Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En estos días algunas voces estuvieron afirmando que el Gobierno no tiene plan económico para llevar a las negociaciones con el FMI. Algo similar a lo que ocurrió hace unos meses con los bonistas privados. En aquel momento se decía que el gobierno no quería acordar. Los hechos demostraron las ventajas de no acordar “como sea”, a tal punto que se consiguió un ahorro importante que hoy permite otro tipo de políticas, aún más necesarias en un contexto como el que disparó la pandemia.
Lo que desde ciertos sectores no se termina de aceptar es que el Gobierno lleve a las distintas mesas de negociaciones una postura que no conlleva ajustes. Por eso dicen que no hay plan. Hay una postura clara y está plasmada en el Presupuesto 2021 que aprobó el Congreso. La reafirmó el Presidente ante la Asamblea Legislativa y lo hace constantemente el ministro de Economía.
Cuando Martín Guzmán comentó que la reducción del déficit fiscal no es un concepto de derecha, no hizo más que señalar que el gobierno no es partidario del déficit, pero también indicó que la resolución no es con ajuste del gasto público.
Como siempre, lo importante es enfocarse en el terreno de los “cómo”, que son los que deben permitir un incremento de los ingresos que puede generarse por distintas vías. Una de ellas tiene que ver con el cumplimiento de las leyes vigentes (combate contra la evasión, el contrabando, etc.). Otra proviene de un mayor crecimiento de la economía, que traccione a los ingresos impositivos. Esto es algo que se observa mes a mes, ya que por quinto mes consecutivo aumentó la recaudación real. También hay que abordar la conformación de un sistema tributario progresivo, sin dudas una de las grandes asignaturas pendientes, tanto por razones de equidad distributiva, como por el impulso que genera por el lado del consumo. Significa que hay herramientas para el manejo de la cuestión fiscal, desde una lógica sostenible y justa.
No es la ecuación que suele presentar la ortodoxia neoliberal, en la cual subyace un posicionamiento ideológico de típico Estado subsidiario, que en última instancia apunta a una sociedad mucho más desigual. Lo que estos sectores piden, como dijo Martín Guzmán, “es un Estado chico, que tiene bajos impuestos y gasta poco, y tiene poca presencia en la economía, menor a la que muchos consideramos que debe tener para cuestiones clave del desarrollo”. Resta decir que los hechos del pasado reciente son concluyentes en cuanto a que las políticas de la anterior gestión no hicieron más que redundar en mayores ganancias para las minorías, y en grandes pérdidas para las mayorías.
En cuanto a los impuestos, suelen hablar de la necesidad de bajar la presión tributaria para “favorecer la inversión privada”, pero luego no dudan en gravar con más fuerza a sectores como la clase media. Fue precisamente lo que pasó entre 2016 y 2019, cuando bajo la égida del Estado “canchero” se duplicó el porcentaje de trabajadores y trabajadoras alcanzados por el Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. Llama la atención que quienes generaron esa situación ahora se preocupen por el poder adquisitivo del salario y digan que las modificaciones que se están tratando en el Parlamento son insuficientes, más allá de que permitirían que un 93% de los trabajadores y las trabajadoras registrados no paguen el impuesto.
En otro orden de cosas, la inflación de febrero (+3,6%) verificó una desaceleración respecto de los valores de los dos meses previos, aunque aún es alta. Desde algunos sectores se trató de presentar la noticia como un fracaso de las políticas del Gobierno, aunque en los hechos no hace más que indicar que hay que seguir en el camino trazado. Cabe recordar que esta postura mediática es similar a la que ocurrió en su momento con la “inevitable devaluación” que no ocurrió. Por su parte, la actual administración debe seguir tranquilizando la economía y avanzando con coherencia en el camino trazado, cuyo norte es el Presupuesto 2021, que evidencia el plan del gobierno y ha sido aprobado por el Congreso nacional.
