Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La supuesta maquinaria infalible del oficialismo para ganar elecciones ha quedado reducida, luego de las PASO, a una serie de piezas dispersas. No hay una campaña sino varias. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad tratando de salvarse de la debacle en solitario. Por otro, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires parece sólo intentar retener algunas intendencias y sumar mayor cantidad de diputados. La gobernadora, más que un relato para remontar la derrota, parece ensayar un discurso de despedida. Finalmente, el presidente Mauricio Macri y su gobierno no sólo no logran reconstruir una oferta de futuro, además, comienzan a perder el discurso con el cual, hasta ahora, explicaban el pasado. Parafraseando el título de la novela de Raymond Chandler, el gobierno parece estar atravesando un “largo adiós”.
Hace unos días trascendió una charla del exministro Nicolás Dujovne con empresarios, a medidos de 2016, donde reconocía que “la administración anterior nos dejó una bendición: un nivel de deuda bajísimo, de los más bajos del mundo”. En esa charla titulada “Seis meses de Macri, perspectivas para la Argentina”, el todavía analista Dujovne agregaba: “El Gobierno argentino hoy tiene una deuda neta del 20 por ciento del PBI; si le sacamos los organismos internacionales, 16, y de esos 16, 8 nominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja”, les explicaba a los empresarios Dujovne, y continuaba: “Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio, son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional”.
En un informe titulado “La Macro de Macri: el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento”, el expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, en línea con el exministro, hacía un reconocimiento similar: “Si bien la herencia macroeconómica recibida por el Gobierno no era ideal, es difícil culparla por los resultados”.
Es decir: el relato gubernamental de la “pesada herencia”, con el que intentaron transferir las culpas de los resultados de sus propias políticas al gobierno anterior, se ha comenzado a resquebrajar a partir de los testimonios de sus propios exfuncionarios. El Gobierno carece de discurso para el futuro mientras pierde su discurso sobre el pasado.
Ello sucede mientras continúa el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos y las argentinas. Por ejemplo, consecuencia de la devaluación última y de los aumentos inflacionarios que se derivaron de ella, se produjo una nueva caída del salario real. Éste ya acumula 21 meses corridos de deterioro, y para fin de año va a ser alrededor de un 23 por ciento menos del que era en 2015. Es decir: un trabajador argentino, en promedio, en diciembre de este año va a ganar en términos reales casi una cuarta parte menos de lo que ganaba a fines de 2015. A ello hay que agregar un dato que va a empeorar esta situación: la inflación de agosto fue del 4 por ciento.
En la misma línea, a partir de las estimaciones que se están proyectando, el PBI tendría una caída este año del 2,5 por ciento, según el REM, el relevamiento de expectativas de mercado que consolida el Banco Central en base a la opinión de unos sesenta bancos, consultoras y analistas. Si esta proyección resultara correcta, el producto por persona, es decir, el producto bruto dividido por la cantidad de personas que viven en el país, habrá acumulado desde que asumió el Gobierno de Macri una caída del 8,4 por ciento. Dicho de otro modo: lo que el país produce por habitante sería un 8,4 más chico que lo que era cuando se inició la actual gestión.
Las cifras de la crisis son permanentes e impactantes. Un caso muy emblemático: en el último año cerraron más de 1.300 panaderías. Este dato se inscribe en un escenario muy crítico en el que, según un informe del CEPA, en el período comprendido entre diciembre de 2015 y junio de 2019 cerraron 23.051 pymes industriales y se perdieron 146.855 puestos de trabajos en el sector.
Tras el ocaso del actual Gobierno, queda un país más chico, con menos producción, más endeudado, con más desempleo, con más pobreza, con retrocesos en áreas donde se había avanzado, tales como ciencia y tecnología, salud y educación.
De allí, la insistencia de Alberto Fernández en la necesidad de generar desde el lado de la demanda, y como medida inicial, un fuerte estímulo a la reactivación de la economía. Para ello, propone un acuerdo general de precios y salarios para que, entre otras cosas, el aumento inicial de las remuneraciones que planea no se evapore con la inflación y volvamos rápidamente al punto de partida. Es lo mismo sobre lo que insistió Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de su libro en Misiones: la necesidad de un nuevo contrato social. Por supuesto: ese acuerdo deberá estar acompañado de medidas que lo garanticen. Deberá estar reforzado con leyes que le den consistencia. Un pacto sin garantías de cumplimiento es un pacto que nace impotente. Este gobierno, por ejemplo, hizo un montón de convenios que no pasaron de ser una declaración.
Las conversaciones iniciadas en Tucumán con una parte de las representaciones institucionales de empresarios y trabajadores son el punto de partida para, si como todo indica en octubre el Frente de Todos gana las elecciones, avanzar con ese acuerdo económico y social. “Tucumán es el escenario donde dimos el primer paso, donde estamos los que producen, los que trabajan y los que conducen el Estado”, afirmó el miércoles Alberto Fernández.
Este acuerdo deberá comprender también una serie de medidas que complementen el aumento nominal del salario. Por ejemplo, la reducción de los costos de los servicios públicos actúa, en la práctica, como una mejora de los ingresos: lo que no se gasta en gas, en luz o en otras prestaciones, se destina a otro tipo de consumo. Éstas y otras medidas contribuyen a la reactivación de la economía.
El acuerdo social que propone el Frente de Todos es el punto de partida para que los argentinos y argentinas vuelvan a tener futuro. En Tucumán se produjo un primer paso. Deberán venir otros. Las pymes, los trabajadores organizados en todas las centrales sindicales, los movimientos sociales, los científicos, los movimientos de mujeres, entre tantos otros actores, tienen también mucho para aportar a este nuevo contrato social.
