Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno argentino acaba de presentar un adelanto de la propuesta de reestructuración de la deuda con privados bajo legislación extranjera. En lo esencial, se cumple con el mandato que recibió del Congreso a finales de año, para hacer sostenible el sendero de la deuda pública, una condición indispensable para poder crecer, y a la vez cumplir con el pago. Una sostenibilidad que también es social y que ahora, además, requiere contar con recursos adicionales para hacer frente a la pandemia.
Hay que decir que las urgencias no son solo del país. Los propios acreedores enfrentan hoy en día una fuerte incertidumbre sobre lo que en el futuro ocurrirá con la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional acaba de dar sus proyecciones en el tradicional informe de Perspectivas de la Economía Global y allí se habla de una caída del PIB global para este año que superará con creces a la de la crisis financiera de la década pasada. Para dar un ejemplo, para Estados Unidos se proyecta una baja de su PIB del 5,9%, superior a la de 2009 (-2,5%), aunque por el momento por debajo de la de 1930 (-8,5 por ciento).
Si bien a nivel mundial se proyecta que habría una recuperación en 2021 (presunción muy optimista), en ese caso sería parcial y dejaría a la actividad muy por debajo del potencial previo a la llegada del virus. Según los cálculos del FMI, se acumularía una pérdida del PIB mundial en 2020 y 2021 que podría rondar los U$S 9 billones, una “cifra mayor a la que representan las economías de Alemania y Japón juntas”.
Todo esto en el escenario más benigno, en el cual el virus alcanza un pico para el segundo trimestre y luego comienza a replegarse. Significa que, casi con seguridad, el mundo convivirá por varios años con tasas de interés y rendimientos muy bajos. Es lo que ocurrió después de la anterior crisis financiera, de menor impacto. Muy probablemente las condiciones reales y financieras de la economía mundial cambiarán y también el accionar de los Estados. Al menos, y según el FMI, “el panorama económico se verá radicalmente alterado durante el período de la crisis y posiblemente después, con una mayor participación del gobierno y los bancos centrales en la economía”.
La deuda, que en tiempos más normales que los actuales constituye un pesado lastre para el desarrollo económico y social, muestra sin rodeos todas sus implicancias. Los organismos multilaterales y el G20 acaban de reconocerlo de manera explícita. Por ejemplo, en el reciente Informe de Estabilidad Financiera Mundial del FMI se afirma que “para aquellos países que están enfrentando un deterioro rápido de su dinámica de deuda, limitado acceso a los mercados, altos requerimientos de financiamiento externo, o alta volatilidad, puede ser necesario que de manera preventiva y cooperativa se busque una resolución a la deuda con los acreedores, incluidos los oficiales”. Argentina cumple con todos los prerrequisitos, aunque las señales de “necesidad de alivio” de los organismos aún no se traducen en soluciones concretas. La reciente suspensión de pagos hasta fin de año que anunció el G20 esta semana sólo alcanza a los países denominados pobres, no a la Argentina. Pero es una señal importante.
Dar respuestas en la pandemia
Las limitaciones fiscales de nuestro país y la herencia que se ha recibido en materia de deuda son datos fundamentales para cualquier análisis.
En este aspecto, la renegociación de la deuda es esencial. La propuesta comprende una acotada quita en el capital (5,4%) pero con una fuerte reducción en los altísimos intereses de la deuda actual. La estructura de los bonos, conocida el viernes, evidencia no sólo la fuerte reducción de los intereses planteada, sino también la extensión de los plazos. Se emitirán bonos con vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047. Pero la primera amortización del bono más corto recién se realizará en noviembre de 2026 por un 20% de su valor. Los intereses serán del 0,5% o 0,6% pagaderos desde el 2023 para el primer año, y muy reducidos los años siguientes. Son niveles de intereses y amortización muy limitados en los primeros años, para ir después, a medida que crezca la economía, incrementándose. Pero, igualmente, la mayor tasa a pagar en el bono a 2043 es del 4,875% a partir de 2029, muchísimo menor que la tasa que devengan los bonos actuales, de algo más del 7 por ciento. De hecho, la tasa promedio de intereses a pagar es del 2,33 por ciento. En verdad, una estructura sustentable.
El gobierno nacional está tratando de contar con muchos más recursos de los que se dispone. Según los números que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán, con la propuesta realizada a los acreedores privados se liberarían unos U$S 4.500 millones en 2020. Por su parte, según las planillas de la deuda pública argentina, los vencimientos con organismos internacionales y oficiales (incluyendo el vencimiento de U$S 2100 millones de mayo con el Club de París que se pidió postergar) entre mayo y diciembre llegan a un total de U$S 5362 millones, de los que también podría disponerse. Sumando ambos conceptos, el gobierno llegaría a contar con recursos por el equivalente a 2,5% del producto. Con el 1,2% aplicado hasta el momento la cuenta se estiraría a los 3,7 puntos. ¿Es suficiente? Seguro que no, más si se piensa en la fuerte caída que tendrá la economía de nuestro país.
Por eso, en este marco de incertidumbre también se está pensando en alternativas para enfrentar la coyuntura desde una posición mucho más robusta, partiendo de la base de que se trata de un contexto excepcional, y que se requieren medidas acordes con el momento que se transita. La idea de establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país va en esa dirección, una iniciativa impulsada por el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuya confección me fue encargada en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La idea es apuntar a un núcleo muy pequeño de la sociedad, que detenta los mayores niveles de riqueza personal registrada en la Argentina. Son unas 12 mil personas aproximadamente, con un patrimonio declarado superior a los U$S 3 millones. Se aplicarían alícuotas incrementales, y se estima que se obtendrían recursos no inferiores a U$S 3.000 millones (0,75 puntos del PIB), imprescindibles en la situación actual.
Queda bien claro que estamos trabajando en lo que siempre dije: un impuesto a las grandes riquezas, que va a afectar a muy pocos segmentos. Con esto se refuta cierta idea de que se iba a grabar a la clase media. La idea original siempre fue la misma y el proyecto se encontrará dentro de los parámetros que pensamos desde un primer momento.
Vuelvo a insistir: no se puede hacer la lista de las necesidades y no hablar de cómo se generarán los recursos para atenderlas. Nuestro país ya estaba en emergencia desde antes que estallara la pandemia y eso constituye una desventaja notable. Entonces, no es coherente decir que faltan más camas en los hospitales, más respiradores, más remedios, alimentos para los sectores carenciados, apoyo a todos los sectores productivos; y no decir de dónde se sacarán los recursos. Con el impuesto a los más grandes patrimonios estamos pensando en un sector de la sociedad al que no le va a cambiar la condición social y que tampoco va a pasar ningún tipo de limitación por esto. La idea es que contribuyan a aliviar las enormes necesidades sanitarias y la supervivencia de una gran parte de nuestra sociedad.
