Por Eduardo G. Fernández
Presidente PSol Córdoba y Presidente APYME
El 27 de septiembre de 2016 se dio a conocer el fallo del Juzgado Federal Nº 3 con sede en Córdoba, presidido por el Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, estableciendo una medida cautelar que obligaba al gobierno nacional a ordenar para un amplio espectro micro-pyme (un colectivo integrado por los pequeños y medianos industriales, comerciantes, prestatarios de servicios, productores agrarios, sectores medios, cuentapropistas, y otros afines) -dice textualmente la resolución del juez- la suspensión de los aumentos tarifarios del gas, refacturar los consumos con el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo de 2016 y establecer un plan de pago por parte de las prestadoras del servicio en 4 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses ni recargos relacionados con la falta de pago.
La medida cautelar fue solicitada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) en el marco de un amparo más amplio y de fondo cuyo fallo está pendiente.
Este fallo judicial es estratégico por varias e importantes razones, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Un amplísimo sector, entre quienes están las micropymes, cooperativas, empresas recuperadas y otros sectores, había quedado excluido y quedaba vigente el aumento con un (mentiroso) techo del 500% sobre igual período del año anterior. Esta es la primera vez que se reconoce en la personería de APYME a este amplísimo espectro de unidades empresarias que sufre, al igual que los trabajadores, las consecuencias negativas del gobierno de los gerentes de las multinacionales. Otro punto importante es haber tomado el recaudo solicitado atendiendo la viabilidad de una acción colectiva que tenga por objeto la defensa de intereses individuales homogéneos, en este caso de todos los miembros del colectivo de pequeñas y medianas empresas, atento la mayor vulnerabilidad de dichas empresas, para posibilitar el cumplimiento efectivo de la garantía del proceso colectivo como forma de llegar a la justicia.
El fallo asestó un duro golpe a un gobierno nacional apurado por dejar pronto atrás, junto a la protección mediática, el tema de los tarifazos; y es una luz de esperanza para los múltiples sectores que se siguen expresando en las multisectoriales a lo largo y ancho del país, donde venimos participando dirigentes del PSol.
Para el macrismo resulta importantísimo lograr su cometido de transferir esa gran masa de dinero que significa consolidar el tarifazo a favor del sector petrolero con el que tiene importantes, consolidados e indisimulables compromisos.
Por ello rápidamente apeló el fallo del juez Vaca Narvaja, que ahora tendrá efectos suspensivos hasta que se defina por la cautelar la Cámara Federal que se designe. Pero esto no es suficiente, por dos causas: 1) Sabe que el resultado de su apelación es incierto por la justeza del reclamo y lo fundamentado de la decisión del Juez y, por otro lado, lo apuran los tiempos para concretar la estafa de las audiencias públicas truchas. 2) Está temeroso porque sabe que el planteo de fondo aún no está resuelto y que de él depende el futuro de Aranguren, sus CEOS y la estafa energética que se puede caer como un castillo de naipes.
Ante esto, además de una ofensiva judicial, agresiva y chicanera -a la que responderemos adecuadamente-, ha lanzado a sus operadores mediáticos que para cuestionar su decisión, claramente basada en el derecho, pretenden enlodar al juez, tratando primero de enlodar su apellido y las trayectorias de su padre, su abuelo y familiares perseguidos y muertos durante los gobiernos dictatoriales, y su definición política dentro del amplio movimiento nacional y popular. Por otra parte, trata de desprestigiar la legitimidad, profundidad y sentido del reclamo, menospreciando a APYME y atacándome en base a los antecedentes e identificación política partidaria, que por otra parte nunca oculté, y presentando todo lo sucedido como una operatoria urdida para entorpecer al gobierno.
Los días que vienen tendrán que seguir siendo de lucha y resistencia tanto al plan conservador-liberal de transferencia de recursos a los sectores monopólicos, como a la prepotencia del macrismo y sus medios hegemónicos, que siguen disfrazando de diálogo y expectativa favorable la destrucción del aparato productivo, nuestras pymes y economías sociales, sometiendo a los trabajadores a resignar parte de sus ingresos, bajo la extorsión del desempleo.
