Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Hace mucho que se habla de los vínculos entre un sector del Poder Judicial, los grandes medios de comunicación, el poder económico concentrado, la oposición política y los servicios de inteligencia. Nuevamente han aparecido pruebas claras de su existencia.
En octubre de este año, el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro; el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; el juez federal Julián Ercolini; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola; el juez en lo Contencioso Administrativo federal, Pablo Cayssials; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques; el presidente del directorio del Grupo Clarín, Jorge Rendo; el abogado y actual director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo, Pablo Casey; el asesor en comunicación, consultor y presidente de MediaBit SA, Tomás Reinke; un ex funcionario de la SIDE, Leonardo Bergroth; entre otros, viajaron a la estancia del magnate británico, Joe Lewis, ubicada en Lago Escondido, aproximadamente a 50 km de la localidad de El Bolsón.
La reciente filtración de los mensajes de Telegram en un grupo, autodenominado “Los Huemules”, puso en evidencia la total impunidad con la que funciona esta trama de poderes corporativos. Los que estamos comprometidos con la democracia y sus instituciones, quedamos sumergidos en una mezcla de indignación y preocupación. Lo que sucedió es de una enorme gravedad institucional.
La supuesta independencia de jueces, fiscales, dirigentes políticos opositores y medios de comunicación quedó instantáneamente suplantada por la evidencia de una estrecha relación entre ellos e incluso una gran familiaridad que les permitió debatir cómo fraguar la fecha de facturas para justificar gastos, pactar la eliminación de fotos comprometedoras y ocultar datos como los medios de transporte utilizados para llegar hasta Lago Escondido, entre otras maniobras.
En estos intercambios de Telegram utilizaban sus conocimientos de la ley para intentar quedar fuera de su alcance. Por eso, lo que delatan esos mensajes es la planificación en grupo del ocultamiento de pruebas o la fabricación de pruebas para no quedar involucrados.
Varios de los integrantes del grupo tienen o han tenido en sus manos temas muy sensibles. Julián Ercolini, por ejemplo, instruyó la causa contra Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad, que terminó en la injusta condena a la Vicepresidenta. Es, también, quien intervino en la investigación de los casos Hotesur y Los Sauces. En diciembre de 2016 sobreseyó a Héctor Magnetto en la causa Papel Prensa.
Carlos “Coco” Mahiques, exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, integra la Cámara Nacional de Casación y está a cargo de la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, que instruye el juez Ercolini. En septiembre de 2021, firmó el cierre de la causa por la venta de las tierras en Lago Escondido.
Pablo Cayssials, juez en lo contencioso administrativo federal, en febrero del 2015 suspendió la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
Marcelo D’Alessandro es ministro de Justicia y Seguridad porteño. Como tal, tiene a su cargo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Bautista Mahiques ocupa el cargo de fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué ha hecho el gobierno ante estas evidencias?
Entre otras cuestiones, el presidente Alberto Fernández instruyó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para que “se investigue penalmente” ese intercambio de mensajes de texto y audios.
La visibilización de esta trama corporativa es lo que la Vicepresidenta ha denominado un Estado mafioso dentro del Estado. Se trata de grupos que intentan torpedear la gobernabilidad. Un ejemplo es el reciente cuestionamiento a Cecilia Moreau como Presidenta de la Cámara de Diputados y el bloqueo de la sesión preparatoria en la que la diputada debía ser ratificada en su cargo. En esa oportunidad, los opositores no se presentaron a sesionar y, de ese modo, impidieron la votación. Desde el retorno a la democracia no hubo un solo caso de no reelección de las autoridades de la Cámara, cuando no medió un cambio de composición del cuerpo legislativo.
Mientras tanto, seguimos trabajando en todos los planos.
Los integrantes del bloque de diputados y senadores del Frente de Todos le hemos pedido una reunión al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura. Tal como informó el Presidente del Bloque de Diputados, Germán Martínez, “presentamos una nota (…) donde solicitamos una audiencia urgente para que arbitre los medios necesarios para completar la conformación del Consejo de la Magistratura”. Y añadió: “Quiero decirle al presidente de la Corte Suprema que haga lugar a nuestro pedido de audiencia para salir de este proceso de parálisis institucional”.
Es en el marco de esta trama de poder corporativo, de mafias enquistadas dentro del Estado, que se explican la condena y el intento de proscripción a la Vicepresidenta. A ello se refirió Cristina Fernández de Kirchner cuando en su intervención final frente al tribunal que lleva adelante la causa Vialidad afirmó: “Esto, más que un tribunal, es un verdadero pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que nunca pensé es que iba a estar tan mal escrita”, sostuvo y agregó que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron.
Algo similar se manifestó en aquel título de una nota de opinión del diario Clarín tras el intento de asesinato: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, en el que equiparaban la bala y el fallo, anticipando sin proponérselo la metáfora de la Vicepresidenta cuando asocia el batallón de fusilamiento con el tribunal que la juzgó.
La institucionalidad en la Argentina está en peligro. El fallo que declara culpable e intenta proscribir a la Vicepresidenta, el reciente intento de terminar con su vida unido a una serie previa de hechos violentos, la búsqueda de desestabilizar instituciones como la Cámara de Diputados y esta confluencia mafiosa autodenominada “Los Huemules” son eslabones de una misma cadena. Se trata del accionar de un Estado mafioso que, desde dentro del Estado, intenta corroer y poner en crisis a la democracia.
Como siempre, la discusión es entre democracia y corporaciones.
O entre instituciones y mafia.
