Tiempo Argentino | ESCENARIO ECONÓMICO
De la Ley de Pago Soberano de la Deuda al Plan "Ahora 12" y las normas que se debatirán esta semana para proteger el consumo.
Carlos Heller
La Presidenta Cristina Fernández promulgó la Ley 26.984 de Pago Soberano y Reestructuración de Deuda, expresando que la existencia de la misma "significa que la Argentina quiere pagar, puede pagar y va a pagar todas sus deudas, con todos los tenedores de bonos".
Respecto de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, creada por esta ley, el ministro de Economía Axel Kicillof aclaró, ante las dudas de algunos diputados, que esta comisión investigará, tal cual lo dice la ley: desde marzo de 1976 hasta hoy, incluyendo los procedimientos del Canje 2005 y 2010.
La oposición, tanto en el plenario de comisiones como en la maratónica sesión, se orientó principalmente a criticar la gestión económica del gobierno, no sólo de la deuda, sino en todos los ámbitos, privilegiando la miope visión de los posibles réditos electorales por sobre el verdadero interés de nuestra Nación. Hubo algunas propuestas, desde no hacer nada hasta enero de 2015, hasta algunos bloques que propusieron modificaciones en el Senado que fueron recogidas e incorporadas, pero que a pesar de ello votaron en contra. Según comenta La Nación (11.09.14): el único bloque que propuso acatar el fallo de Griesa fue el del PRO. "La Argentina se sometió por voluntad propia a una determinada jurisdicción. Ahora no tiene otra alternativa que acatar [el fallo]; de lo contrario, se colocaría en una situación de incumplimiento y aislamiento." Esta postura es consistente con la del titular del PRO, Mauricio Macri, quien apenas conocida la sentencia expresó su acuerdo en pagarle a los buitres.
El ministro Kicillof expresó que uno de los principales objetivos de tener la ley sancionada cuanto antes se debía al pago de los bonos par que vence a fin de septiembre. De allí que cabe preguntarse qué significa no hacer nada, ¿caer voluntariamente en default ante el pago de septiembre? ¿O acaso algún diputado piensa que debe depositarse en el BoNY para que nuevamente quede retenido? Esto último podría ser una estrategia, pero no beneficiaría a los acreedores que entraron al canje como lo hace la Ley de Pago Soberano.
Está claro que si bien la ley votada es un gran avance en la dirección correcta, lejos está de ser una norma milagrosa que vaya a resolver el problema de los fondos buitre. El fallo del juez Griesa complica el normal cumplimiento de la deuda del país y las reestructuraciones de otras naciones, como lo han reconocido países, organismos internacionales y académicos de todo el mundo. Mientras tanto, los fondos buitre seguirán su hostigamiento contra Argentina y todo aquel que sea deudor de sus acreencias o se enfrente a sus intereses. Pero hay que tener en cuenta que además del apetito voraz de estos buitres, su intención es llevar a la Argentina a la necesidad de caer nuevamente en un sobreendeudamiento, porque lo que están mirando son los recursos de nuestro suelo, soñando con la posibilidad de que otra vez paguemos con patrimonio las deudas en las que nos quieren hacer caer nuevamente.
En estos aspectos resalta el notable éxito de la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas del martes 9 de septiembre, impulsada desde Argentina juntamente con el G77+China. Entre otras importantes cuestiones, la Asamblea "decide elaborar y aprobar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales (...) y con carácter prioritario, un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional, y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales". A pesar de los once votos negativos liderados por las grandes potencias como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá, primó la voluntad de la mayoría de los países en desarrollo, un indicio del nuevo equilibrio de fuerzas a nivel internacional que se está gestando.
Un dato para comprender la situación gestada a partir de la ratificación del fallo de Griesa es que, desde que la Corte Suprema estadounidense denegó el tratamiento del caso y ratificó la sentencia, el riesgo país ha aumentado sólo 30 puntos básicos, indicando que los inversores no esperan pérdidas significativas en sus bonos, una cuestión que es reconocida incluso desde medios férreamente opositores al gobierno. No coincido en comparar, como hacen muchos analistas, la situación actual con la de 2001, cuando el riesgo país aumentó 3000 puntos básicos, mientras se acercaba el derrumbe de la Convertibilidad y la crisis más profunda de nuestra historia. Tampoco creo que el riesgo país sea un indicador relevante de la situación económica doméstica, pero así lo consideran aquellos que están pendientes de los mercados, y que se cuidan muy bien de no difundir ese ínfimo aumento. Otro dato a citar es que el índice Merval ya duplica los niveles de inicio del año, un número incontrastable que echa por tierra los pronósticos apocalípticos de muchos analistas y políticos sobre las consecuencias del supuesto default y la debilidad de la economía argentina.
PROTEGER EL EMPLEO. El gobierno lanzó el último jueves el programa "Ahora 12", que involucra la financiación en doce cuotas sin interés para los consumos con tarjeta de crédito, una medida que apunta decididamente a proteger la industria nacional y el empleo.
Durante el anuncio, Kicillof mencionó los impactos sobre la demanda como consecuencia de un mundo "que se encuentra en un proceso totalmente recesivo", y sostuvo que "por eso son necesarias estas medidas para capear al temporal". También vinculó la desaceleración que afecta a los bienes de consumo durable con las campañas de desánimo que impactan en las expectativas de consumo, ya que, siguiendo a Kicillof: "si la gente decide no consumir eso afecta a la demanda y la demanda afecta al empleo y la industria".
Los rubros que incluye el programa, orientado a artículos de producción nacional, fueron seleccionados en virtud de su alta participación en términos de empleo local; comprenden indumentaria, calzado y marroquinería, muebles, línea blanca, motos, bicicletas, materiales de la construcción y turismo. El gobierno estima que con este plan se estimulará un conjunto de actividades que explican el 6% del PBI y se podrá proteger el 35% del empleo industrial. La nueva iniciativa se suma a las líneas de financiamiento productivo vigentes, que equivalen actualmente al 4,1% del PBI, por encima del 0,6% del año 2009, según informó el Ministerio de Economía.
(DES)ABASTECIMIENTO. En la semana que se inicia, la Cámara de Diputados discutirá en el recinto el paquete de leyes para regular las relaciones de consumo y producción. En este marco, resulta interesante la posición de un columnista de El Cronista, quien el pasado viernes expresó: "la percepción entre los hombres de negocios es que llegó la hora del racionamiento, sea de dólares, de autos, de mercaderías en general, y sobre todo de utilidades. La carrera que viene es evitar ser cazado por el Estado con los precios máximos de la ley de abastecimiento. Importar lo menos posible, tratar de subir los precios, evitar vender a pérdida y cuidar los costos (...). El que más encanuta, menos se arriesga a perder." Toda una lista de 'cosas por hacer'.
La cita forma parte del conjunto de afirmaciones que rechazan cualquier intervención del Estado que apunte a mejorar la situación de los consumidores y de los eslabones más débiles de la cadena de la producción. Pero, por sobre todo, es representativa del accionar de aquellos que apuntan a influir en las expectativas de la población.
En esta gesta a favor de la irrestricta libertad de mercado se han enrolado, en una larga lista de solicitadas, agrupaciones gremiales de grandes empresarios, opuestas con gran animosidad a la nueva ley de abastecimiento. Para AEA "constituye un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas" y por ello la tildan de "inconstitucional". No tienen en cuenta el artículo 42 de nuestra Carta Magna, que establece los derechos de usuarios y consumidores. A similar enfoque adhiere la UIA, la cual muestra preocupación por tener que brindar "toda información relativa al giro de los negocios". Claramente, sólo les interesa tener carta blanca para realizar sus negocios, y poder obtener la mayor rentabilidad posible, sin preocuparse por los costos sociales de sus acciones.
