Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Hay una fuerte convicción en la política económica del gobierno: es la que considera imprescindible que los salarios le ganen a los precios en un plan cuyo objetivo prioritario es el crecimiento con distribución, en el marco de las pautas establecidas en el Presupuesto 2021. Lo afirmó varias veces esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista televisiva. Y lo reforzó con números la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, cuando expresó que el objetivo del gobierno es que los salarios estén, por lo menos, 3 o 4 puntos por encima de los precios. Este dato es estratégico: si ello ocurre se amplía la demanda, se genera más actividad económica, se crea más empleo y, por lo tanto, se retroalimenta la rueda virtuosa del crecimiento.
Pero lograr que ello suceda no es fácil: porque en el medio se produce lo que se llama puja distributiva. Los precios y los salarios no se mueven solos. Detrás de ellos hay actores concretos. Los empresarios que intervienen en los distintos eslabones de la cadena de producción tienden a aumentar los precios. Los representantes de los trabajadores demandan suba de salarios. En ese contexto es imprescindible la intervención del Estado como regulador de esa puja distributiva. Esa intervención no es neutra: puede promover que los precios le ganen a los salarios o, al revés, que los salarios le ganen a los precios. Por lo tanto, según se privilegie lo primero o lo segundo se estará eligiendo un modelo económico u otro: el que apuesta por maximizar la ganancia empresarial o el que impulsa la distribución.
Con el anuncio de las conversaciones con empresarios y trabajadores el gobierno da inicio a la política de acuerdo de precios y salarios y, por lo tanto, de regulación de la puja distributiva. Una muy buena noticia. Es de esperar que la convocatoria tenga la amplitud necesaria. La búsqueda de ese acuerdo debería involucrar a todos los sectores de la producción y el trabajo.
El acuerdo tiene dos posibilidades: que sea solo una expresión de deseos con escasas consecuencias prácticas o que, por el contrario, se constituya en una política pública que garantice que los salarios le ganen a los precios. Para que esto último suceda es necesaria la presencia activa del Estado ratificando los compromisos a los que se arribe. Más aún: esos acuerdos, para que sean efectivos, deberían convertirse en leyes, decretos o resoluciones que obliguen a las partes o las sancionen en el caso de que no los cumplan. Es la diferencia entre un acuerdo formal y un acuerdo sustentable.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro “Sinceramente” en el predio de la Sociedad Rural, en mayo de 2019, convocó a un “contrato social de ciudadanía responsable” al que asoció con el Pacto Social puesto en marcha por Perón y su entonces ministro de Economía, José Ber Gelbard. En aquel momento se constituyó una Comisión Nacional de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, integrada por representantes de los trabajadores, los empresarios y el Estado. Su objetivo era hacer un seguimiento de lo que las partes habían acordado. En simultáneo, se aprobaron una serie de leyes como la que protegía a la producción local de la competencia extranjera; la que daba facilidades impositivas para la promoción de nuevos proyectos industriales o la ley de Abastecimiento, que buscaba impedir la especulación y habilitaba al Estado a supervisar las etapas del proceso económico, es decir, establecía el derecho del Estado a entrar en las cadenas de valor.
En paralelo al acuerdo de precios y salarios hay que seguir trabajando en otras medidas convergentes como, por ejemplo, el establecimiento de precios de referencia para las exportaciones, la limitación del ingreso de las importaciones suntuarias o que compiten con la producción nacional, el control de la subfacturación, el combate al contrabando y la reducción del trabajo en negro.
En una línea similar, queda aún pendiente la aplicación y recuperación plena de las tres leyes promulgadas en 2014 que habilitaban al Estado a intervenir en las cadenas de valor, entre otros temas: la Ley 26.991, “Nueva regulación de las relaciones de la producción y el consumo”; la 26.992, “Observatorio de precios, disponibilidad de insumos y de bienes y servicios”; y la 26.993 “Sistema de resolución de conflictos en las relaciones de consumo”.
La primera de estas leyes autoriza al Estado a “establecer para cualquier etapa del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios”. También a “dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, la intermediación y la distribución” y a “requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico”, entre muchas otras cuestiones. La segunda ley crea el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, con el “objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios”. La tercera de estas leyes crea el Sistema Electrónico de Resolución de Conflictos, “como instancia previa, facultativa y gratuita para los consumidores y usuarios para el acceso al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo”.
No se trata de instrumentos en contra de los empresarios. Se trata de herramientas que proveen, entre otras cosas, la información necesaria para establecer cuándo corresponden los aumentos y cuándo no. Si los precios no cubren los costos o no garantizan una rentabilidad razonable, este análisis de la cadena de valor resulta útil para establecer los aumentos de modo legítimo. Por el contrario, si los precios son excesivos esa información, y el conjunto de los instrumentos que habilitan estas leyes, permiten una corrección de los excesos en favor de los consumidores.
En paralelo, la reciente ley que establece que en las góndolas debe haber una proporción de producción de las PyMEs, de la agricultura familiar y del resto de los oferentes, es una contribución a la diversificación de la oferta que redunda en aumento de la competencia y posibles mejores precios. El gobierno toma permanentemente medidas que van en la dirección correcta. En este escenario, un acuerdo sustentable de precios y salarios es un gran paso en el proceso de reconstrucción de la Argentina.
Nota publicada en Página/12 el 07/02/2021
