Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El tratamiento oficial y de los medios de comunicación masivos respecto del último dato de inflación mensual es una muestra de la doble vara con la que se intenta justificar el ajuste y hacer creer que se transita por un camino virtuoso. Tras la publicación del INDEC, se señaló que el 20,6% de enero es un buen dato (¡ya que bajó desde el 25,5% de diciembre!).
También se dice que cuando arrancó la actual gestión ya existía una inflación diaria del 1%. Sin embargo, esos aumentos fueron producto de las señales que tras la segunda vuelta electoral se les dieron a los formadores de precios para que remarquen como quieran. Se agregó, apenas asumió el gobierno, la inédita devaluación del 118%, entre otras medidas. A partir de allí se produjo una gran aceleración de la inflación, en una economía que tiene el bimonetarismo como un rasgo instalado y en la que además la producción requiere de la utilización de insumos importados.
En rigor, se está verificando un gran cambio de precios relativos que va en detrimento del salario y de las jubilaciones. La disparada de la inflación de los primeros meses de este gobierno es consecuencia de la búsqueda deliberada de incidir en el reparto de “la torta”, pero con un sentido regresivo y diametralmente opuesto al del anterior gobierno.
No hay que perder de vista que hacia finales de la gestión de Alberto Fernández la inflación escaló por encima del 12%, una consecuencia de la devaluación (del 21,8%) que impuso el FMI tras las PASO. Hay que aclarar que ese momento convivió también con las implicancias de la inédita sequía. Antes que eso, el máximo de inflación del anterior gobierno se había registrado en abril (8,4%). Un valor alto pero que no tiene comparación con los actuales. Además, con mayor o menor éxito la anterior administración trataba de regular los precios y de compensar la inflación por diferentes vías, un enfoque que abandonó este gobierno, dejando a la población en absoluta desprotección.
El presidente Javier Milei acaba de señalar: “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”. “Motosierra” es, por ejemplo, el recorte de transferencias a provincias, que afecta en definitiva a la gente, no a los mandatarios de esas jurisdicciones. En estos días, por caso, el gobierno anunció, a poco del inicio de clases, que se dejarían de transferir a las provincias los recursos correspondientes al Incentivo Docente, claves para el pago de los salarios del sector.
Por su parte, “licuadora” quiere decir que la inflación erosione (licúe) el poder adquisitivo de la población, de forma tal que caiga el consumo privado y se produzca también una sustancial baja del gasto público real, para alcanzar el déficit fiscal “cero”, un objetivo que no persigue casi ningún país en el mundo.
En el actual escenario se observa con total claridad que no era “campaña del miedo” cuando alertábamos que si se sacaban los subsidios al transporte el valor de los pasajes iba a dispararse. Tampoco cuando decíamos que si se liberaban los precios de las prepagas los planes iban a subir, o que si se eliminaban los cupos de exportación los alimentos iban a cotizar en moneda dura, cuando los salarios no siguen los parámetros internacionales.
Todo este ajuste trae aparejada una sustancial caída de la actividad económica y del empleo. Por lo pronto, el jueves se conoció el dato de utilización de la capacidad instalada en la industria para diciembre (54,9%), con una sustancial baja de 8,9 puntos respecto de un año atrás. Es el nivel más bajo para un diciembre desde que se mide la serie (2002) y peor incluso que en la pandemia y que en el mínimo que se había alcanzado en la gestión Macri (56,6% en 2018). Seguramente esta dinámica continuará en enero.
Cuando cae el indicador de uso de la capacidad instalada también lo hace el empleo en la industria, y ello genera que se reduzca el consumo, que luego caiga aún más la producción industrial, y así sucesivamente. No es socialmente aceptable querer terminar con la inflación por la vía de una gran recesión, buscando que la gente deje de comprar, viajar, recrearse, o educarse. El camino no es por acá.
Dolarización y legitimidad
En la semana el Presidente volvió a mencionar que se avanza hacia la dolarización. Hay que decir que la dolarización es lo mismo que la convertibilidad, pero sin posibilidad de retorno. Significa adoptar una moneda que responde a la economía que la emite (Estados Unidos), cuya población tiene otro poder adquisitivo, otros niveles de productividad y otra tecnología. Es condenar a la industria nacional y depender de las exportaciones primarias. O, peor aún, es depender de las privatizaciones y del endeudamiento externo.
La convertibilidad, recordemos, recurrió al ingreso de dólares por la venta de empresas públicas y luego al financiamiento externo. Cada peso que circulaba en la economía tenía su respaldo en dólares en el Banco Central. Cuando se agotó ese ingreso de dólares y los acreedores dejaron de financiar al país se entró en default. Es cierto que se había logrado contener la inflación (incluso se llegó a tener deflación), pero ello se dio a costa de un desempleo de dos dígitos. En aquella oportunidad se pudo salir dado que el peso no se eliminó como moneda de curso legal. No sería el caso con una dolarización. Tal como señaló Cristina Fernández de Kirchner en el documento “Argentina en su tercera crisis de deuda”, la dolarización de la economía “implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social”.
Entre otras menciones importantes, Cristina señaló que “es cierto que (Javier) Milei obtuvo el 56% de los votos en el balotaje que definía quién sería el Presidente de la República, pero en la elección general que se vota la representación parlamentaria, sólo obtuvo el mismo tercio de votos que había logrado en las PASO”. Luego afirmó que “la legitimidad de origen que da el voto popular no debe hacerle perder de vista al actual mandatario la legitimidad de ejercicio en la gestión de gobierno, que sólo podrá ser lograda a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos”.
El Presidente ganó el balotaje, pero eso no significa que el electorado lo haya votado para soportar el peso de un ajuste que supuestamente iba a recaer en la denominada “casta”.
La legitimidad que se arroga el Ejecutivo debe convivir con la que tiene el Parlamento. Debe respetarse la división de poderes que establece nuestra Constitución. El Congreso es el órgano que trata las leyes, en tanto que los decretos de necesidad y urgencia son la excepción, no pueden ser la forma de gobernar.
