Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional en diciembre la ley que regía desde hacía 16 años, entre otras cuestiones, la conformación del Consejo de la Magistratura.
Junto a esa declaración de inconstitucionalidad, el máximo tribunal emplazó al Poder Legislativo a promulgar una nueva ley en 120 días.
Como el Congreso no llegó a sancionar esa nueva norma en los tiempos fijados por la Corte Suprema, ésta repuso la vigencia de la ley anterior, aprobada en 1997 y derogada en 2006.
En ese escenario, el jefe del bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos, Germán Martínez, afirmó que es "un disparate pedirle a la Cámara de Diputados que aborde un tema de esta trascendencia en tan pocos días, cuando la Corte Suprema de Justicia tardó 1.577 días para emitir un fallo".
Agregó, refiriéndose a la oposición, que "pareciera que están cómodos dejándose marcar la cancha por un fallo judicial que limita el accionar de otro poder del Estado, en este caso el Congreso".
Por supuesto, estamos ante un eventual conflicto de poderes. ¿Hacia dónde nos lleva este tipo de decisiones de la Corte? Hacia el avance de un poder sobre los otros y a restarle capacidad de gestión tanto al Ejecutivo como al Legislativo.
Es alarmante la negativa del máximo tribunal a conceder un plazo de 90 días al Parlamento para terminar el tratamiento legislativo del proyecto sobre la conformación del Consejo de la Magistratura, que ya tiene media sanción del Senado y que debería ser tratado por Diputados.
Ello ocurrió aun cuando desde el Bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos se insistió en numerosas oportunidades en pedir más tiempo para poder avanzar con la nueva ley.
La Corte Suprema legisla y, de ese modo, altera lo que es su rol, puesto que su tarea es determinar la legitimidad y la constitucionalidad de las decisiones que toman los otros poderes pero nunca tomar las decisiones por ellos.
Además, cuando excediéndose en sus funciones, la Corte Suprema pone a su propio presidente a presidir el Consejo de la Magistratura, la irregularidad es inocultable. De ese modo, queda absolutamente claro que la Corte Suprema, presidiendo el Consejo de la Magistratura, es juez y parte, es decir, pasa a detentar la suma del poder y a juzgarse a sí misma.
Lejos de la división de poderes que pregona la oposición, lo que se produce es un avance del Poder Judicial sobre los otros poderes.
Por supuesto, es necesario colocar estos hechos puntuales en el marco de lo que está sucediendo en general con el sistema judicial.
La oposición política, económica, mediática y judicial viene sosteniendo una práctica que consiste en judicializar todo lo que se legisla que no es de su agrado.
Es notable, por ejemplo, ver como algunos periodistas les indican a los políticos lo que tienen que hacer. Les dicen: ¿usted no va a ir a la Justicia?, ¿usted no va a hacer esto o aquello?
No se trata de profesionales buscando información o dando una opinión, sino de una parte del aparato comunicacional jugando un rol de apabullamiento, confusión y presión sobre los actores políticos y la opinión pública.
En este escenario, la judicialización es una práctica constante. Por ejemplo, el Bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos anunció el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que promueve la regularización de quienes han llevado dinero al exterior sin
declarar y sin pagar los impuestos y que, por lo tanto, han incumplido con la ley.
Lo primero que dice esa oposición es que es una medida inconstitucional y adelantan que si el proyecto se aprueba recurrirán al Poder Judicial.
Lo mismo sucede con el proyecto para gravar las ganancias inesperadas: antes de saber su contenido preciso ya aseguran que irán al Poder Judicial para intentar evitar su aplicación.
En caso de que el proyecto se convierta en ley, alcanzaría a las empresas que ganan más de mil millones de pesos al año y que, como segunda condición, muestren márgenes de ganancias "anormalmente altos" en 2022 producto del cambio del contexto internacional y además cuyo "resultado ordinario en relación con las ventas, lo que conocemos -coloquialmente- como el margen de ganancias, también tiene que ser anormalmente elevado en el año
2022", tal como explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Según datos de 2021, las corporaciones que lograron más de mil millones de pesos anuales de ganancias eran el 3,2% de las registradas en el país.
Por lo que es posible suponer que las empresas alcanzadas por este gravamen, de acuerdo al conjunto de parámetros descritos anteriormente, no alcanzarían al 1 por ciento del total.
En síntesis: estamos ante una oposición política que no teme aparecer públicamente defendiendo a los evasores y a las grandes corporaciones que concentran los ingresos y la riqueza.
La discusión es, como siempre, entre dos concepciones de cómo organizar la sociedad. Por un lado, los que quieren que esa organización esté en manos
del mercado, con un Estado mínimo, ausente y subordinado. Por el otro, los que creemos que el sistema capitalista, sin regulaciones que le pongan límites, se potencia como una fábrica de producir injusticias cada vez más graves.
Para algunos hay que dinamitar el Banco Central, liquidar los ministerios, terminar con el Poder Legislativo, eliminar la moneda, entre otras barbaridades.
Todas las medidas que proponen están orientadas a limitar el accionar del Estado.
La disyuntiva es entre un Poder Judicial aliado a la economía concentrada y, por lo tanto, a un proyecto de país con la gente afuera; o un Poder Judicial reformado para hacer Justicia en favor de toda la sociedad.
