Por Carlos Heller
El año nuevo ha comenzado con una fuertes confrontaciones políticas que se han difundido como controversias judiciales o interpretaciones normativas de incumbencias del Banco Central.
Lo que se debate en el fondo es si el Estado tiene la suma potestad en el manejo de la moneda o si hay un supra-Estado que con autonomía condiciona y limita el manejo monetario de las políticas económicas.
La virulencia con que diversos sectores han asumido la defensa de la actual Carta Orgánica del Banco Central revela la decisión de preservar un dispositivo estratégico creado por el neoliberalismo para garantir el funcionamiento de la economía argentina en el mapa de la globalización trasnacional. La actual disputa nos recuerda dos consignas históricas del Movimiento cooperativo liderado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos: “El dinero de los argentinos en manos de los argentinos” y “Un país se hace desde adentro o no se hace”.
La globalización neoliberal tuvo dos soportes estratégicos, la globalización financiera y la desregulación total de la economía. El estado fue declarado un artefacto obsoleto y el mercado fue santificado como el dios regulador de las relaciones económicas, sociales y culturales de nuestros países. La actividad financiera y la reestructuración del sistema financiero a partir de la Ley Videla- Martinez de Hoz aún vigente, fue la locomotora del vendaval desnacionalizador y concentrador que azotó y asoló nuestra nación. El Banco Central fue erigido como la catedral del manejo financiero y su rol ha sido el de aplicar las normativas que garanticen la “eficiencia” del sistema bajo el paradigma del mercado.
Por ello el análisis de la crisis provocada por los sectores restauradores de la nueva y vieja derecha no se puede hacer al margen de lo que venimos diciendo en materia de la necesidad de una nueva Ley de Entidades Financieras y ahora la “nueva revelación”: la necesidad de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La disputa muestra que el modelo neoliberal no ha muerto y que el nuevo modelo que propiciamos no termina de nacer.
En la Propuesta Cooperativa decíamos que es necesario redefinir los nuevos actores centrales de este nuevo modelo. Decíamos que si el modelo de los noventa estuvo sustentado por los grandes grupos concentrados de la economía, un cambio profundo de marco de referencia para la articulación de lo nuevo está en la centralidad de nuevos actores sociales y económicos. Denominamos a estos actores como los protagonistas de la Economía Social, constituyéndose en un bucle virtuoso entre el Estado y sus empresas de servicios públicos, las entidades cooperativas de las distintas ramas, los trabajadores, las Pymes y las organizaciones empresariales vinculadas y comprometidas con el desarrollo del mercado interno.
Esta aspiración será de difícil cumplimiento si el Estado, profundizando el rol de intervención activa en la economía no recupera la total potestad sobre su moneda y la aplicación de las políticas monetarias a la expansión productiva, a la creación de empleo y a la modernización de las infraestructuras necesarias para su sustento.
Todo el aquelarre conservador actúa de forma consecuente cuando aparecen acciones destinadas a profundizar la intervención del Estado en la economía, ahora es bajo la defensa de la autonomía del Banco Central pero no hace mucho tiempo han destilado el mismo veneno cuando el Estado se dispuso ejercer el poder de voto en las empresas en las que pasó a ser socio cuando se estatizaron los fondos jubilatorios. Recordemos que las AFJP invertían en empresas privadas y entonces había bancos, compañías de todo tipo, en las que poseían el 15%, 20% del capital. Cuando la administración de esos fondos pasaron a manos del Estado, éste quedó en el rol accionista de un montón de esas empresas privadas y comenzó a ejercer su derecho. Las voces que se levantaron desde el diapasón conservador fueron de horror, de alertas de “peligro ante la amenaza intervencionista”.
En realidad las mismas voces que hoy defienden la autonomía del Banco Central son las que añoran el Estado bobo cuya función es auxiliar a las empresas cuando les va mal y que sólo sanciona leyes que defiendan al libre mercado. Por ello cuando hablamos del peligro de la restauración conservadora no estamos agitando fantasmas. Los personajes y las organizaciones empresariales de los grandes factores de poder tienen carne, hueso y nombres y apellido.
Por ello pretendo recentrar el debate acerca de las incumbencias del Banco Central en torno a responder al interrogante de que tipo de sistema financiero hace falta para avanzar hacia un perfil autónomo y emancipador de la economía, con potencialidad de integrarse regionalmente como interfase a la vinculación con los vectores mundiales de poder, y con una concepción de intervención del Estado como masa crítica necesaria que pueda poner coto al poder de las corporaciones trasnacionales.
La cuestión del Banco Central, autonomía y política económica.
Se habla reiteradamente de institucionalidad, aunque esto merece un debate sobre cuál es la institucionalidad que se desea. No cabe duda que defender la aplicación de las leyes de la Nación es esencial, pero ello no quita discutir la conveniencia de esas leyes, y especialmente, la matriz ideológica que las acuñó.
El caso de la Carta Orgánica del Banco Central es un buen ejemplo de una institucionalidad derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington, hoy fuertemente discutido, que instauró la independencia del Banco Central de la República Argentina, contrariando gran parte de su historia y ejemplos de varios países que mantienen fuertes lazos comunicantes entre la autoridad monetaria y el Ejecutivo.
La actual Carta Orgánica se gestó en los noventa, y consistió en un decálogo del pensamiento ortodoxo, dado que no sólo limitó sus objetivos, sino que lo desvinculó del resto de los organismos decisorios de política económica.
Dice la Carta Orgánica: "En la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional"
Se restringió su misión primaria y fundamental a preservar el valor de la moneda, como si esta función fuera independiente de los niveles de ocupación, del crecimiento del PIB, de la distribución de la riqueza o del poder oligopólico de los formadores de precios. Tan fuerte fue la impronta ideológica, que en los considerandos del proyecto del PEN bajo la orientación de Domingo Cavallo, se establecía que "la necesidad de estabilizar el signo monetario excede el marco de la equidad en la distribución de los recursos".
Así se intentó otorgar a la restricción monetaria un valor superior a la distribución del ingreso y al sufrimiento de los ciudadanos bajo la pobreza. La gran idea que subyace a esta independencia o desconexión del BCRA con el resto de los entes gubernamentales, es vedar a los gobiernos elegidos por el voto popular el ejercicio de la política monetaria.
La fuerte vinculación entre las variables financieras, productivas y sociales desaconseja la absoluta independencia del Banco Central. Imaginemos qué puede suceder si el Banco Central decide establecer una política monetaria ortodoxa de metas de inflación: ante cualquier atisbo de aumentos de precios, rápidamente enfriará la economía vía el aumento de las tasas de interés y menos emisión monetaria, generando una colisión con la necesidad de crecer y generar empleo. Mas aún, teniendo en cuenta que la inflación en Argentina está fuertemente vinculada con el poder de fijación de precios de los grandes conglomerados productivos, una restricción monetaria reduciría la producción y el empleo pero no impactaría sobre los precios. Y la sociedad sufriría el impacto negativo, sin posibilidad de participar. No es sólo una especulación, ya que no es difícil encontrar hoy a economistas y legisladores que propongan aplicar metas de inflación. De hecho, la gestión de Alfonso Pratt Gay (ex presidente del BCRA set. 02/Dic 04) se encaminaba a este sistema.
Otro de los temas primordiales es el nivel del tipo de cambio, esencial para la competitividad exportadora y el desarrollo de la industria. Es atribución del Congreso fijar el valor de la moneda extranjera, pero si se adopta una política de flotación, aparece la cuestión sobre quién debe definir si se sigue a los mercados flotando libremente, lo cual podría llevar a una fuerte revaluación del peso, o se flota en forma administrada para mantener una paridad competitiva. Pareciera que la forma más eficiente es con una fuerte vinculación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, pero actualmente esta decisión queda al arbitrio exclusivo de la dirección del BCRA.
Ante estos conceptos, resulta interesante recordar que la anterior Carta Orgánica, que rigió cerca de veinte años, la Ley 20.539 de 1973, establecía su objeto en "Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda".
De un Banco Central preocupado por el desarrollo económico, se pasó a un Banco Central autista ¿es ésa la institucionalidad que deseamos mantener hacia el futuro?
La vieja Carta Orgánica disponía entre los objetivos "Ejecutar la política cambiaria trazada por el Ministerio de Economía con asesoramiento del Banco Central ..." a la vez que establecía que "La actuación del banco se ajustará a las directivas que el Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Economía, dicte en materia de política económica, monetaria, cambiaria y financiera...”
Hurgando en legislación comparada, aparece el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), cuya misión es conducir la política monetaria de la Nación influenciando las condiciones monetarias y crediticias para perseguir el pleno empleo, la estabilidad de precios y tasas moderadas de interés de largo plazo; para la FED la política monetaria no es ajena al nivel de empleo. Cabe observar que cuando la actual crisis financiera arreciaba, la FED no dudó en saltar normas institucionales para prestarle a aseguradoras, bancos de inversión y hasta a particulares.
Otro ejemplo es Brasil, que posee un Consejo Monetario Nacional que delinea la política monetaria, cuyas funciones se realizan "siguiendo directrices establecidas por el Presidente de la República". Dicho comité está presidido por el Ministro de Hacienda e integrado por los presidentes del Banco Central y del BNDES, y siete miembros más. Vemos entonces una fuerte vinculación entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo, lo que no le impidió a Brasil haber obtenido el "grado de inversión" de los mercados internacionales.
Hoy se habla repetidamente de la "independencia" del Banco Central, pero ¿es éste un valor esencial de la democracia? En realidad, pareciera que está reñido con la democracia, puesto que le quita al gobierno de turno la posibilidad del manejo de la política monetaria, una herramienta indispensable para definir el destino económico del país.
La política monetaria es una herramienta importante, pero tiene que estar en función de objetivos trascendentales y amplios; no se debe encargar sólo de defender el valor adquisitivo de la moneda, sino que este objetivo debe estar en consonancia con la posibilidad de generar un desarrollo sustentable, con una mejor distribución de los ingresos y la mejora de las condiciones sociales.
Hacia un nuevo Sistema Financiero
Cuando uno dice que hay que dejar atrás el modelo neoliberal, repito, no debe solamente repudiar lo hecho en aquel momento, sino que además debe buscar desarmar la estructura jurídica, todo el andamiaje ideológico, cultural, que se instaló en esa época.
Por ello cobra relevancia una nueva Ley de Entidades Financieras. Estoy trabajando en ese Proyecto. El objetivo es tenerlo terminado para cuando se comience el período ordinario de sesiones, para los primeros días de marzo.
¿Cuáles serían los puntos más salientes de ese proyecto? Hay dos ejes. El primero tiene que ver con la actividad financiera en sí, que debe ser considerada un servicio público. Cuando decimos eso no decimos que la actividad debe ser prestada sólo por entes públicos, sino que se tiene que prestar un servicio esencial. Algo que es tan importante para la gente, para las empresas, para los países, no puede quedar librado a decisiones de mercado. Debe ser algo que tenga profundas regulaciones a partir de considerarlo esencial para el desarrollo y las mejoras para la calidad de vida y la distribución del ingreso. El segundo eje se detiene en que la ley debería partir de las necesidades de los usuarios, definir las necesidades en materia de servicios financieros, y a partir de allí reglamentar cuáles son los roles, los servicios, que la actividad debe brindar.
La inclusión máxima debe ser un objetivo prioritario. En la Argentina el servicio bancario no llega a la mitad de su población. Hay que crear condiciones para una mayor cobertura geográfica, hay muchísimas ciudades que carecen de servicios financieros.
Tenemos que crear mecanismos que prioricen u obliguen a destinar parte de los recursos al financiamiento de actividades productivas, de la economía social, de los sectores de la pequeña y mediana empresa.
La ley actual es una ley absolutamente de mercado, termina diciendo que los bancos podrán realizar todas las acciones que deseen salvo aquellas que estén estrictamente prohibidas. Queremos ir a una ley donde diga: los bancos pueden realizar esto. La que tenemos es una ley heredada de la Dictadura, del año ’77, de Videla.
Martínez de Hoz en su discurso de presentación dijo que era la ley más importante de su gestión y que estaba destinada a marcar el rumbo económico del país por lo que restaba del siglo. Si queremos salir de ese esquema, y repudiamos esa ideología, tenemos que cambiar los instrumentos en los que esa ideología se sustentó y no caer en la trampa de decir: “Ah, pero está la ley, tenemos que dar seguridad jurídica”. ¿Qué seguridad jurídica? ¿La seguridad jurídica que mantiene los privilegios? ¿La seguridad jurídica que impide mejorar la distribución del ingreso? ¿La seguridad jurídica que mantiene la falta de inclusión social?. Nosotros queremos otra seguridad jurídica. La seguridad jurídica que dice el artículo 14 bis de la Constitución, que todo el mundo tiene derecho a un trabajo decente, a una vivienda digna. Ésa es la seguridad jurídica que nosotros queremos.
Fondo Bicentenario, deuda externa y políticas públicas
De forma coherente con este pensamiento hemos tomado posición señalando
que estamos de acuerdo con los dos decretos de necesidad y urgencia, tanto para el que crea el Fondo del Bicentenario como para el que plantea el cambio del presidente del Banco Central. Entendemos que constituye una potestad del Poder Ejecutivo apelar a los Decretos de Necesidad y Urgencia cuando lo considere pertinente y la Constitución establece los mecanismos para su posterior tratamiento parlamentario. En ese sentido creemos que una convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, para tratar estos temas, acortaría los tiempos para su resolución.
Un cambio en la presidencia del Banco Central no constituye a nuestro juicio un conflicto de poderes. En la Argentina hay tres poderes, no cuatro. Hay un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. El Banco Central no es un poder, es una entidad que tiene un determinado grado de autonomía y como ya lo expresé anteriormente debemos avanzar en el rediseño del sistema financiero, y es una excelente oportunidad para cambiar la Carta Orgánica del Banco Central alineando su misión con las políticas públicas de desarrollo con equidad, justicia social, solidaridad, emancipación y soberanía popular.
Creemos también que la utilización de reservas para cancelar deuda libera fondos que están en el presupuesto nacional, recursos fiscales, y que sería lógico que el Parlamento decidiera tratar su destino.
Porque hoy en el presupuesto están incluidos recursos para el pago de deuda y, por lo tanto, de quedar liberados, sería interesante que el conjunto de la sociedad tenga plena conciencia sobre qué se va a hacer con esa plata.
Algunos plantean que hay que atender con las reservas el tema de la deuda interna, nosotros decimos que se pueden usar las reservas para atender el pago de deuda externa y que con los fondos que quedan liberados, aprobados en el presupuesto, se puede perfectamente destinar esos montos a programas sociales, a desarrollar nuevas propuestas de inversión, a infraestructura. Sería una salida correcta y ordenada para el interés nacional.
La disputa es el resultado de la confrontación de intereses en pugna. Y hoy además existe una novedad histórica que contextualiza la actual pulseada. La Argentina llegó siempre a las crisis y al colapso político sobre la base de la necesidad de dirimir quienes en cada momento deberían pagar el ajuste económico en situaciones de un Estado deficitario.
Hoy la disputa es si lo superavitario y las perspectivas de crecimiento económico futuro basada en las favorables condiciones internacionales son palancas de políticas públicas redistribucionistas o son pura toma de ganancia de los grupos concentrados.En este marco de pensamiento mi invitación es desjudicializar el debate, polítizar lo económico y abrir cauces de confluencia para todos los que queremos lo mismo, profundizar las transformaciones, defender todo lo que se ha hecho bien y avanzar decididamente por todo lo que hace falta, para lograr una Argentina emancipada, democráticamente justa y solidaria, sin pobreza y con desarrollo social para todo nuestro pueblo.
* Diputado Nacional, Nuevo Encuentro Popular y Solidario
