Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El fracaso económico del gobierno libertario es notorio para la vida del pueblo. La situación “lograda” es irrefutable: caída de la producción, baja del consumo, altas tasas de desempleo y severa recesión. En síntesis, pobreza generalizada tanto de los núcleos humildes como de las clases medias. Las correcciones a la baja del PBI (del 2,5 % al 3,5%) anticipadas por el FMI y el Banco Mundial, indican el tamaño del daño de la política anarco libertaria. Los dogmáticos objetivos de emisión cero y superávit fiscal en base a un ajuste irrefrenable, no solo generan pobreza y desempleo, sino también una caída en la actividad industrial del 16,6% en el semestre, lo cual va mutilando al sistema productivo, reconvirtiendo al país en el modelo diseñado por Martínez de Hoz y luego seguido por Carlos Menem.
No podía ser de otra manera. El ajuste más grande de la historia universal no podía tener otros resultados ya que lo que genera es su verdadero propósito. El gobierno lo sabe y lo supo siempre. Sin embargo, las pérdidas de las mayorías sociales para el establishment son ganancias. En tal sentido, Paolo Rocca, el líder político del gran empresariado declaró recientemente “fuimos demasiado optimistas al pensar que se podía hacer en el corto plazo” pero “tenemos muchas esperanzas en el nuevo presidente”. Como siempre lo más perturbador para AEA, la UIA, la SRA y Amcham es la resistencia social, lo cual inevitablemente retumba en el parlamento, ya que allí el bloque de Unión por la Patria se mantiene firme y algunos otros bloques son susceptibles a la demanda del electorado, muy particularmente cuando se manifiesta en las plazas y en la calles.
El gravísimo cuadro social y su tendencia a empeorar es relativizado por los medios de comunicación hegemónicos. Un caso que desnuda esta conducta cómplice e inmoral es el de la visita de 6 legisladores de La Libertad Avanza a torturadores, asesinos, a quienes robaron niños para inmediatamente tirar desde los aviones a sus jóvenes madres, practicaron la desaparición de personas y dirigían campos clandestinos de tortura y muerte. Prefieren instalar en la agenda otros temas, oxigenando al gobierno, siguiendo la señal indicativa de los grandes empresarios: Rocca, Eurnekian, Magnetto, Pagani, Braun, Elsztain, Saguier y Galperín; todos decididos a sostener la aventura del presidente libertario. Relativizan tanto la visita a los genocidas, como el dramático contexto social y económico. Este modo de presentar la realidad tiene un claro propósito político: atenuar el ánimo social sobre las consecuencias de las políticas económicas del gobierno. La práctica de la desfiguración se sustenta en la negación de la verdad, despreciando a la opinión pública. Los medios imponen una agenda monotemática y sesgada evitando que los problemas acuciantes de la vida ciudadana se reflejen en la comunicación. Al mismo tiempo se proponen condicionar la agenda política con la remanida práctica de culpabilizar al gobierno anterior, allanando el camino de la batalla cultural que disputan Milei y Villarruel contra cualquier sentido colectivo, democrático y feminista, siempre estigmatizando al peronismo, a la izquierda popular, a socialistas, keynesianos y toda perspectiva progresista.
El tratamiento amarillista de la desaparición del niño Loan, de las elecciones en Venezuela y ahora la denuncia de violencia de género contra el ex Presidente de la Nación fueron y van ocupando la totalidad de la atención de los medios de comunicación. Se trata de que “se hable” de todas esas cuestiones cargadas de estridencia y espectacularidad, y que “no se hable” de los verdaderos culpables de los 25,5 millones de pobres, los supermillonarios de los grupos económicos con sus ganancias y exhibicionismos pornográficos. La cobertura de la causa contra A. Fernández por violencia de género no tiene como verdadero propósito proteger a la víctima y que se imparta justicia en el marco del debido proceso. Todo indica que su verdadero objetivo es cuestionar y ensuciar las políticas inspiradas en el feminismo de protección a la mujer y complementariamente atacar la política de derechos humanos. Se trata de un aprovechamiento oportunista e inmoral de una grave situación de violencia contra la mujer. Quienes ahora se presentan como justicieros son quienes siempre se opusieron con pertinacia a la interrupción voluntaria del embarazo, a la Educación Sexual Integral, la creación del Ministerio de la Mujer e inclusive son los que ahora se proponen eliminar un logro notable de la sociedad democrática: la incorporación de la figura del femicidio, que votamos el 14 de noviembre de 2012, sancionando la forma más extrema de la violencia contra la mujer con prisión perpetua.
Mientras tanto el gobierno se propone avanzar vertiginosamente con las privatizaciones y las denominadas reformas laborales aprobadas en el parlamento por el oficialismo y otros bloques “amigables” quienes votaron las facultades delegadas y la Ley Bases con el argumento de otorgar “gobernabilidad”. Por su parte, se manifiestan importantes reacciones sociales como la movilización de decenas de miles de personas el Día de San Cayetano, los paros de la docencia universitaria frente al congelamiento de sus salarios, y de diversos gremios en lucha por defender sus ingresos.
El escenario de conflictividad será creciente.
