Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El país está en una situación económica insostenible. Pero lo estaba ya antes de la pandemia. Las consecuencias de las políticas aplicadas por Mauricio Macri se precipitaron con la crisis sanitaria producida por el coronavirus. En la actualidad, el Estado asiste en nueve de cada diez hogares a por lo menos uno de sus integrantes: asume una tarea enorme tratando de que los padecimientos de los argentinos y las argentinas sean los menores posibles. Es un Estado que recibe menos ingresos y está muy endeudado.
En este contexto de alta complejidad, operan los grandes conglomerados económicos que, por un lado, intentan forzar una devaluación y, por otro, desconocen reglas básicas que deberían seguir como contraprestación a las medidas de auxilio que el Estado implementa. Por ejemplo, le piden al gobierno que les pague una parte de los sueldos de sus trabajadores pero, al mismo tiempo, reparten dividendos entre sus accionistas u operan en el contado con liquidación, una maniobra por la que compran bonos en pesos y luego los transfieren a una cuenta en el exterior donde los cambian por dólares.
Cuando se implementó el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) originariamente era sólo para PyMEs. Luego, la Unión Industrial Argentina pidió que la medida se extendiera a todas las empresas, argumentando que las grandes también estaban en crisis o se encontraban cerradas y no podían producir. El gobierno aceptó el pedido en un contexto en el que, al mismo tiempo, libraba una batalla contra sectores que intentan llevar al país hacia una devaluación. Pero les dice: para acceder a los ATP, la empresa beneficiada no puede repartir utilidades, no puede transferir dinero al exterior y no puede operar en el contado con liquidación. Si está haciendo algunas de estas cosas, es una demostración de que no necesita ningún subsidio del Estado para pagar los sueldos. Ese dinero subsidiado, equivalente a dos salarios mínimos, les libera recursos que emplean para la especulación. Pero luego, cuando el gobierno interviene para poner un límite a esa situación, se escandalizan porque —sostienen— interfiere en la vida autónoma de las empresas y restringe su libertad. Algo parecido sucede con el sector agropecuario. Se supone que este año hay cosecha y rendimiento record, sin embargo hay caída de las exportaciones y las divisas no aparecen. ¿Qué es lo que sucede? Es simple: como el tipo de cambio está supuestamente atrasado retienen el producto, pero como tienen necesidades financieras piden asistencia y demandan créditos subsidiados. Ante esa situación, el gobierno establece que, para poder acceder a créditos con tasas subsidiadas, las empresas tienen que tener un stock de no más del cinco por ciento de lo que cosecharon. Entonces, aparecen la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas, tradicionales representantes de los grandes grupos agroexportadores, hablando de medida “contraproducente” y “arbitraria y discriminatoria”. Según esa perspectiva, el Estado debería ayudarlos aunque eso fuera en contra de los intereses de la Nación.
Pero hay cosas más sutiles, por ejemplo el Gobierno decide prorrogar por dos meses la prohibición de despedir y, entonces, aparece un alto directivo de la UIA y afirma que “prohibir suspensiones y despidos no es el camino” y que “la Argentina tiene que tener un seguro de desempleo”. Es decir, transferirle al Estado la carga de un sueldo de subsistencia para los trabajadores y las trabajadoras que sean despedidos o suspendidos. Ahí es necesario preguntarse: ¿cuánto ganaron esas empresas en todo este tiempo? ¿No será un momento para que ganen un poco menos? ¿No será el momento de que pongan un poquito de lo que ganaron?
Mientras tanto, en Bruselas, la Comisión Europea ha dicho esta semana que “ahora hay que mantener los estímulos para reducir la crisis económica y después vendrán los ajustes”. Es decir: ahora afrontamos la situación con una expansión del gasto y de la presencia del Estado pero, cuando esto pase, volveremos a la práctica de los ajustes estructurales. Esto significa que después de la pandemia no necesariamente viene un mundo más justo y más solidario. Seguramente se avecina una feroz pelea por establecer quién paga el costo que produce este proceso de caída de la actividad y de aumento generalizado del gasto para atender las consecuencias de la crisis. ¿Quién se va a hacer cargo de esta situación?
En este escenario se inscribe el proyecto de ley para gravar las grandes fortunas. En el principio de esta nota decíamos: el país está en una situación económicamente insostenible. Cuando el gobierno comenzó su gestión se proyectaba un déficit fiscal primario de un poco más del uno por ciento. Hoy se estima que podría llegar a un seis por ciento.
Por lo tanto, la necesidad de un aporte como el que estamos planteando por parte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina parece indiscutible. Ese tributo deberá contribuir a generar una masa de ingresos fiscales que achique el déficit que genera el gasto necesario para enfrentar la crisis sanitaria y sus consecuencias sociales y económicas. Porque, a través de este aporte, el Estado va a percibir una suma de alrededor de 250 o 300 mil millones de pesos, una cifra cercana a la ampliación que se realizó del presupuesto nacional para atender las erogaciones extraordinarias que demanda el escenario de la pandemia.
En simultáneo, el país avanza en el proceso de negociación de la deuda. Por un lado, el gobierno extendió los plazos hasta el próximo 2 de junio. Por el otro, el Presidente volvió a fijar los límites de la posición argentina cuando declaró: “no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina”. Luego agregó: “no está en discusión las bondades del capitalismo”, sino “la degeneración” de ese sistema económico, que “un día prestó más atención a las ganancias financieras que a la producción” y “empezó a desequilibrarse”. Finalmente hizo un llamado a “construir otra sociedad” y “una economía más solidaria, que termine con esa lógica de la meritocracia”, porque en la realidad “el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres”.
Con el aporte extraordinario de las grandes fortunas, y otras medidas que seguramente se sucederán, intentamos comenzar a llevar a la Argentina a una situación de sostenibilidad, con la gente adentro.
