12.05.2013 | Tiempo Argentino | Panorama Económico
Por Carlos Heller
"Que nadie espere por parte de este gobierno medidas contradictorias con el corazón mismo del modelo."
Acaba de ingresar al Senado un proyecto de ley de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, usualmente denominado como blanqueo de capitales, que apunta a incentivar la actividad de la construcción y a generar recursos para los sectores energético y de infraestructura, que requieren enormes inversiones. Debe tenerse en cuenta que todo blanqueo genera una enorme sensación de injusticia, porque se perdona a quien no cumplió con las leyes, pero también deben apreciarse los beneficios que puede acarrear, por lo que vale considerarla como una herramienta válida si termina beneficiando al conjunto de la sociedad.
Hoy muchos políticos y economistas vernáculos de profunda estirpe libremercadista se rasgan las vestiduras por el recientemente propuesto blanqueo de capitales, cuando la doctrina que pregonan ha dado sostén ideológico a los más fantásticos flujos de fondos entre continentes y paraísos fiscales, y ha creado los inestables títulos respaldados por títulos, que estaban respaldados por otros títulos con garantía en hipotecas de bajísima calidad, que hicieron estallar a los países desarrollados a partir de 2007.
Blanqueo que no es novedoso, porque no es el primer país que lo hace, ni la primera vez que se hace en Argentina. Estamos insertos en un mundo con paraísos fiscales, incluso en territorios de los países centrales, tema que la Argentina viene criticando y pidiendo que se modifique. En esos enclaves se reciben las divisas que se fugan de países como el nuestro y no se pregunta el origen. Estamos sufriendo los coletazos de la crisis de los países desarrollados, que la trasladan a los países periféricos de distintas formas, y en ese mundo hay que moverse lo mejor que se puede.
El proyecto aspira a que una parte indeterminada de esa masa estimada de 160 mil millones de dólares fugados vuelva a estar canalizada hacia el sector de la actividad productiva privada o pública. Son fondos que están ociosos, porque están fuera del circuito en las cajas de seguridad o están sirviendo a economías de otros países a través de legislaciones que no investigan su origen.
Los capitales exteriorizados, como los define el proyecto de ley, sólo podrán aplicarse a la compra de títulos específicos nominados en dólares. Uno de ellos es el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y un pagaré con el mismo nombre, que se destinarán exclusivamente a la financiación de proyectos de inversión pública en sectores estratégicos, como infraestructura e hidrocarburos. El otro título es el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), que será cancelado en dólares previa acreditación de la compraventa de terrenos, lotes, casas nuevas o usadas y de su utilización para refacción de inmuebles. Dado que es endosable, permite su adquisición en pesos en el mercado secundario, es decir, luego de que fue emitido contra los dólares ingresados. Los CEDIN tendrán un 100% de encaje, es decir, el proyecto de ley estipula la circulación de un papel que tiene un respaldo ciento por ciento de dólares.
Una condición poco mencionada es la que excluye del beneficio del blanqueo aquellos provenientes del delito de lavado de capitales y financiación del terrorismo (art. 14 del proyecto de ley), así como los quebrados, los querellados por la DGI y AFIP, los que ejerzan o hayan ejercido la función pública y sus familiares, entre otros (art. 15).
Se abren interesantes perspectivas a partir de la emisión de estos bonos, pudiéndose generar, en el caso de los CEDIN, un mercado secundario de bonos que puede descomprimir el freno que ha venido mostrando el mercado de compraventa de propiedades usadas. De allí que ha recibido el respaldo de la Cámara Argentina de la Construcción y comentarios positivos de otros actores del mercado inmobiliario.
Siempre he sostenido la conveniencia de que se vayan eliminando las operaciones en dólares en la economía argentina, abogando por una pesificación lo más amplia posible de las operaciones. Pero también he sostenido que estas conductas manifiestan un rasgo cultural, cuyo cambio no se produce rápidamente. En el caso de la compraventa de inmuebles usados, la limitación a las operaciones en divisas y los exorbitantes precios como producto de referenciarlos con el dólar ilegal, frenaron las operaciones en el sector. Abrir una ventana para permitir operaciones con títulos nominados en dólares, mientras se mantienen las políticas fundamentales de administración de divisas, no creo que sea una contradicción con el anhelo de pesificación; por el contrario, es aplicar sintonía fina para poder seguir avanzando en este proceso en forma más firme y con mayor aceptación por parte de la sociedad.
NO HABRÁ DEVALUACIÓN QUE TENGA QUE PAGAR EL PUEBLO. La decisión del blanqueo de capitales no puede separarse de la tajante definición de la presidenta Cristina Fernández de no devaluar; sin embargo, la reflexión más destacable sobre esta declaración no es la decisión en sí misma, sino las razones por las cuales este gobierno no lo hará.
A partir de una lectura de los procesos devaluatorios de los últimos 50 años, se deriva, según la mandataria, que los sectores del poder financiero “lucraron, y mucho, con el hambre, la miseria y la desindustrialización del país”.
De allí que expresó: "Que nadie espere por parte de este gobierno medidas contradictorias con el corazón mismo del modelo. Este rechaza todo lo que signifique transferencias de ingresos compulsivas de los sector mayoritarios" hacia unos pocos privilegiados.
Otro cuestión estrechamente vinculada a la devaluación es su impacto sobre la industria nacional, dado que se encarecerían los insumos importados que utiliza en gran medida esta actividad. Si bien se está avanzando en un proceso de sustitución de importaciones, este es un largo camino y requiere un largo período para su consolidación. Sobre el tema, Cristina Fernández fue clara al sostener que "necesitamos una fuerte reindustrialización para mejorar el poder adquisitivo y el funcionamiento de la economía", dando una importante orientación de las políticas macroeconómicas que se están siguiendo.
Cada vez cobra más fuerza el rechazo de la sociedad a una devaluación brusca; incluso economistas de la oposición se han desdicho de sus promesas devaluatorias del 40% "si fueran gobierno".
Las importantes definiciones sobre el futuro del tipo de cambio por parte de la presidenta se hicieron en el marco del anuncio de reintegro a los productores de trigo de acuerdo con su producción, a partir de lo producido de los derechos de exportación de ese cereal, estimándose un recupero de 30 dólares por tonelada. La idea es fomentar la exportación de trigo y a través de ella la producción del grano, manteniendo las retenciones, para desvincular el precio externo del doméstico, privilegiando el mercado interno.
Los productores de trigo son presa del mercado oligopólico de los molinos harineros y los grandes exportadores, que aplican una rebaja al precio "por la existencia de cupos de exportación". Esta razón de los menores precios pagados no tiene ningún asidero, pero es la muletilla de los que desean el libre mercado.
Son medidas que dan pie para pensar en políticas más completas, como sería la fijación de precios de referencia, con una aplicación segmentada que beneficie a los pequeños y medianos productores, creando un ente al estilo de la Junta Nacional de Granos. Un organismo que regule las distintas etapas de producción y comercialización de cereales y oleaginosas, y que a través de estímulos vaya estableciendo una composición de la producción que sea funcional a un desarrollo con equidad planificado desde el Estado.
