Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ejerció este viernes su propia defensa a través de su alegato en la última jornada del juicio por la causa Vialidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF 2).
El estilo pedagógico que empleó no pareció casual: porque resonó como una clase de derecho para algunos jueces y fiscales que, por ese mismo acto, fueron definidos como quienes desconocen, no aplican o tergiversan la Constitución Nacional, los Códigos y demás normas jurídicas.
Se trataría de jueces y fiscales que necesitarían aprender sobre leyes. Por supuesto: ese estilo resultó también el adecuado para describir cuestiones farragosas sobre la causa a un público no especializado y más amplio.
Una parte del Poder Judicial y de la principal oposición intenta instalar la idea de que Cristina debe demostrar su inocencia. Pero es al revés: los fiscales deben demostrar la culpabilidad de la persona que está siendo juzgada. Invierten la carga de la prueba. Sobre la base de supuestos que no están probados instalan la culpabilidad de alguien y, luego, quien es culpabilizado está obligado a probar su inocencia. Es lo que está sucediendo con la Vicepresidenta de la Nación.
En ese marco, lo otro que impresiona es la liviandad de los datos en los que basan la acusación: o la acusan con datos que no existen o con datos que son ridículos.
¿Por qué quien ejerce la Presidencia de la República no va a hablar con su Secretario de Obras Públicas?
Mientras los fiscales trasladaron al ámbito judicial un relato creado en los grandes medios para estigmatizarla y excluirla, en su intervención del viernes la Vicepresidenta se ocupó de mostrar el funcionamiento del sistema judicial, la violación por parte de los fiscales del artículo 1 de la Constitución Nacional y sus mentiras en el alegato final, entre otras cuestiones.
En ese marco, aseguró que "esta acusación de asociación ilícita no tiene ni pies ni cabeza y es profundamente inconstitucional, profundamente antirrepublicana y profundamente antifederal".
Los fiscales intentaron instalar que los 12 años de la gestión de Néstor y Cristina constituyeron una asociación ilícita. Lo absurdo de la argumentación exime de mayores comentarios.
Cristina Fernández de Kirchner dejó en evidencia, además, la debilidad de los discursos que se producen en el interior de los procesos de "lawfare": se trata de relatos armados para operar sobre la opinión pública pero que carecen del rigor suficiente para atravesar con éxito debates jurídicos.
Mientras los fiscales optaron por agitar el "lawfare", Cristina Fernández de Kirchner les respondió con contundencia sobre el mal funcionamiento del sistema judicial y la indefensión a la que está siendo sometida.
En este último sentido, se refirió a los nexos entre el juicio de Vialidad y el atentado que sufrió frente a su domicilio: "Cuando el fiscal terminó su alegato tan histriónicamente ese día, con pantalla partida pusieron la puerta de mi casa (en la televisión). Ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro (…) yo me siento muy en estado de indefensión, tengo cinco causas por asociación ilícita, algunos jueces y fiscales que me juzgan jugaban al fútbol en la quinta de Mauricio Macri (…) Yo vivo en Estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están todas suspendidas aparentemente desde el 10 de diciembre del año 2015".
En otro orden de cosas, se inició el trabajo parlamentario alrededor del tratamiento del Presupuesto 2023. El debate comenzará en los próximos días en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, con la presentación que brindarán el ministro de Economía, Sergio Massa, y funcionarios de distintas áreas del gobierno.
En el Mensaje del Presupuesto 2023 se plantea "propender a la estabilidad macroeconómica", conjuntamente con la recomposición del "poder adquisitivo de los ingresos" y el "fortalecimiento del mercado interno".
También se propone "profundizar la política industrial y científico-tecnológica para estimular la inversión privada, generar más y mejor empleo y fortalecer el sector externo, por la vía del aumento de las exportaciones de bienes y servicios". Se estipula un objetivo de déficit primario del 1,9% del PIB en 2023, por debajo del 2,5% estimado para 2022.
La mejora se basará en un incremento proyectado de los ingresos del 77,8%, mientras que el gasto (corriente y de capital) subirá algo menos (71,2%). Lo importante es que este sendero se conseguirá de forma virtuosa, con ambos rubros creciendo por encima de la inflación.
Hay que trabajar mucho. Entre el gobierno y la principal oposición hay diferencias conceptuales con relación, entre otras cosas, a cómo se establecen los equilibrios fiscales.
Todos queremos avanzar hacia el equilibrio fiscal. Pero no hay un único modo de hacerlo. Durante la gestión de Néstor Kirchner éste no fue el resultado de ajustar el gasto sino una consecuencia del crecimiento de la economía y del aumento de los ingresos.
Siempre lo decimos: nosotros no somos fanáticos del déficit fiscal, somos enemigos del ajuste para resolver el déficit fiscal. Por el contrario, Juntos por el Cambio apuesta por el ajuste. Hablan de reducir el "gasto de la política".
Pero el rubro de la administración gubernamental en su totalidad es menor al 6% del total de gastos.
De ello, algo más de un tercio corresponde al Poder Judicial. Por eso, cuando hablan de ajustar los gastos de la política lo que no dicen es que estos representan una parte ínfima del total del gasto.
Además, no es posible gobernar sin política. ¿Qué modelo proponen los que la cuestionan?
El Presupuesto que se está por comenzar a tratar prevé que los gastos en Ciencia y Tecnología, Educación, Salud y Planes Sociales, entre otros, estén por encima de las proyecciones inflacionarias. Las Prestaciones de Seguridad Social aumentarán un 81 por ciento.
Durante el último tiempo se ha hablado de recortes cuando lo que se produjo es una subejecución y reasignación de partidas, situación que ocurre todos los años.
El famoso tema del supuesto ajuste en el área educativa, específicamente en el programa Conectar Igualdad, fue en realidad un problema con la importación de insumos por parte de los proveedores y, consecuencia de ello, de atraso en la entrega de las computadoras.
No hubo ningún ajuste: las computadoras que deberían entregarse durante el último trimestre de este año se van a entregar en el primer trimestre del año que viene.
Las próximas semanas serán de intenso debate parlamentario para dotar al gobierno de un Presupuesto con el cual pueda seguir avanzando en su modelo de crecimiento con distribución e inclusión.
