Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El viernes pasado ingresó formalmente en Diputados un proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, cuya elaboración tuve el privilegio de coordinar. Se trata de un aporte extraordinario y excepcional que ayude a morigerar los efectos sanitarios de la pandemia del covid-19 y sus impactos laborales, productivos y sociales. Una contribución de emergencia que, con carácter extraordinario y por única vez, impone un aporte de las personas humanas con muy grandes fortunas.
El proyecto se sustenta en el principio constitucional de solidaridad y se apega a los lineamientos trazados desde antaño por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con el principio de igualdad en materia contributiva. Éste exige tratar por igual a los iguales, y desigualmente a los desiguales; en este caso, requiriendo un aporte por única vez a aquellos que ostentan altísimos niveles de riqueza patrimonial.
El Gobierno nacional ha estado implementando distintas iniciativas que apuntan a garantizar la salud de la población, el ingreso de los hogares y la preservación del empleo. Pero todas estas erogaciones requieren el uso de recursos fiscales adicionales, partiendo de una situación inicial heredada de insostenibilidad de las cuentas públicas, que se amplifica producto de los impactos de la caída de la actividad económica por las medidas tomadas para combatir la pandemia. Ante ello, resulta imperioso reforzar la capacidad de ingresos del Estado.
Las naciones consideradas desarrolladas están volcando grandes cantidades de recursos en la economía y en la salud para enfrentar los efectos de la pandemia. Estados Unidos implementó un paquete fiscal de unos 14 puntos de su PIB. En el G-20 las medidas presupuestarias adoptadas ascienden al 6% del PIB en promedio, y se ubican en un nivel mucho más alto que el observado en respuesta a la crisis financiera mundial de 2008. En la región, en cambio, según un reciente informe de Oxfam, los estímulos llegan al 2,7% del PIB. Realidades muy distintas que afectan los márgenes de acción.
Las asimetrías también se dan en el plano interno, ya que si bien las necesidades son muchas, la situación crítica no afecta a todos y todas por igual. Mientras que los segmentos mayoritarios son económica y socialmente los más vulnerables a los efectos de la pandemia, los de mayores ingresos están mucho menos expuestos.
Por eso, sólo están incluidos en el proyecto quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos. Son unas 12.000 personas. La alícuota inicial estipulada es del 2%, con porcentajes incrementales a partir de los 300 millones de pesos (llegando al 3,5% en el tramo más alto). En el caso de los bienes en el exterior, las alícuotas subirán en un 50%, pero este adicional puede bajar si repatrían el 30% de sus tenencias financieras en el exterior.
El espíritu del proyecto tiene vínculos estrechos con planteos de importantes intelectuales y organismos del exterior. Según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, “una situación excepcional requiere respuestas excepcionales”. Similares consideraciones sobre la excepcionalidad del actual momento fueron realizadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Incluso el personal técnico del FMI, en la “Serie especial sobre políticas fiscales en respuesta al covid-19”, hizo alusión a la importancia de considerar una “sobretasa solidaria”. Y hay muchísimas más posturas coincidentes.
Desde la prensa especializada internacional, el Financial Times afirmó que en nuestra región “la crisis del coronavirus cambió el clima político (…). Colocó los gravámenes a las fortunas personales en la agenda de al menos ocho países latinoamericanos y creó un mayor consenso de que quizás éste sea el momento de que las élites privilegiadas se pongan al hombro una mayor porción de la carga financiera que significa ayudar a sus conciudadanos”.
En definitiva, para encarar de buena forma la situación actual, no se puede prescindir del componente que es la solidaridad, y ése es el espíritu que atraviesa al proyecto que se acaba de presentar. El aporte de los segmentos más ricos es esencial para contribuir a que el Tesoro nacional pueda hacer frente a los múltiples efectos de la pandemia, y facilitar una recuperación más rápida de la economía.