Por Eduardo Fernández
A un año de la asunción de este nuevo Gobierno y en el Día Internacional de los Derechos Humanos, comenzamos en el recinto de la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de ley sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto. Es un hecho simbólico sobre lo que ha sido el primer año de este Gobierno y sobre la importancia que tienen los Derechos Humanos para la gestión.
Tal como lo expresé cuando ingresó el proyecto para su tratamiento, el Gobierno nacional está cumpliendo con una promesa de campaña y con el compromiso que asumimos con el movimiento feminista, verdaderas protagonistas de esta lucha de muchos años. Por eso sostengo que es tiempo de saldar esta deuda social.
La discusión que llevamos a cabo, y que ya tiene media sanción, no es aborto sí o aborto no. Lo que estamos poniendo en juego es que las personas con capacidad de gestar realicen un aborto legal o un aborto inseguro. El proyecto del Ejecutivo busca garantizar el trato digno, la privacidad, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, el acceso a la información y la calidad.
Los argumentos que expresan algunos de quienes se oponen a este proyecto de ley ponen en evidencia el uso de doctrinas y dogmas como herramientas que el poder utiliza para sostener la dominación y continuar definiendo lo que está bien y lo que está mal. Son las formas en las que se expresa el sistema patriarcal que penaliza el aborto, castiga a la mujer y utiliza la ley penal como aleccionadora, en definitiva, mecanismos de una dominación política a la que la lucha de los feminismos viene dando batalla.
Para lograr un país más justo, solidario y equitativo, es imprescindible reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y a ejercer su sexualidad, con la firme voluntad de ampliar derechos, como se hizo en la historia argentina cuando se sancionó el divorcio vincular, cuando se estableció el carácter compartido de la patria potestad, cuando se reformó el Código Civil y cuando se sancionó el matrimonio igualitario.
El momento
Algunos legisladores cuestionaron durante la sesión “el momento” en el que se trata este proyecto. Como mencioné, es una deuda social y no hay momentos buenos o momentos malos para saldar estos justos reclamos. Desde hace años el movimiento feminista viene esperando la oportunidad de tratar y aprobar este proyecto que amplía derechos y despenaliza esta práctica.
“Desde la recuperación democrática en diciembre de 1983 han muerto más de tres mil mujeres como consecuencia de abortos inseguros”, señala el sitio web de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Está claro que no se puede esperar más.
Ante ello es necesario que cambiemos de mentalidad al respecto. No puede morir ni una persona gestante más en la clandestinidad, y para ello necesitamos un Estado presente que tome este tema desde la Salud Pública y desde la Educación Sexual Integral. Ese Estado debe llegar a los lugares más postergados, como lo viene haciendo en otros temas, para que las mujeres con menos recursos no se vean obligadas a abortar en condiciones de extremo riesgo.
Por las miles de mujeres que perdieron la vida obligadas a abortar en la clandestinidad y por las que ya no tendrán que hacerlo si se sanciona la IVE, acompañé con mi voto este proyecto convencido de la decisión histórica que estamos tratando. Seguiremos trabajando para que haya educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Que sea Ley.
