Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Algo inaudito sucedió en la madrugada del domingo pasado en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe: se interrumpieron los escrutinios electorales y, en alguna medida, algo de la democracia y de la república quedó alterado. Porque lo que los ciudadanos expresaron individualmente con su voto no pudo ser traducido en un resultado final, en ese número síntesis que es la voluntad general. Finalmente, luego de marchas y contramarchas, en Santa Fe se avanzó. Pero no pasó lo mismo en la provincia de Buenos Aires donde quedó demorado el anuncio –según todos los pronósticos– del triunfo de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el principal distrito del país ha quedado suspendido, hace ya varios días, el proceso por el que los votos, y el contenido de esos votos, se transforman en representación.
Pero lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires no es la única práctica de alteración del vínculo entre voto y representación.
Por algo los “mercados” están exultantes. ¿Qué festejan? A mi juicio celebran por anticipado otro experimento de alteración o ruptura entre el contenido del voto y las decisiones futuras de los representantes elegibles.
Las proyecciones que se hacen en cuanto a cantidad de diputados y senadores que tendría el oficialismo y el resto de las fuerzas que se presentan como opositoras no dan lugar ni a los festejos ni a la euforia actual de los denominados “mercados”. No dan los números: si nos guiamos por sus propios discursos, una amplia mayoría de los candidatos convocó a votar en contra de las políticas gubernamentales durante la última campaña electoral. Por lo cual, está claro que si “los mercados” festejan es porque están suponiendo que muchos de esos legisladores de las fuerzas no oficialistas terminarán luego contradiciendo su discurso preelectoral, y acompañando al gobierno en las reformas que sigue anunciando que llevará adelante.
Cambiemos no podría avanzar con la reforma laboral, ni con la reforma previsional ni con la reforma impositiva, ni con ninguna de las iniciativas que le exigen los llamados “mercados”, que le exige la OCDE o el Fondo Monetario Internacional, si no se produce esa alteración del contenido del voto. Es decir, si una parte de los diputados y senadores elegidos no contradicen el sentido del voto contrario a las políticas gubernamentales que los proclamaron y en cambio apoya las políticas que el gobierno pretende implementar.
Entonces, uno tiene que pensar que “los mercados” trabajan con la hipótesis de que se repetirá el escenario post electoral del 2015 donde legisladores elegidos a partir de un discurso y un mandato luego actuaron de manera diferente, en nombre de una supuesta responsabilidad y del compromiso con la gobernabilidad.
Por eso festejan. Porque suponen que una parte de los representantes elegidos no respetarán los mandatos de los votantes que los eligieron.
Si repasamos el discurso de los candidatos de las fuerzas que se presentaron en estas elecciones, exceptuando a Cambiemos, hay una amplia coincidencia de todos los dirigentes restantes en la crítica a la gestión de gobierno y a los ejes de las políticas que el macrismo impulsa.
Sin embargo, ¿los diputados que entrarán por 1País, por ejemplo, van a sostener lo que Sergio Massa y todos los candidatos de su lista han dicho en el último mes contra el modelo económico y social del gobierno? ¿El ex embajador en los Estados Unidos, Martín Lousteau, se trasladará del rol de opositor local, en el que se ubicó durante casi toda la campaña reciente, a opositor nacional o se desempeñara como oficialista? Muchos hablan de la calidad de la política, del saneamiento de las instituciones y de la república. Pero suelen ser los mismos que luego alteran el vínculo entre el contenido del voto y las decisiones que toman una vez electos como representantes, entre el discurso con el que piden el voto y el discurso con el que luego legislan como diputados o senadores.
Por eso, sería deseable llamar a una especie de pacto republicano.
Un pacto firmado por todas las fuerzas no oficialistas. Un pacto público a través del cual todos nos comprometamos, en caso de ser electos, a no votar leyes que signifiquen una pérdida de derechos para los trabajadores. Un pacto por el que nos comprometamos a no votar leyes que impulsen pérdida de derechos de los jubilados o cambio de las reglas de juego en el sistema previsional. Un pacto por el que nos comprometamos a no votar leyes que propongan desarmar el sector estatal de la economía, o que supongan despedir empleados públicos, entre muchos otros aspectos. Un pacto por el que nos comprometamos a no votar leyes que deroguen o limiten los derechos ciudadanos conseguidos desde el 2003 hasta el 2015. Una especie de compromiso público y republicano para mantener el vínculo, sin alteraciones, entre el discurso preelectoral y el desempeño posterior como representantes en las Cámaras de Senadores y de Diputados.
En octubre el gobierno tratará de mejorar el rendimiento electoral alcanzado en las PASO. Para ello intentará consolidar una estructura legislativa mayoritaria para avanzar en las reformas que les pide el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE. Y desde luego las organizaciones locales como AEA, el Foro Empresario, la Sociedad Rural, entre otras. A mi juicio, creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía argentina votó contra eso. Pero también creo que algunas de las opciones que eligió para expresar ese voto opositor no serán efectivas.
Lo que hay que preguntarse es cuál es la opción opositora que garantiza ponerle límites al gobierno para que este no avance con esas políticas. Pero también hay que preguntarse si existen modos de limitar la alteración del sentido del voto.
Por eso, sería deseable la idea del pacto republicano.
Un pacto de coincidencias sobre lo que en ningún caso vamos a votar: las políticas que el macrismo necesita impulsar para consolidar el modelo neoliberal en acuerdo con los organismos internacionales y los factores de poder local.
