Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El borrador de Presupuesto 2021 que el Ejecutivo porteño acaba de presentar en la Legislatura contrasta con el Presupuesto 2021 que aprobó el Congreso Nacional. De este último llegó a decirse que no era un plan serio, por no validar programas de ajuste, y que se basaba en proyecciones irreales, como un tipo de cambio de 102 pesos para fines de 2021 y una inflación del 29 por ciento. Proyecciones que se trataban de desacreditar porque no estaban en línea con lo que esperaban en ese momento los mercados, que tomaban como referencia los valores de la especulación.
No obstante, en el proyecto de Presupuesto de la CABA se validan las proyecciones macroeconómicas nacionales, entre ellas la inflación y el tipo de cambio, pero ahí se acaban los puntos de contacto. El borrador presentado descansa en los preceptos del ajuste de los gastos más elementales y en la suba de impuestos a la clase media. Una línea que va más allá de toda “victimización” o excusa.
Por caso, se vería afectada la obra pública y la recolección de basura (que podría dejar de realizarse los fines de semana). Por el lado de los ingresos, además del estacionamiento medido en toda la CABA, se comenzaría a cobrar un 1,2% de impuesto a los gastos con tarjeta de crédito, que afectaría directamente a los consumos de las porteñas y los porteños. Son temas de los que no se habló en los grandes medios y que además se contradicen con las habituales opiniones de los funcionarios de la Ciudad sobre la elevada carga tributaria y la necesidad de eliminar impuestos para atraer inversiones.
Las prioridades se observan con claridad en la asignación del gasto por finalidad. El rubro más importante, el de servicios sociales, tendría un crecimiento del 20,8% respecto del cierre proyectado para 2020, por debajo del aumento promedio (25%), que de por sí está por debajo de la estimación de la inflación (29%), lo que implica caídas en términos reales. Dentro del mencionado rubro, los grandes perjudicados son la salud (+16,8%) y la promoción y la acción social (+8%). El único rubro que le gana a la inflación y por amplio margen es el de los servicios de seguridad (37,5%), toda una muestra de las prioridades.
Según el ministro de Hacienda y Finanzas de la CABA, Martín Mura, se trata de “un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias, producto de distintas acciones impulsadas por el gobierno nacional que buscan afectar gravemente tanto la autonomía como las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires”. Una estrategia de “victimización” que no es nueva, por medio de la cual se intentan justificar posturas y no hacerse cargo del ajuste de partidas sensibles.
El argumento de la transitoriedad y el “la culpa es de los otros” forman parte del mismo dispositivo retórico que utilizó el expresidente Mauricio Macri. Por ejemplo, cuando recurrió al FMI en 2018 anunciando un préstamo preventivo que al poco tiempo fue utilizado. Una decisión lesiva para la soberanía que cuesta mucho superar, más allá de las renegociaciones que está llevando adelante el actual gobierno nacional para encaminar la situación. En varias oportunidades señalé que el problema eran las políticas previas de endeudamiento y desregulación financiera, que se podían haber evitado, tal como lo reconoció hace un tiempo el Fondo Monetario Internacional en uno de sus informes. Los hechos dan cuenta de que el desembarco del FMI funcionó como excusa perfecta para llevar a cabo el plan de ajuste virulento que desde un primer momento tenían en mente. Cualquier semejanza con la CABA, más allá del alcance y las dimensiones, no es pura coincidencia.
En este marco, el funcionario porteño Mura justificó los recortes y la suba de impuestos debido a que si se ratifica el recorte en la coparticipación proyectan perder unos 52.000 millones de pesos. Una manera de presentar los números y los hechos absolutamente tendenciosa.
Hay caminos alternativos a los que se contemplan en el proyecto de Presupuesto porteño, que promociona como una virtud que los servicios de seguridad mantengan “la participación sobre el presupuesto total del año 2020”.
Este planteo de los funcionarios de la Ciudad es erróneo, puesto que el exceso respecto al 1,40% debía asignarse exclusivamente a las funciones de Seguridad, según los decretos de Macri, y la modificación del cálculo por el traspaso de la Policía Federal no debería afectar al resto de las funciones del gobierno de la Ciudad, sólo marginalmente.
También se habla de recursos que le corresponden a la CABA y de medidas que intentan afectar la autonomía, cuando lo que se está haciendo es algo que ya se venía conversando entre los principales funcionarios de la Nación y la Ciudad, aún antes de la pandemia, y es volver al porcentaje de coparticipación histórico (1,40%), agregándole los fondos necesarios para cumplir con el financiamiento del traspaso de la policía, revirtiendo una decisión intempestiva del expresidente Macri.
En concreto, fue mediante el decreto 194 del 18 de enero de 2016, a poco de asumir la entonces nueva administración, que se llevó el coeficiente de coparticipación al 3,75% (luego reducido con el Consenso Fiscal de 2017 al 3,5%). Aquel decreto se firmó tan solo un día después de que se aprobara el traspaso de la Policía Federal y en los considerandos se afirmaba que la medida era necesaria para “asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la CABA y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo”. Sin embargo, los cálculos dan cuenta de que lo pautado estuvo muy por encima de lo que se precisaba para hacerse cargo de las funciones transferidas.
A eso habría que agregarle, tal como informa Clarín (25.11.20), que se están investigando las transferencias del Ministerio de Justicia a la Ciudad por el traspaso de competencias y juzgados, en especial los $ 4 mil millones que se trasladaron entre el 24 de octubre y el 3 de diciembre del año pasado: podríamos decir, luego del 11 de agosto de 2019, día en que Macri dijo que “terminó su gobierno”. En el mismo período se hicieron 34 escrituras en favor de la Ciudad por $ 16 mil millones, una parte de los 135 inmuebles traspasados de Nación a CABA por unos U$S 900 millones entre 2016 y 2019. Algunos de estos inmuebles se utilizaron para la construcción del Paseo del Bajo, lo que motivó una denuncia de la Oficina Anticorrupción y de la Sindicatura General de la Nación.
En la actualidad, Diputados está tratando, con media sanción en el Senado, la determinación del monto correspondiente a 2020 y su actualización en adelante, tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.
Lo que se está haciendo es reconsiderar todo un conjunto de recursos que fueron transferidos en exceso respecto de los fines preestablecidos, y que pasaron a ser considerados como un ingreso permanente. Una asignación del expresidente Macri que va en detrimento del funcionamiento de las instituciones y que redunda en una mayor desigualdad con las provincias.
Soy diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y lejos está de mi intención generar algún perjuicio a la Ciudad y sus habitantes: todo lo contrario. Pero ello no significa que avale las políticas discrecionales que se llevaron a cabo durante el gobierno de Macri, ni las políticas actuales de la administración de la CABA, afectas al ajuste en rubros socialmente sensibles, que han quedado bien expresadas en la presentación de su Presupuesto 2021.
