Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Las decisiones del gobierno siguen impactando en la ciudadanía, y no pueden ser ocultadas ni por los más poderosos conglomerados mediáticos. El tema de las tarifas y la reciente tensión cambiaria dejan ver los resultados negativos de una serie de políticas que están reconfigurando la tasa de ganancia empresarial.
En una reciente encuesta de Kantar TNS se sostiene que para el 53% de los consultados los ingresos no alcanzan para cubrir lo que deberían ser sus gastos, una situación que "se acentúa en los niveles socioeconómicos medio bajos y bajos". En parte es lo que refleja el Índice de Confianza en el Gobierno, de la Universidad Di Tella, que cayó en abril a su nivel más bajo desde finales de 2015. Entre los factores que menciona el informe está "la agenda de las subas de tarifas de servicios públicos, y la percepción de que la pauta de inflación prevista ya no podrá alcanzarse".
Los jefes de los principales distritos del país se plegaron rápidamente al pedido del presidente Macri para que provincias y municipios reduzcan o eliminen el componente impositivo de las facturas. María Eugenia Vidal firmó un decreto para eliminar impuestos provinciales que implicarán una reducción de 10,4% en la luz, 6,3% en el gas, y 3,1% en el agua.
Un primer comentario es que la idea de rebajar impuestos para reducir las boletas es un parche que trata de poner el gobierno para no hacerse cargo y descentralizar el ajuste que lleva adelante. Además, va en consonancia con la intención de reducir la "presión fiscal", sin importar que esto impacte en el financiamiento y en los niveles de gasto jurisdiccionales.
En segundo lugar, el impacto es insignificante teniendo en cuenta los aumentos ya aplicados, sumados a los que vendrán.
Como muestra, vale analizar el caso del gas natural. En este segmento, la recomposición tarifaria comprende tanto el incremento del precio en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST, también denominado "precio en boca de pozo") como la "adecuación transitoria de tarifas de distribución y transporte".
Respecto al PIST, desde 2016 el gobierno estableció un cronograma de incrementos bianuales, que comenzó en octubre de ese año y finalizaría en el cuarto trimestre de 2019. De esta forma, el PIST pasaría de un valor inicial de U$S 1,29 el millón de BTU a U$S 6,80, en un recorrido que implicaría un incremento total del 427% (¡en dólares!). Con estos números, el anuncio de Vidal luce insignificante y deja expuesto el maquillaje al que está recurriendo el gobierno nacional, que también incluye el pago en cuotas (más intereses) de una parte del aumento.
A futuro, y con el incremento dispuesto a partir de abril de este año, el cronograma se habría cumplido en un 62%, es decir faltaría aún un tercio del aumento total previsto para el PIST. Esto hay que traducirlo a pesos (las subas del dólar son una presión adicional), y agregarle la actualización por la suba de los índices de precios. Los impactos esperados son elocuentes.
En este sentido, puede decirse que la reducción de los subsidios no ha dejado de ser una excelente excusa para el incremento de los ingresos de las prestadoras de servicios, algo que prácticamente no se ha comentado. En verdad, los usuarios pagarán, además de la reducción de los subsidios, una suculenta cuenta orientada a la recomposición de la rentabilidad de las empresas, vía tarifas dolarizadas y ajustes por la inflación. Es decir, las resoluciones del gobierno han beneficiado largamente a las empresas a costa del bolsillo de los trabajadores. Las acciones de distribuidoras de gas, como Metrogas y Gas Natural, han experimentado incrementos del 1340% y el 505% entre septiembre de 2015 y abril de 2018, reflejando una mayor expectativa de rentabilidad. Lo mismo cabe para la Transportadora de Gas del Sur, con un incremento del 607% en el mismo lapso.
Las decisiones en materia de subsidios reflejan una lógica de ajuste que está lejos de ser gradual, y que afecta sustancialmente el poder de compra de la población, por medio del incremento de los precios.
Tensiones cambiarias
El dólar volvió a ocupar las primeras planas de un momento para otro y ello agrega un fuerte foco de tensión, al subir en la semana el tipo de cambio un 2,1 por ciento.
La suba del tipo de cambio obedecería a varios factores. Entre los externos, está la suba por encima del 3% de las tasas de interés de largo plazo (bonos a diez años del Tesoro de EE UU), que generó una revalorización del dólar a nivel global y una depreciación del resto de las monedas. En cuanto a los factores internos, se afirmó que la entrada en vigencia del impuesto a las ganancias a no residentes por la operatoria con títulos, habría llevado al desarme de posiciones en Lebac, para evitar el pago del impuesto.
Más allá de la multiplicidad de causas, hay una que atraviesa a todas y que vincula el despertar del dólar a las políticas de liberalización y desregulación: entre ellas, la eliminación de los controles de capitales y de la obligación de liquidar dólares de las exportaciones –que en estos momentos del año contribuían a engrosar las arcas del BCRA–, dejando las reservas al arbitrio de los grandes sectores privados. En cambio, el Banco Central hoy incrementa reservas a través de la compra de los dólares que recibe el Tesoro por sus colocaciones de deuda.
Estas políticas exponen al país ante cualquier cambio de las condiciones internacionales y ante las decisiones de los mercados, que actúan en pos de la rentabilidad máxima de sus carteras, y no de las necesidades de quienes habitan la Argentina.
El tipo de cambio es una variable demasiado importante como para dejarla en manos de los mercados. Las depreciaciones afectan los precios de muchos bienes que consume la población, ya que los insumos que utilizan, como en el caso de la harina de trigo para fabricar el pan y las pastas, se expresan en dólares en los mercados internacionales. Lo mismo ocurre con los bienes que se importan y con las tarifas de los servicios públicos.
Tratando de atenuar los impactos, el BCRA intervino de manera contundente: vendió dólares de sus reservas (unos U$S 3000 millones en la semana), pero dejando que el dólar subiera, con un ojo puesto en recuperar algo de competitividad regional.
Sin embargo, con el otro ojo observando los impactos la inflación, encaró un incremento de tasas de referencia –por fuera del cronograma establecido–, de unos 300 puntos porcentuales, al 30,25 por ciento. Las razones esgrimidas: que "ante la dinámica adquirida por el mercado cambiario (…), tomó esta decisión con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario". Una decisión que afectará el costo del crédito y el nivel de actividad interna. Esto demuestra que el BCRA y el Poder Ejecutivo no dudan a la hora de elegir a qué sectores privilegiar: se favorece a los grandes exportadores, y se incrementan las tasas de interés, lo que implica descuidar la actividad interna y el empleo.
La política financiera y monetaria del gobierno conlleva una elevada vulnerabilidad y una fuerte desprotección para el conjunto de la sociedad.
