Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El miércoles pasado el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en marcha de tres decretos orientados a enfrentar los efectos de la sequía, fomentar el empleo, mejorar las exportaciones y, como consecuencia de ello, aumentar las Reservas Internacionales.
Massa destacó el carácter inédito de la sequía actual: “nos toca enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Cuando uno mira los registros, encuentra los últimos en 1922 y no encuentra, desde el punto de vista del impacto climático y productivo, comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a la que estamos viviendo”.
En ese marco, el ministro se refirió al primero de los tres decretos que establece la automaticidad para “suspender las ejecuciones fiscales y bancarias mientras dure la emergencia y las percepciones de adelanto o anticipo de impuestos que cobra el Estado”. “Que esos 69.000 productores sientan que el Estado argentino no solamente los asiste con algún aporte no reintegrable sino que además les facilita y viabiliza el mantenerse con acceso al mercado de crédito para encarar lo que aspiramos sea una mejor etapa a partir de mayo con la llegada de las lluvias”, agregó.
En un segundo decreto, el Gobierno repone el Programa de Incremento Exportador, por el cual se establece un tipo de cambio fijo de $300 para los productos de soja y sus derivados durante 45 días. Se estima que existe un remanente de la cosecha anterior no liquidado, que rondaría una cifra de alrededor de U$S 6 mil millones (soja y maíz). La medida busca enfrentar uno de los problemas recurrentes de la Argentina: la insuficiencia de divisas que, en la actualidad, se agrava por la sequía inédita. El país, sobreendeudado durante el gobierno de Mauricio Macri, viene refinanciando exitosa y trabajosamente su deuda, en un escenario donde inciden en la marcha de la economía factores externos que no pueden ser atribuibles a las políticas en ejecución. La pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la sequía sin precedentes no son responsabilidad de la gestión gubernamental. Pero el Gobierno debe darles respuestas. Es en ese marco que se les ofrece a los tenedores de soja que, si liquidan la producción que tienen acopiada, lo podrán hacer a un dólar a $300 hasta el 31 de mayo.
En paralelo se incorporó al Programa de Incremento Exportador a las economías regionales, las cuales son grandes empleadoras, con unos 338.000 puestos formales. En este caso, la medida regirá desde el 8 de abril hasta el 30 de agosto. Para ingresar al programa, las economías regionales deberán cumplir con tres condiciones: mantener el empleo, participar del programa Precios Justos y sostener el volumen y abastecimiento al mercado interno.
En este sentido Massa declaró que “esos son tres temas centrales para que abramos nuevos mercados, aumentemos el volumen de exportaciones, tengamos mayor acumulación de Reservas, pero para que también tengamos garantizado que los argentinos y las argentinas consuman a un precio justo los alimentos que son generados en Argentina”.
El tercer decreto está dirigido, según sostuvo el ministro, a aquellos exportadores que no juegan limpio. “Aunque rige un plazo de 180 días para liquidar las divisas y hay muchos que hacen el esfuerzo y las liquidan, otros especulan y le hacen trampa al Estado. Son unos U$S 3.700 millones faltantes, como consecuencia de las empresas que no han cumplido con la norma”, según señaló. Para esas empresas y sus directores, se establece un mecanismo de suspensión del CUIT y de interrupción del acceso al mercado de cambios, si luego de 30 días de emitido el decreto no cumplen con la obligación de liquidar sus exportaciones. Se trata de una medida de una dureza mayor que las que venía tomando el Gobierno. Si bien no se puede obligar a que las empresas exporten, sí se las puede obligar a que liquiden las divisas de lo que ya han exportado.
En otro orden de cosas, se conocieron dos sentencias de tribunales extranjeros contra la Argentina. Una de ellas por la reestatización de YPF. Tuvo lugar en el mismo juzgado de Nueva York donde se produjo el fallo por los fondos buitre. Es una decisión judicial que no establece el monto de lo que el país debería pagar, contrariamente a lo que señalaron los grandes medios locales. Estos difunden la cifra a la que aspiran los acreedores. Pero el fallo dice claramente que no hay elementos para ponderar cuál es el monto. El fallo también dice que YPF está liberada del juicio: es un tema del Estado nacional, el cual posee inmunidad soberana y, por lo tanto, sus activos no pueden ejecutarse en terceros países. Además, se trata de un fallo de primera instancia y la Argentina aún tiene varias instancias de apelación por delante. Se instala el tema intentando mostrar que la sentencia es una consecuencia de haber nacionalizado la empresa. Pero el problema es anterior: el problema fue haberla privatizado. En todo caso, la sentencia es una consecuencia de la privatización, no de la nacionalización. Si Juntos por el Cambio tuviera la posibilidad de gobernar seguramente reincidiría en privatizar y volvería a hipotecar el país.
En el caso del fallo londinense sobre los pagos de los cupones PBI, se sentenció a la Argentina por supuesta adulteración de datos. Pero, ¿cómo determinaron los jueces la supuesta adulteración del PBI? Las consultoras privadas no tienen la información suficiente para estimarlo. Incluso, hasta el propio gobierno de Macri calculó el crecimiento de 2013 en 2,4%, cifra que el Indec mantiene hasta hoy. Si tomamos las estadísticas del PBI definitivas informadas por el FMI los datos de crecimiento son los siguientes: 2012: 0,9%; 2013: 2,9%; 2014: 0,5%; 2015: 2,5% y así podemos seguir. Además, recordemos que el cálculo es acumulativo: si en un año se crece menos, en el siguiente hay que compensar ese incremento para que el crecimiento acumulado sea del 3,2% anual como mínimo y se pague el cupón. No hay manera de entender la resolución judicial que dispararía el pago. No deja de llamar la atención que tribunales de Londres y Nueva York fallen casi en simultáneo contra Argentina en un año electoral.
El Gobierno enfrenta diversos problemas y los va resolviendo con una serie de medidas que no pierden de vista la estrategia general: impulsar un modelo de país con crecimiento, inclusión y distribución.
