Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
En estas horas, se considera inminente el anuncio por parte del Gobierno del veto total de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que obtuvo sanción definitiva en el Senado por 61 votos positivos contra ocho negativos. La actual gestión ya había asegurado que el proyecto “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y que se trata de “un acto de populismo demagógico” del Congreso.
A partir de la fecha en que el Poder Legislativo comunica al Poder Ejecutivo la aprobación de la nueva ley, el Presidente dispone de diez días para promoverla o vetarla. Si ocurriera lo segundo, la ley vetada volverá al Parlamento, donde los legisladores y las legisladoras podrán insistir con su tratamiento. Si ambas cámaras reúnen dos tercios de los votos de los miembros presentes, la ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo.
El Presidente señaló luego de la aprobación de la ley que “la medida demagógica que votó el Senado implica un incremento de la deuda de 370 mil millones de dólares, a perpetuidad”. Es una nueva estrategia: calcular una situación actual a perpetuidad. Cualquier gasto importante, calculado con esta metodología, da una cifra extraordinaria.
El Gobierno estima que la actualización de los haberes generaría un costo fiscal del 1,2% del PBI (la Oficina de Presupuesto del Congreso lo estimó en el 0,43%). Con estos datos y un PBI en dólares de 560 mil millones, según el FMI para 2025, el mayor gasto se ubica en unos 7 mil millones de dólares anuales. Imposible deducir cómo el Presidente llega a los 370 mil millones a los que se refiere. Una inconsistencia comparable a cuando afirmó que había heredado del gobierno anterior una inflación del 17.000%, entre otras tantas exageraciones por el estilo. No hay el mínimo rigor. Solo una serie de sumas y multiplicaciones arbitrarias. El veto de la ley de movilidad jubilatoria pretende consolidar el ajuste llevado adelante por el gobierno de La Libertad Avanza en sus casi nueve meses de gestión. Debido a ello, hay adultos mayores bajo la línea de pobreza porque sus ingresos están en el mínimo histórico. La jubilación mínima con el bono para el mes de julio sufrió una caída interanual del 10,6%. Además, el Gobierno avanzó con el recorte de los medicamentos con descuento del PAMI al 100%, en un contexto en el que los precios de estos medicamentos han subido más que el promedio del aumento de otros productos.
El capítulo final de la escalada contra los jubilados y jubiladas se produjo esta semana cuando se manifestaban pacíficamente en contra del anuncio del veto y fueron reprimidos con gases lacrimógenos y algunos de ellos golpeados por la Policía Federal.
Ni sensibilidad ni empatía: ajuste, recortes y desprotección a un sector vulnerable como es el de los adultos mayores.
La ley que el Gobierno anunció que va a vetar otorga un 8,1% adicional de aumento desde abril para compensar el salto inflacionario del 20,6% del mes de enero, por el que solo se les había dado un 12,5%, y también establece que la jubilación mínima no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas, de acuerdo con lo que informa el INDEC.
Según un comunicado del Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria, “entre los principales acuerdos que se expresan en la ley está el de no desvincular las jubilaciones a los salarios y la necesidad de blanquear el bono con la canasta. Al disponer que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC). Con la actualización anual por salario (50% de la diferencia de Ripte) la ley propone lograr una mejora si crece la economía. El veto presidencial demuestra que Milei quiere que los haberes queden por el piso”.
En ese escenario, convocamos a todos y todas a sumarse a la campaña que propone juntar un millón de firmas contra el veto del Presidente y a favor de nuestros jubilados y jubiladas. Es un instrumento para toda la ciudadanía: para que esta se la apropie y la protagonice.
Hay que ponerle límites a la insensibilidad del Gobierno. Es tiempo de desplegar todas las fuerzas del campo nacional, popular y democrático para rodear de solidaridad y apoyo a un sector vulnerable como es el de los adultos mayores.
