Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Las autoridades económicas argentinas y el staff del FMI alcanzaron un acuerdo técnico para la aprobación de la cuarta revisión bajo el programa de facilidades extendidas. Una vez que lo apruebe el Directorio del organismo, en las próximas semanas, el país accederá a unos U$S 5300 millones, recursos que servirán para afrontar los vencimientos que operan entre marzo y abril, por un monto similar.
Lo he dicho en infinidad de oportunidades: con el FMI no hay acuerdos buenos. Lo que hay que hacer es no pedirle dinero prestado y por eso el pecado original fueron los U$S 56 mil millones que acordó en su momento el gobierno de Mauricio Macri, aunque los desembolsos se interrumpieron a partir de agosto de 2019 llegando a un total de U$S 45 mil millones. Una decisión irresponsable que dejó al país sumamente endeudado –en dólares— y con estrictos requisitos a cumplir en el desempeño de la economía y las finanzas.
El crédito del FMI Argentina lo tomó y hay que devolverlo, pero ello debe hacerse bajo condiciones que no generen mayores daños a nuestro país. El acuerdo vigente no resolvió el problema de la deuda, lo que permitió fue ganar tiempo extendiendo los vencimientos y ampliando los márgenes para que la economía pueda seguir creciendo.
Cuando se firmó la renegociación, un año atrás, Argentina consiguió que se incluyera en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras un párrafo (el 11º) al que en su momento no se le dio mucho valor: “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda (…), los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones con repercusiones negativas en la entrada de divisas y los ingresos fiscales”.
Esta mención no tiene antecedentes en los acuerdos con el FMI. Fue una cláusula preventiva que nuestro gobierno logró y que abrió la posibilidad para que en la reciente revisión trimestral la Argentina planteara con éxito que la sequía está trayendo grandes dificultades para alcanzar la meta de acumulación de reservas, producto de las menores exportaciones y de los efectos de la guerra, y que por ende hace falta redefinir el parámetro, cuestión aceptada por los funcionarios del FMI.
En este contexto, el staff destaca que todos los objetivos de desempeño se cumplieron hasta diciembre de 2022 con cierto margen. También sostiene que “en el futuro, será esencial mantener políticas sólidas y adaptarlas según sea necesario a la evolución de las condiciones externas e internas”, una mención importante de cara a próximas misiones.
Otro aspecto a seguir encarando es el de la revisión del costo de ese financiamiento, ya que hubo un fuerte salto de los intereses de la deuda con el FMI.
En marzo del año pasado, cuando se firmó el acuerdo de renegociación vigente, la tasa era de un 1,2% anual, y hoy es de 4,57%. Son aproximadamente unos U$S 1500 millones más que hay que destinar para pagar en concepto de intereses. Este incremento se debe a que los bancos centrales de las principales economías subieron drásticamente sus tasas de interés para combatir la inflación, aunque parte de las consecuencias las pagamos nosotros. Este monto de intereses se suma a otro tanto que hay que pagar en forma anual por las injustas sobretasas, cargo que el FMI recientemente afirmó que no eliminará. No obstante, aliviar el excesivo costo financiero sería una excelente forma de contribuir a mejorar la situación fiscal y de disminuir las cargas a los deudores.
La puja alrededor de los precios
Se conoció el dato de inflación de febrero (6,6%), sin dudas un golpe duro para la población. De manera permanente insisto con el tema de las causas de la inflación, que hoy no son las que históricamente se han esgrimido para explicarla.
La emisión monetaria está contenida, ya que entre febrero de este año y el del año pasado fue del 39,76%, menos que la mitad de la inflación. El tipo de cambio que se utiliza para las operaciones de comercio exterior, el oficial, se incrementó un 80,5% interanual, y el ilegal un 78,6% en el mismo período. Los salarios, en promedio, vienen por detrás de los precios (producto de la merma de los haberes no registrados), al igual que ocurre con las tarifas.
Las razones nuevamente hay que verlas en la puja distributiva y en la incertidumbre y especulación de los sectores más concentrados, que cuentan con la colaboración de ciertos analistas y medios que —de paso— tratan de generar zozobra. Por eso ya están diciendo que marzo será “peor que febrero”.
Se registró un fuerte impacto del rubro de Alimentos y Bebidas (9,8%), muy por encima de la pauta contenida en los Precios Justos (3,2%), que apuntaba a orientar un sendero decreciente.
Cuando el gobierno anunció el último acuerdo de Precios Justos se dio a entender que el ingreso era voluntario, pero que una vez que se entraba el cumplimiento iba a ser obligatorio. El gobierno tiene que actuar con mayor energía en los incumplimientos a partir de las distintas herramientas legales que posee: nadie podría reprocharle que sancione a quienes no cumplieron con lo que firmaron.
En este marco, como forma de fomentar el ahorro en moneda nacional, el BCRA elevó 3 puntos la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo en pesos de hasta 10 millones para personas humanas, al igual que ocurrió con el rendimiento de las Leliq. No obstante, mantuvo inalterada la tasa de pases pasivos con los bancos y el costo de los préstamos subsidiados, con la idea de no dañar los fondos destinados a la producción, y beneficiar a los ahorristas, pero no a los bancos.
La respuesta a la inflación debe ser gradual y hay que evitar que la sociedad termine aceptando como inevitable el shock antiinflacionario. Los grandes medios señalan que “lo que se viene, si cambia el gobierno, es una fuerte devaluación y un fuerte ajuste y entonces ahí se va a ordenar la economía”. El objetivo oculto de esta estrategia es que los precios van a dejar de aumentar cuando sean verdaderamente inalcanzables, porque el consumo va a bajar de una manera drástica. Nadie puede pensar que esta sea una forma de reducir la pobreza, como prometen las distintas alternativas neoliberales: todo lo contrario. De hecho, ya nos están anunciando que si ganan van a aplicar toda la mano dura que haga falta para implementar su programa.
Casi todos los datos de la economía marcan que la macroeconomía ha avanzado en un ordenamiento importante. Hoy el país posee el número más alto de personas trabajando de manera formal desde enero de 2012. Está claro que hay gente que no gana lo que tendría que ganar, pero evidentemente hay una recomposición del empleo. La utilización de la capacidad instalada en la industria llegó en enero al 62%, el mayor nivel para un enero desde 2016.
Se está transitando en el rumbo adecuado y ese es el marco en el que se deben resolver las demás cuestiones. Si perdemos de vista la visión general de los sucesos, el costo que se va a pagar en términos de calidad de vida va a ser enorme.
