Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
La producción continúa mostrando mermas generalizadas. Según informó el INDEC, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró una caída interanual del 4,5% en el mes de diciembre pasado. De esta forma, el año 2023 cerró con una reducción en la actividad del 1,6%. La primera variación negativa luego de dos años de crecimiento pospandemia sanitaria (10,7% en 2021 y 5,0% en 2022).
En este sentido, las novedades de los primeros meses del año no son alentadoras. La principal empresa productora de aceros para la construcción, el agro y la industria, Acindar, anunció la paralización de todas sus plantas por 30 días. Por otro lado, según se señaló desde la Cámara Argentina de la Construcción, se estima que ya se despidieron o suspendieron a 100.000 trabajadores/as de la obra pública, un 40% de la dotación total. Obviamente, tal comportamiento se debe a la paralización de la inversión estatal.
Finalmente, las estadísticas de consumo privado también dan cuenta de un declive importante. Según la encuesta a Supermercados y Mayoristas que realiza el INDEC, las ventas cayeron un 6,7% real interanual en diciembre pasado, llegando a un valor que es el menor desde noviembre 2020, en plena pandemia. Según estimaciones privadas, las ventas en supermercados cayeron entre un 18% al 20% tanto en enero como en febrero. Por su parte, la producción manufacturera de las PyMEs disminuyó un 30% en enero.
La realidad se encarga de demostrar la gravedad de la situación. No obstante, el tema productivo no estuvo presente en el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Tampoco, como expresa el comunicado de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), Javier Milei planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias. No transmitió ni un solo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores, la situación de la vivienda, ni de los jóvenes.
Puede entenderse que la supuesta “sorpresa”, fogoneada desde los funcionarios y los medios concentrados, es el “Pacto de Mayo” que propuso. Los 10 puntos a discutir en este “Pacto” siguen el derrotero del Consenso de Washington (tanto el de 1989 como el revisado en 1997), con algunas diferencias lógicas de cambio de época.
Sí coinciden el Pacto de Mayo y el Consenso, más allá de los casi 35 años que han pasado, en una política potencialmente muy dañina para nuestro país que es la “apertura al comercio internacional”, como también están presentes “la inviolabilidad de la propiedad privada”; “el equilibrio fiscal innegociable”; la reducción del gasto público y la reforma tributaria.
Un tema que debe destacarse en el Pacto es el referido a “una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporten y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación”. Experiencia que ya se ha aplicado en nuestro país con muy malos resultados, tanto macroeconómicos como, especialmente, para el valor de los haberes jubilatorios.
La idea de contrato social terminó siendo desdibujada cuando el Presidente comentó que instruyó a los funcionarios para presentar tanto la Ley Bases como un paquete de alivio fiscal para las provincias, a lo que agregó: “Sancionadas ambas leyes, como muestra de buena voluntad, podremos empezar a trabajar en un documento común basado en estos 10 principios”. Es decir, luego de que el Poder Legislativo sancione las leyes propuestas por el Ejecutivo, se discutirán los 10 puntos del Pacto de Mayo que también son propuestos desde la Presidencia de la Nación. Prácticamente, un verdadero chantaje que dificulta la esencia dialoguista que se intenta mostrar con la convocatoria al Pacto entre los gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, tal como lo propuso Milei.
En el comunicado de la bancada de diputadas y diputados nacionales de UxP, de la que formo parte, la respuesta a esta convocatoria y, más ampliamente, la posición ante el gobierno es clara: “Por mandato constitucional y convicción política, el bloque de Unión por la Patria no cesará en su esfuerzo para construir una Argentina con más oportunidades, más y mejor trabajo, salud, educación y mayor Justicia Social. Junto con los sectores organizados y las instituciones de la democracia tenemos el deber de defender los intereses soberanos de las provincias y nuestra Patria en su conjunto”.
Para interpretar el reciente discurso del Presidente, en este contexto extremadamente adverso para la mayoría de la sociedad argentina, las palabras vertidas por el Papa Francisco la semana pasada, en la inauguración de la sede argentina de una ONG de juezas y jueces, son esclarecedoras y pueden entenderse como una respuesta a las actitudes del Gobierno nacional: “No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también tiene que ser legítimo. De qué sirve tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas” a lo que agregó: “Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social”.
Una reflexión que sostengo desde hace tiempo. Las autoridades de gobierno tienen la legitimidad de haber sido elegidas por el voto popular, y ello implica una enorme responsabilidad a la hora de ejercer ese poder conferido. Pero la legitimidad se ve fuertemente amenazada cuando se intenta recortar gran cantidad de derechos que han sido mayoritariamente logrados en estos 40 años de democracia.
