Noticias Argentinas | Opinión
Por Carlos Heller
La Argentina ha emprendido, desde que asumió el gobierno del Frente de Todos, una serie de tareas trascendentes. Entre ellas, la negociación con el Fondo Monetario Internacional de la inmensa deuda externa generada por la reciente administración de Juntos por el Cambio.
El país, tras llegar a un acuerdo exitoso con los acreedores privados, avanza ahora con las tratativas con el FMI para encauzar, en un tercer momento, las negociaciones con el Club de París.
Si el gobierno no hubiera encarado estas búsquedas de acuerdos, el año que viene tendría que pagar unos 30.000 millones de dólares, más de 19.000 al Fondo y algo más de 10.000 a los bonistas privados. Por supuesto, era una misión imposible.
Por eso, este proceso global de negociaciones de la deuda es imprescindible: porque saca a la Argentina de un callejón sin salida.
De allí que sea una buena noticia que, en la reunión de esta semana del G20, haya habido un explícito respaldo a la propuesta de eliminación de las sobretasas de la deuda y a la creación del fondo de los derechos de giro.
Este foro intergubernamental está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica, Turquía, Argentina y la Unión Europea. Fueron los ministros de Economía y presidentes de los Bancos Centrales de estos países quienes coincidieron en pedirle al FMI que hiciera lugar al pedido de un conjunto de naciones lideradas por la Argentina.
Al final de la reunión hubo un comunicado del G20 en el que afirma: “Agradecemos al FMI su actualización sobre la política de sobrecargos y esperamos con interés seguir debatiendo en el Directorio Ejecutivo del FMI en contexto de la revisión interina de los saldos precautorios”.
Luego agrega: “Apreciamos los recientes progresos realizados por el FMI para ofrecer opciones viables a los miembros con fuertes posiciones externas para canalizar voluntariamente una parte de sus DEG asignados, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, para ayudar a los países vulnerables”.
En la medida que los integrantes del G20 son los mismos que deciden en el Fondo, el comité de este organismo autorizó de modo inmediato el estudio del tema de los sobrecargos y de la creación del fondo con los derechos de giro que los países grandes cederían en una parte para ser redistribuidos entre el resto de los países, dos de las cuestiones que Argentina viene planteando insistentemente.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, que participa de las reuniones en el G20 y con el FMI, dejó un mensaje grabado para el Coloquio de IDEA en el que afirma que: “En el 2020, tuvimos un proceso de restructuración de deuda que tuvo un carácter histórico, por los montos y por lo que se alcanzó. Este año tuvimos avances con el Club de París. Ahora estamos negociando con el FMI una redefinición de esa relación, ya que es absolutamente insostenible la que le dejó a la Argentina el gobierno anterior (…) Es importante que en la Argentina el Estado tenga un rol expansivo, que apuntala la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, también que vaya reduciendo su déficit. Eso es una inversión en capacidades del Estado. Lo fortalece al Estado, porque implica depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria, y eso también fortalece la moneda y contribuye a poder reducir la inflación. Es importante que el Estado tenga un rol para que haya una disminución del componente de inercia que tiene el proceso inflacionario”.
La Argentina está saliendo de una crisis fenomenal. Para ello, para terminar de salir, tiene que solucionar primero el problema del endeudamiento. Pero también debe resolver demandas sociales urgentes.
Entre ellas, necesita poner un límite al aumento desmedido de los precios. Porque se trata de incrementos que no se explican en un contexto de tipo de cambio controlado, tarifas prácticamente congeladas, salarios renegociados dentro de las pautas presupuestarias —aun cuando hubo que revisarlos porque los precios subieron— y tasas de interés que bajaron a menos de la mitad con relación a años anteriores.
Por eso, el gobierno decidió avanzar en el congelamiento de los precios de más de 1200 productos por 90 días. En la presentación de la propuesta, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, reivindicó el acuerdo tripartito Perón–Gelbard de 1973 entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, que incluyó un fuerte congelamiento de precios y salarios, luego de un aumento general del 20% de estos últimos. Para la actual administración, el objetivo central es que los ingresos le ganen a la inflación. En esa línea, se anuncia la aplicación del congelamiento. Mientras, la oposición política y mediática insiste con que estas iniciativas de control siempre fracasaron. Para ellos, cuando hay controles los productos aumentan más que cuando éstos no existen. Insostenible.
Por supuesto: el gobierno no está diciendo que los empresarios no tienen que ganar dinero. Lo que está diciendo es que en lugar de ganar por unidad, ganen por cantidad. Es decir, que apuesten al crecimiento a partir de una mayor demanda de sus productos. La idea es que sus ganancias como empresarios estén relacionadas con un proyecto de país con crecimiento y con la gente adentro.
Hay varias tareas trascendentes que ha emprendido el gobierno del Frente de Todos. Necesitamos atravesar las próximas elecciones con éxito para contar con la mayor fuerza posible y, de ese modo, poder profundizar y mejorar estas tareas.
