Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El miércoles pasado, la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En un comunicado del Partido Solidario afirmamos que se trata de un fallo que no contiene “ni acusaciones serias, ni delitos, ni pruebas. Sólo un relato falso al servicio de la persecución política. La gravedad jurídica del fallo es inmensa. Las instituciones judiciales y el propio sistema democrático han sufrido un retroceso histórico. Cristina Fernández de Kirchner es el hecho maldito del país neoliberal. Es quien produjo transformaciones profundas en la economía y en la sociedad argentina y construyó una memoria de conquistas, nuevos derechos y emancipación. Es por ello que los grandes poderes económicos, mediáticos y judiciales intentan proscribirla, es decir, expulsarla de la política. Si lo lograran, avanzarían un paso más en la construcción de una democracia vacía, sin representación de los intereses de los sectores populares, incluidos los sectores medios. Los liderazgos populares no se suprimen. A la corta o a la larga, siempre se imponen”.
Una extensa lista de dirigentes políticos y sociales manifestó su preocupación y rechazo ante una decisión judicial insostenible. También hubo más de 250 presidentes, expresidentes y dirigentes políticos del mundo que se expresaron en apoyo de Cristina Fernández de Kirchner.
Fue un oscuro día de injusticia.
Con relación a la actividad parlamentaria, un conjunto de diputados y diputadas de distintos espacios políticos pedimos en la semana una reunión especial para tratar de ponerle un límite a la utilización de los decretos de necesidad de urgencia y al intento del Ejecutivo de renegociar la deuda externa sin intervención del Congreso.
El oficialismo impidió la convocatoria a la sesión y, por lo tanto, ambos temas no pudieron ser tratados.
El jueves, en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el Bloque de Unión por la Patria elaboró un dictamen propio sobre el proyecto de Presupuesto 2025.
En el mismo hacemos un cuestionamiento total al contenido del mensaje 0051/24. Señalamos que el proyecto del Ejecutivo apunta a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado que se viene llevando a cabo desde que asumió la actual administración. Está en las antípodas de las políticas que los diputados y las diputadas de Unión por la Patria nos hemos comprometido a implementar ante nuestros votantes.
El primer cuestionamiento es a la idea de la regla fiscal: obedece a diversas razones, pero nada mejor que parafrasear al Presidente en el discurso que dio cuando fue al Parlamento a presentar el proyecto. Dijo el Presidente: “Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de lo que ocurra en la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. El déficit siempre fue consecuencia de pensar primero cuánto gastar y después ver cómo financiarlo. Nosotros vamos a hacerlo al revés, pensando primero cuánto tenemos que ahorrar para después ver cuánto podemos gastar”.
Acá reside una de las cuestiones principales que nos diferencian conceptualmente del gobierno, que es en definitiva esta discusión de si cuando hay una necesidad efectivamente hay un derecho o no.
El Presupuesto, en nuestra visión, debe establecer las necesidades que la sociedad tiene, las necesidades que deben ser resueltas por la acción gubernamental y a partir de allí la política de cómo se generan los recursos para poder hacerlo factible. Eso nos llevaría a que debatiéramos las políticas impositivas, cómo combatimos la evasión, la elusión fiscal, cómo generamos políticas progresivas que hagan, efectivamente, que los que más tienen más aporten.
En este marco, el plan de la actual administración consiste en que, aunque haya más ingresos, no se va a aumentar el gasto.
El planteo filosófico, ideológico, que contiene el proyecto de Presupuesto 2025 es insostenible por donde se lo mire e indefectiblemente generará menos actividad y más pobreza.
En el texto del proyecto se dice que las transferencias al sector privado se reducirán en 0,42 puntos del PBI; si se agrega el aumento esperado en el impuesto a los combustibles, que se dice que se duplicará en términos reales, esto indudablemente terminará yendo al precio y sabemos que los precios de los combustibles impactan sobre el conjunto de la actividad económica y consecuentemente esto es más ajuste, más recesión.
Cuestionamos integralmente el proyecto de Presupuesto porque, además de lo ya mencionado, hay ajustes significativos en general, pero también en ítems que para nosotros son sumamente sensibles, como Ciencia y Tecnología, que a valores constantes se le asigna un 32,1% menos que las erogaciones de 2023; Educación y Cultura 44% menos que en 2023; Seguridad Social, 10% menos que en 2023; Vivienda, 60% menos. Estos no son números en el aire, esos «menos» significarán inevitablemente afectaciones profundas sobre el bienestar de nuestra población.
También cuestionamos el artículo 54 del proyecto de ley de Presupuesto, que trata sobre la gestión de la deuda pública, ya que propone la eliminación del texto que establecía las condiciones en las que se podía negociar, y se abre al Poder Ejecutivo la posibilidad de una negociación sin límites, por ejemplo, cambiar deuda en pesos por deuda en moneda extranjera. A esta altura decir que es lo mismo tener deuda en pesos que tener deuda en dólares, como mínimo, es una ligereza, para decirlo en los términos más moderados.
Con respecto a la deuda, eliminar el criterio de que dos de las tres condiciones, es decir, monto, plazo, tasa, deberían estar contenidas en la negociación y ser mejores que las anteriores, le deja al Poder Ejecutivo manos libres para negociar de cualquier manera, y para eludir el funcionamiento del Congreso, y de la Cámara de Diputados en particular, que es, según la Constitución, la responsable de estas cuestiones.
El dictamen de Unión por la Patria incluye un capítulo vinculado al contenido del DNU 846 en lo que hace al financiamiento del Estado nacional.
En ese DNU se establece que los canjes se realicen a precios de mercado. Pero sabemos que los mercados de deuda son mercados especulativos, entonces cabe preguntarse, ¿qué impedimento habría para que ante las expectativas de un canje el propio mercado modifique los precios de los instrumentos para obtener un mayor beneficio con dicho canje? El valor técnico nos pone a cubierto de eso. El valor de mercado nos deja en manos del “mercado” dominado por pocos jugadores internacionales muy importantes y de gran peso.
