Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El 25 de octubre de 2010 presentamos en el Parlamento el proyecto de ley que proponía el 16 de agosto de cada año como el “Día del Empresario Nacional”. La fecha elegida, por supuesto, no fue al azar: un 16 de agosto de 1953 se fundó la Confederación General Económica (CGE). En los fundamentos del proyecto decíamos que “el empresario nacional apuesta siempre al país, reinvirtiendo, arriesgando su capital, dando trabajo y aportando con sus impuestos, para que nuestra sociedad avance en un sendero de desarrollo”. Agregábamos que “en Argentina, el desarrollo de los empresarios nacionales se ha basado en la existencia de un fuerte mercado interno, asentado en la existencia de trabajo bien remunerado, asignaciones sociales adecuadas y políticas públicas de fuerte intervención estatal”. Luego de pasar por las distintas instancias parlamentarias, la ley fue sancionada el 17 de diciembre de 2014.
El cofundador y primer presidente de la Confederación General Económica, José Ber Gelbard, definió su concepción de la relación entre obreros y empresarios afirmando: “Nosotros no hemos de lograr salarios altos si no logramos una alta productividad. La productividad no debe significar en ningún modo volver al cañaveral o a la fazenda donde trabajaban con el látigo, ni tampoco debe significar una tortura moral o física para el obrero. Debe significar una producción concordante con lo que se le paga y adecuada a su propio esfuerzo”.
¿Por qué la reivindicación de los empresarios nacionales? Básicamente, porque el desarrollo de sus empresas puede no estar en contradicción ni en conflicto con el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Ambos, empresas nacionales y trabajadores, tienden a confluir en intereses comunes: el desarrollo de un fuerte mercado interno, trabajo bien remunerado, asignaciones sociales adecuadas, negociaciones paritarias, mejoras en jubilaciones y pensiones e instrumentos como la Asignación Universal por Hijo. Estas políticas, que amplían la demanda y, por lo tanto, generan condiciones para el aumento de la producción y el desarrollo de las empresas, requieren de una fuerte intervención estatal y de la creación de sólidos marcos regulatorios. Por lo cual, esa confluencia de tres actores —empresarios nacionales, trabajadores organizados y Estado— forma las bases de un modelo de crecimiento con la gente adentro.
Cuando Ber Gelbard estuvo al frente del Ministerio de Economía entre mayo de 1973 y octubre de 1974, implementó el denominado Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. El programa expresaba, justamente, una política de concertación entre los trabajadores organizados, el Estado y los empresarios, que perseguía la mejora de la calidad de vida de los sectores populares y el traslado del mayor dinamismo de la economía desde los monopolios extranjeros hacia el conjunto del sector productivo nacional, el Estado y los empresarios locales.
El programa, entre muchas otras medidas, establecía un incremento de salarios a partir del primero de junio de 1973, un aumento de las asignaciones familiares y de las jubilaciones y un alza diferencial de las tarifas de bienes y servicios suministrados por el sector público, que recaía sobre los sectores con mayor capacidad económica. A partir de allí, y previa reducción de los precios de una serie de productos de la canasta familiar, se estableció el congelamiento general de precios y salarios hasta el 1 de junio de 1975 como una medida claramente redistributiva.
En este escenario, el Pacto Social era la expresión de un acuerdo general de políticas públicas entre el Estado, la CGT y la CGE. En 1973, según afirma María Seoane, biógrafa de Gelbard, “la CGE se transformó en el nucleamiento empresario más importante del país con tres confederaciones, cincuenta federaciones, dos mil cámaras asociadas y 1.300.000 afiliados. Y Gelbard fue el ministro de Economía que llevó la participación de los trabajadores en la riqueza nacional al 52 por ciento del PBI, la cifra más alta en la historia del capitalismo en América Latina y en buena parte del mundo occidental”.
Ese modelo de desarrollo nacional se diseñó a partir de un Estado que debía conducir la creación de industrias estratégicas, la firma de acuerdos de promoción industrial para el desarrollo de las provincias argentinas, políticas en común con distintos países de la región y el impulso de una reforma financiera para garantizar los niveles de inversión productiva.
En mayo de 2019, cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su publicación “Sinceramente” en la Feria del Libro, afirmó: “Me acuerdo del Pacto Social de Perón y José Ber Gelbard, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta dirigentes empresarios de esa magnitud, que piensen a la empresa como instrumento de desarrollo del país y no sólo de desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y querés ganar plata, pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y gane más plata tienen que ganar todos y tienen que comer todas, si no es muy difícil”.
La reivindicación de la figura de Ber Gelbard es una fuerte definición política: supone la defensa de ese modelo de país sostenido en ese acuerdo entre el empresariado nacional, las y los trabajadores y el Estado para, mediante altos salarios y alta productividad, dinamizar el mercado interno y el consumo y, al final de la rueda, generar las ganancias de esa misma clase empresaria.
En agosto de 2016, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señalaba: “en la actualidad el conjunto de las Pymes y el entramado productivo nacional están en riesgo. No nos encontramos ante un problema de ensayo y error, sino ante un proyecto de desmantelamiento de los avances logrados por el conjunto de los argentinos durante los últimos años en materia de soberanía económica, reconstrucción productiva y redistribución equitativa tras la crisis de 2001 y 2002”.
Pese a los intentos de destrucción del entramado productivo y del desarrollo científico técnico por parte del gobierno anterior, los empresarios nacionales persisten en sus emprendimientos vinculados al interés nacional.
Un ejemplo actual es la empresa biotecnológica mAbxience, integrante del Grupo INSUD del empresario Hugo Sigman, que anunció la fabricación en Argentina de la sustancia activa de la potencial vacuna contra el COVID 19. Los empresarios nacionales, junto a las y los trabajadores y el Estado, son indispensables para volver a poner a la Argentina de pie.
