Tratando de resumir lo que han dejado estos últimos diez años de gestión gubernamental a nivel nacional, son vastos los logros alcanzados en lo económico y lo social, muchos de los cuales fueron detallados en mi anterior nota para este medio "La puja de dos modelos".
Abarcan un espectro amplio, con avances importantes en el plano legislativo como son la reforma de la Carta Orgánica del BCRA; la ley de tierras, que limita la tenencia de tierras en manos extranjeras; y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que democratiza la actividad y regula a los actuales monopolios, entre otros. Tampoco se pueden dejar de mencionar las leyes sobre trata de personas, como norma fundamental para el accionar contra el trabajo esclavo, la prohibición del trabajo infantil para menores de 16 años, el Nuevo Estatuto del Trabajador Rural y la reciente Ley de Trabajadores de Casas Particulares.
En el plano de las políticas económicas sobresalen aquellas medidas que han tenido un impacto directo en las condiciones sociales, por ejemplo la estatización de las AFJPs, que cerró el negocio especulativo con los fondos de los jubilados y habilitó para que prácticamente se duplicara la cantidad de beneficiarios previsionales, incorporando a más de tres millones de personas y permitiendo el financiamiento de la actualización semestral de los haberes previsionales. Otra política esencial es la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada en noviembre de 2009, una de las herramientas de política social más ambiciosas a escala regional.
Desde el punto de vista macroeconómico hay una evidencia incontrastable, expresada en el continuo dinamismo de la economía. Para el período más reciente, tanto si lo medimos con los datos del Estimador Mensual de la Actividad Económica del Indec (EMAE), o a través de cálculos privados, el primer trimestre de 2013 es para ambos indicadores el punto más alto de la serie. Esto se observa más allá de la caída en 2009, que ocurrió por efectos de la crisis internacional, la misma que ha influido en el amesetamiento que se observó en 2012. Lo que dicen estas series es que nunca se ha producido tanto como en la actualidad, aun teniendo en cuenta que hay algunos sectores que se encuentran por debajo de su producción de 2010 y 2011.
Ese elevado nivel de producción estuvo acompañado por una persistente demanda interna y por una más volátil demanda externa. Por caso, si se analiza la evolución del consumo doméstico se observará que en todos estos años fue el motor principal del crecimiento, aún en la crisis de 2009, que es la primera de las crisis de las últimas décadas en que cae el PIB de nuestro país, pero el consumo evidencia un aumento, modesto, pero aumento al fin.
Los datos del PIB y su composición también muestran que de esta forma se pudo absorber el efecto de las crisis internacionales. Si comparamos los datos de 2012 con los de 2002, el PIB creció un 99%, es decir, se duplicó, mientras que el Consumo Privado aumentó algo más, un 104%, lo que deja bien en claro que ha sido el motor del crecimiento. En este período, la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) creció un 303%, y permitió llegar en 2011 al nivel más alto de IBIF/PIB de las últimas décadas.
Esta dinámica del consumo estuvo decididamente apuntalada a partir del elevado crecimiento del empleo y de los salarios reales del período, lo que permitió recomponer la deteriorada e inequitativa distribución del ingreso heredada de la etapa neoliberal. Lejos de obedecer a los designios del mercado, fueron las políticas públicas las que favorecieron el dinamismo del mercado de trabajo y el crecimiento de los ingresos reales de la población. El reestablecimiento de las paritarias libres debe ser visto como un hito fundamental de todo este proceso, y hay que decir que la formalización de acuerdos recientes en seis importantes gremios, que alcanzan a más de dos millones de trabajadores, cerca de la mitad de los que tienen convenio, constituye un hecho alentador que marca la continuidad del rumbo de los últimos años. Son acuerdos que van del 22 al 24% de incremento anual y que permiten mejorar el poder adquisitivo del salario.
En línea con lo anterior, uno de los principales legados de estos diez últimos años se vincula a la importancia y necesidad de seguir apoyando la recomposición de los ingresos reales de la población. No sólo por su impacto distributivo; también porque ha probado ser una herramienta eficaz para seguir expandiendo de manera endógena el proceso de crecimiento de la economía sin la necesidad de recurrir al endeudamiento externo, una característica que nos acompañó trágicamente en décadas anteriores. Es fundamental preservar esta dinámica virtuosa de los avances de aquellos que proponen políticas de probado fracaso, como la abrupta devaluación de la moneda y el ajuste del gasto y de la economía en general.
Recientemente se conoció el desempleo del primer trimestre de 2013, que creció al 7.9%, un dato que requiere atención, aunque ese incremento no se debe a destrucción de puestos de trabajo, sino a la imposibilidad de incorporar a los nuevos ingresantes, un problema no menor. Siguiendo con la coyuntura, se está evidenciando un fuerte aumento en el valor de los cupones PIB, debido a que son cada vez más los inversores que estiman para este año un crecimiento superior al 3.22% que es el límite que dispara el pago de los cupones. Es de esperar que el crecimiento de este año, que según nuestras estimaciones rondará el 4% anual, y la mayor confianza en el mismo, mejoren los datos de desocupación.
A futuro, resulta central seguir actuando sobre aquellos nodos de dificultades estructurales que aún persisten y que pueden afectar la sostenibilidad del crecimiento. Me refiero a la cuestión energética, con un importante paso a partir de la nacionalización de YPF. También está la necesidad de seguir apuntando al desarrollo de capacidades productivas propias que profundicen el crecimiento industrial y la sustitución de importaciones. Es fundamental solucionar estos temas a mediano plazo para evitar cuellos de botella del sector externo.
Luego aparecen otros temas, no menos importantes, y que demandan una interpretativa que excede la cuestión económica a secas, como es la problemática de la inflación, que emerge fundamentalmente como consecuencia de la puja distributiva que se da en torno a la distribución de las rentas entre los distintos sectores. Esto da pie para hablar de un tópico que mencionara recientemente en este medio, como es una profunda reforma impositiva progresiva, que por varios motivos resulta necesaria. El espíritu de esta idea no es novedoso. No hace falta ir muy lejos para ver la efectividad que en nuestro país ha tenido una política fiscal como las retenciones a las exportaciones de productos primarios, que permitieron cortar el vínculo directo que existía entre los precios internacionales y los internos, de fuerte impacto en la canasta de alimentos. De paso, el conflicto político que en 2008 se expresó en torno a la idea de implementar retenciones móviles, muestra con claridad el fuerte componente de puja que existe en torno a la inflación y a la delimitación de la política tributaria.
Todavía hay mucho por avanzar. Queda pendiente una nueva ley de inversiones extranjeras, para lo cual es necesario ir desarmando los tratados bilaterales de libre comercio que se firmaron en la década menemista, normativas que impiden que las inversiones extranjeras sean funcionales a los intereses del país; también hay que desactivar la adhesión al CIADI, la justicia del Banco Mundial que siempre falla a favor de las empresas multinacionales. Son cuestiones que exceden la faceta económica y que se dirimen en el plano de la disputa política. De allí la importancia de apoyar la continuidad de este proyecto, porque las políticas que se muestran como alternativas no hacen más que renovar aquellas de los noventa que llevaron al país a una de sus crisis más intensas.
