobiernos que se sienten afectados.
La recuperación de la soberanía hidrocarburífera es un claro y valiente avance hacia la profundización y mejoramiento del modelo iniciado en 2003, que derivará en mejores condiciones para el funcionamiento de la economía. Las presiones serán fuertes, aunque la única vía legal que le queda a Repsol es acudir al CIADI, en función del tratado bilateral de inversiones entre la Argentina y España, lo que pone de relieve la vigencia de los más de cincuenta tratados bilaterales de inversión que limitan significativamente la soberanía argentina, sobre los que habría que evaluar su desactivación, como otro avance más en la profundización del modelo.
