Tiempo Argentino | La semana económica
Mientras avanzan las investigaciones sobre el HSBC y el Citi, el negocio del petróleo sobrevuela sobre las Malvinas.
Por Carlos Heller
En la semana se reunió la Comisión Bicameral investigadora de instrumentos bancarios y financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país, para escuchar las exposiciones del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y del presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, sobre las 4040 cuentas de residentes argentinos en la filial suiza del banco internacional.
La reunión de la comisión se realizó en estricto cumplimiento de la ley de creación de la Bicameral, que determina que su cronograma de funcionamiento "preverá, en primer término, la citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada como instrumentadora de la operatoria y de los titulares de las cuentas denunciadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos".
Cabe recordar que la comisión tiene por objeto "investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales producidos por ese comportamiento", como así también orientar el trabajo de investigación a delinear la posible existencia de un comportamiento sistémico sobre estos aspectos en el seno del sistema financiero.
Echegaray realizó una detallada exposición de los resultados girados por la administración fiscal francesa, explicando con claridad los mecanismos de evasión fiscal a través de cuentas abiertas en guaridas fiscales, que terminaban receptando los fondos evadidos de nuestro país, que luego eran depositados en la filial suiza del HSBC. Los datos originales fueron obtenidos a partir de los registros de Hervé Falciani, ex empleado de la filial de Ginebra del HSBC, que incluyen una lista de unos 130 mil potenciales evasores en gran cantidad de países. Ante las críticas realizadas sobre el origen de los datos, el titular de la AFIP fue claro; "mal que le pese a la opinión de muchos juristas, la Argentina siguió un camino profesional que legalmente se enmarca en un convenio con Francia para evitar la doble imposición y la evasión." (Tiempo Argentino, 02.04.15) explicando además que la justicia francesa y la española se expresaron sobre la legitimidad del proceso de obtención de datos de las cuentas del HSBC.
La argumentación de Echegaray se basó en que "el HSBC fue el facilitador de operaciones con las que se fueron del país ilegalmente, por lo menos, 3500 millones de dólares" a los que definió como "actos de piratería financiera internacional". (Página/12, 02.04.15)
Por su parte, el titular del HSBC Argentina, Gerardo Martino, leyó una carta preparada por sus abogados, y finalizó comentando que no contestaría a ninguna pregunta, amparándose en el art. 18 de la Constitución Nacional: "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo", dado que está imputado en la causa abierta por la AFIP. No obstante, se negó a contestar la mayoría de las preguntas, algunas formales, como la composición del capital accionario del HSBC, y otras las negó por estar amparadas por el secreto bancario, a pesar de que varios legisladores le indicaron que la Ley 27.094 que crea la Bicameral indica que en ningún caso será oponible a la comisión tal secreto bancario.
Los directivos locales del banco internacional evidenciaron una renuencia a brindar información, que contrasta con la actitud del CEO del grupo, Stuart Gulliver, quien publicó en diferentes medios de comunicación una "disculpa pública" por no haber efectuado el control necesario, señalando que la entidad no se caracteriza por tener una "propensión" a tratar con clientes que buscan evadir impuestos y que desde el año 2008, momento en el que el denunciante Falciani filtró la información, el banco ha cambiado "significativamente".
Al término de su exposición, Echegaray entregó a la Comisión Bicameral una gran cantidad de carpetas, –que dificultaban el paso en el salón en el cual se realizó la reunión–, conteniendo todos los datos de las 4040 cuentas argentinas que la administración fiscal francesa envió a la AFIP. Con estos datos, la Comisión ya tiene una gran cantidad de información para comenzar su investigación.
CONTINÚA LA SAGA BUITRE. El Banco Central decidió dejar sin efecto la habilitación del máximo responsable de la sucursal argentina del Citibank NA, Gabriel Ribisich, para desempeñarse en su cargo. El BCRA fundamenta su decisión en el desconocimiento del marco legal vigente evidenciado por el funcionario al dar inicio a la ejecución directa del convenio celebrado entre los demandantes en la causa "NML vs. Republic of Argentina" y el Citibank NA, que contraría el orden público de las normas de reestructuración de la deuda soberana. Tal acuerdo "supuso anteponer el interés particular del Citibank NA por encima del interés de sus clientes y del cumplimiento de las obligaciones locales de la República Argentina", tal como expresó la CNV según cita la autoridad monetaria.
Vista esta situación, el directorio del BCRA tomó en cuenta la actuación de Ribisich, "al disponer la ejecución de un acuerdo homologado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sin considerar la situación de desprotección a la que expuso a los usuarios de servicios financieros y la afectación de los sistemas de pago del país", incumpliendo además las leyes que debe obedecer.
Siguiendo la saga, los bonistas italianos que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, y tienen sus fondos embargados por el fallo del juez Griesa, realizaron una nueva presentación, esta vez ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York, estipulando que dicho magistrado carecía "de total autoridad para fallar sobre demandas no especificadas, que todavía no han sido traídas a ningún tribunal y que están regidas por ley extranjera".
Los bonistas italianos fueron auspiciados por varios fondos importantes, en especial el Knighthead Capital Management, que realizó la demanda por la cual el juez británico David Richards falló, determinando que los pagos que realiza la Argentina a los titulares de los bonos reestructurados están gobernados por el derecho inglés. Los bonistas europeos fueron firmes: "creemos que esta corte debería ordenar al Banco de Nueva York que transfiera los fondos a los acreedores, quienes consideran que son inocentes terceras partes de esta litigación y cuentan con el derecho indisputable de recibir los pagos".
Es un paso más para destrabar la enrevesada orden de Griesa, actitudes que –a través de la defensa de sus derechos como inversores– derivan en apoyos a la posición argentina.
MALVINAS. La presidenta de la Nación encabezó en Ushuaia el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con sentidos homenajes, a la vez que anunció la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas y la desclasificación de los archivos secretos sobre el conflicto armado.
El tema económico también estuvo presente en la conmemoración dado que la presidenta rechazó las versiones provenientes del Reino Unido que indicaban que la Argentina representaba un peligro para esa nación, un pretexto para que las autoridades británicas dispusieran un incremento en su gasto militar para el archipiélago. Sobre el tema, Cristina reflexionó: "Somos la excusa perfecta, la coartada de un gobierno que ha tenido que pasar de 66 bancos de alimentos a más de 400 para alimentar a un millón de ingleses."
Las declaraciones oficiales del gobierno inglés coincidieron con la publicación de dos periódicos londinenses que dieron cuenta el mismo día que se conmemoraba el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas –una coincidencia que supone mala fe– que tres empresas británicas anunciaron el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas en una zona ubicada a 220 kilómetros al norte de Malvinas.
Ante este anuncio, y la reciente llegada a las Islas de una plataforma petrolera para realizar exploraciones hidrocarburíferas, sistema que implica un gran riesgo ecológico, el gobierno argentino anunció que iniciará una demanda penal para impedir que el Reino Unido explore en forma ilegal la zona marítima circundante a las Islas en búsqueda de hidrocarburos.
Para cerrar esta columna, cabe resaltar las palabras de nuestra presidenta, quien expresó: "Vamos a seguir reclamando en todos los foros internacionales", e instó al Reino Unido a "sentarse a dialogar, a buscar una solución y a colaborar". Comparto plenamente la convicción de Cristina sobre las Islas Malvinas: "No tengan la menor duda de que las vamos a ver nuevamente formar parte de nuestro territorio", siempre que, considero, continúe este proyecto político iniciado en 2003 y se evite volver a la política de relaciones carnales con las potencias hegemónicas.
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 5 de Abril de 2015
