Nuestras Voces | Opinión
Por Carlos Heller
La semana pasada se realizó en nuestro país la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G-20. Finalizadas las actividades, los países miembros dejaron un comunicado de 12 puntos, indicando la “hoja de ruta” -según las palabras textuales- pretendida por este selecto club. El documento refuerza nuestras presunciones. No porque desconociéramos el camino elegido por el gobierno de Macri para “insertarnos en el mundo”, sino por el sobreactuado aval recibido por los organismos internacionales. Es lógico, ambos sostienen las mismas ideas y defienden los mismos intereses.
El comunicado expresa su beneplácito a la apertura del comercio y las inversiones internacionales, reafirmando lo consagrado en la Cumbre de Hamburgo de 2017. Precisamente se trata de los pilares que ha elegido este gobierno desde sus comienzos cuando benefició a los fondos buitre para así encaminarse a un nuevo ciclo de endeudamiento externo. Desde entonces, se ha venido prometiendo “lluvia de inversiones” del exterior, la cual no se ha concretado. Por su parte, la rebaja de aranceles y la liberación de las importaciones han dejado un déficit externo récord. Sólo en el primer bimestre de 2018 la balanza comercial marcó un rojo de 1.872 millones de dólares.
Otro punto de coincidencia es el llamamiento a implementar reformas estructurales, pero advirtiendo que “la política fiscal debe utilizarse de manera flexible”. Desde fines de diciembre pasado, el gobierno ha intentado encarar reformas, como la previsional, la impositiva y la laboral, pero con una suerte dispar. Mientras la impositiva se centró en rebajas para las empresas, la reforma previsional se concentró en bajarle el coeficiente de actualización a los jubilados y pensionados. Finalmente, la reforma laboral –negada insistentemente por el macrismo desde antes de asumir el gobierno nacional- tuvo que ser demorada tras la resistencia popular de diciembre pasado.
Por su parte, la flexibilidad fiscal que menciona el G-20 no sería más que el tan aludido “gradualismo” que predica el gobierno, muchas veces justificándose ante discursos ultraliberales que reclaman políticas de shock. Pero no debemos caer en la trampa de la posverdad. ¿Es gradual echar tantos empleados públicos y desmantelar el Estado en sus tareas de regulación? ¿Es gradualismo haber pasado de un dólar de 9 pesos a uno de más de 20? ¿Son graduales los tarifazos que venimos recibiendo en luz, gas, agua? ¿Por qué sería gradual que de un día para el otro el precio de los combustibles lo fije el mercado, es decir, las poderosas empresas del sector? ¿Dónde está el gradualismo si reduzco de un plumazo jubilaciones, pensiones y AUH? La trampa es que acá no hay gradualismo alguno. Sucede que en Argentina el “gradualismo” implicó shocks cambiarios, tarifarios, de ingresos, de desregulación de precios. Y si sumamos todo, ahí tenemos una verdadera reforma estructural de la economía nacional.
El documento del G-20 también recomienda tipos de cambio flexibles porque “pueden servir para mitigar shocks externos”. El gobierno se ufanó de que Argentina tenía un tipo de cambio flexible. Pero desde una semana antes que viniera el G-20, el Banco Central comenzó a vender divisas para sostener el tipo de cambio. En gran parte ante los malos datos de inflación que hacen inverosímil la meta del 15% presentada el 28 de diciembre. Esa corrección de la meta ha quedado corta rápidamente. Se esgrime principalmente para que algunos sindicatos la subscriban en una paritaria.
El Banco Central fue claro en su Comunicado de Política Monetaria del 27 de marzo de este año: “El BCRA considera que la aceleración de la inflación de los últimos meses es transitoria y que se debe a los fuertes aumentos en precios regulados y a la rápida depreciación del peso entre diciembre y febrero” y por ello “continuó interviniendo para sostener el valor de la moneda, en la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de su política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación”. Una transitoriedad llamativa, puesto que los aumentos de tarifas seguirán: el 28 de marzo se informaron aumentos para el gas en abril y diciembre de 2018 y abril de 2019, entre otros tantos aumentos previstos.
Volviendo al texto del G-20, dice además: “reconocemos que la volatilidad excesiva o los movimientos desordenados de los tipos de cambio pueden tener consecuencias adversas para la estabilidad financiera”. Una tensión para la lógica del tipo de cambio flexible que los organismos financieros internacionales defienden con tanto encomio.
La compatibilidad de lo dicho en el documento y lo hecho por el gobierno es abrumadora. Hasta se incluye el culto a la infraestructura con el sistema de participación público privada en los proyectos, último fetiche del gobierno para favorecer a los inversores, y tratar de lograr proyectos de infraestructura sin incrementar el gasto público y así mejorar el déficit fiscal.
De todos modos, no todo es color de rosa y elogios. El documento arranca advirtiendo sobre “la reciente volatilidad de los mercados”, “los riesgos y las vulnerabilidades”, “que podrían revelarse con un endurecimiento de las condiciones financieras más rápido de lo esperado, y un aumento de las tensiones económicas y políticas”. Entre ellos, los temores por guerras comerciales a nivel global ante las medidas de Donald Trump contra el acero y el aluminio, y perturbaciones en el seno de la economía tecnológica como la crisis de Facebook, o la cruzada del G-20 contra el bitcoin.
Otra advertencia que hace el G-20 es “que la deuda como porcentaje del PBI se encuentre en un sendero sostenible”. Dice textualmente: “El aumento de los niveles de deuda en los países de bajos ingresos ha generado preocupaciones sobre las vulnerabilidades de la deuda en estas economías”. A la semana se conoció que Argentina ya tiene una deuda del 56% del PBI. En los primeros 21 meses de gobierno de Macri, la deuda pública creció 65.000 millones de dólares. Casi triplica las exportaciones, lo cual compromete la capacidad de repago. Además, 1 de cada 10 pesos ingresados por impuestos se dedica al pago de los intereses de esta deuda.
Pero lo que tiene para ofrecer el G-20 es muy poco. Muy atrás ha quedado la cumbre de 2013 en San Petersburgo, donde Argentina, junto a China y Rusia, lograron incluir un párrafo sobre las guaridas fiscales. En esta cumbre de Buenos Aires 2018 apenas se mencionan políticas macroprudenciales para limitar el riesgo sistémico y se balbucea la transparencia tributaria sin ocuparse de las offshore, recientemente consagradas como una práctica lícita por el propio Presidente de la Nación: “una offshore no es ilegal” y “si al entrar (a la política) tienen que explicar toda la radiografía de vida que hicieron antes, los tipos enloquecen”. Palabras pronunciadas precisamente cuando desde el gobierno se declama por la transparencia. Y expresadas por quien dice que “el archivo a veces te mata”. A confesión de parte, relevo de prueba.
