Minuto Uno | Opinión
Por Juan Carlos Junio
Los primeros meses de un nuevo gobierno siempre son fundamentales, pero más aún si se plantea revertir el desasosiego que nos deja el neoliberalismo luego de cuatro años. Cambiar la matriz productiva y distributiva requerirá tiempo, pero la urgencia en materia socioeconómica y financiera amerita medidas de rápida implementación, al tiempo que se van soltando amarras para las otras que llevarán un plazo mayor.
En ese sentido no podemos más que coincidir con el documento elaborado por los equipos técnicos del PJ y de Alberto Fernández sobre los primeros 100 días de gobierno, para el cual trabajaron 700 especialistas. El proyecto político busca dinamizar el mercado interno, ampliar urgentemente la cobertura de los sectores mayoritarios de trabajadores y clases medias vulnerados y recuperar las condiciones para el desarrollo nacional independiente. Claro que para ello, como prerrequisito fundamental, el nuevo gobierno tendrá que recuperar las funciones básicas del Estado, desarticuladas deliberadamente por Macri de consuno con su proyecto económico-social.
¿Por dónde empezar? Ante la dramática situación social que vive la Argentina no podemos sostener el despropósito de no tener ministerio de Salud y de Trabajo, que fueron degradados a Secretarías, como gesto de simpatía con el FMI.
Los ingresos de la ciudadanía deben ser recuperados cuanto antes. Un primer instrumento que plantea el documento es la reposición de paritarias libres con aumentos por encima de la inflación para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, e incrementar los haberes de jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo. En este punto hace una mención especial a la convocatoria de la paritaria nacional docente. Claro que otra fuente de sangría del ingreso de las familias han sido los tarifazos, drama que también padecen las organizaciones civiles como los clubes y centros culturales, las pymes y el sistema productivo. Allí habrá que pesificar las tarifas de servicios públicos, transportes, energía y combustibles, y congelarlas hasta una revisión integral donde se evalúan costos y planes de inversión de las empresas prestadoras. Se plantea también la reducción de las tarifas a las pymes que conserven los puestos de trabajo y generen nuevos. Para los sectores más vulnerados debe impulsarse la Emergencia Alimentaria y también la emergencia sanitaria. En esta temática, adherimos al plan contra el hambre que sostiene “en los hogares argentinos no puede faltar carne, pan, leche, verduras, frutas”. De allí que los precios de los alimentos no deben estar atados al dólar. Se fomentará la producción agropecuaria, su industrialización y la exportación, pero siempre privilegiando el abastecimiento y el precio justo para nuestros propios ciudadanos.
Para apuntalar el consumo se relanzarían plenamente programas exitosos como Precios Cuidados y Ahora 12. Entre las mejoras se incluirían alimentos saludables, pequeños comercios y mercados regionales, precisando una canasta de 500 productos básicos. Respecto a los créditos, se reactivarían las líneas de inversión productivas del BCRA, con un cupo mínimo de ese total del 70% para pymes. A este sector productivo el sistema financiero deberá prestar a una tasa subsidiada de 10 puntos por debajo de la inflación.
En la exportación se amalgaman elementos productivos, distributivos, fiscales y cambiarios, y las retenciones no serían generalizadas a todo tipo de exportación, sino que distinguiría el valor agregado y el tamaño del establecimiento productivo. Por su parte, los tiempos de liquidación serán acordes a las necesidades del país.
Para recuperar el empleo y la producción, el Estado abandonará la política de tasas elevadas fomentadas particularmente en 2018 y 2019. En cuanto a las ganancias extraordinarias –rentísticas-, alimentadas por las Lebacs y las Leliqs, el documento plantea un impuesto extraordinario. Lo mismo se aplicará a los capitales blanqueados en 2016, como forma de reconstruir la justicia contributiva y dotar al Estado de los recursos para atender la emergencia social.
No desconocemos el desafío que implicará renegociar la deuda heredada, pero el tan mentado equilibrio fiscal no puede ser alcanzado sin expansión del nivel de actividad. Para mejorar la recaudación, hay que tornar al sistema impositivo hacia una mayor progresividad, aliviando a los sectores populares y elevando los impuestos sobre las ganancias y patrimonios. Se restablecerá la devolución del IVA para compras con tarjeta de débito, devolviendo 10 puntos en los productos de la canasta básica y 5 puntos para el resto. También podrá deducirse de Ganancia para asalariados y jubilados que perciban hasta 70.000 pesos por mes en mano hasta el 50% del pago del impuesto en compra de bienes de industria nacional.
La voluntad de las urnas va encontrando respuesta programática acorde al compromiso político asumido ante la ciudadanía.
