Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que la Argentina es “un paciente en terapia intensiva, a punto de morirse”. Y agregó: “anunciamos un paquete de medidas urgentes e inevitables para evitar la catástrofe”. Lo que el gobierno está diciendo es que no es bueno el ajuste pero que, si no se lo implementara, lo que vendría sería mucho peor. La narrativa es sencilla: haciendo “el mal” –el ajuste– el gobierno está haciendo “el bien”: evitar el desastre.
En esta perspectiva, el ministro de Economía anunció recortes enormes y muy profundos. Pero a diferencia de otras veces, cuando se tomaron medidas de ajuste diciéndonos que no lo eran, ahora confirman que sí se trata de un ajuste. Y que es legítimo porque fue votado por la mayoría de la población.
Sin embargo, el razonamiento gubernamental contiene una falacia y el comunicado de la CGT lo señala con precisión: “el anunciado ajuste, no ajusta a la 'denominada' casta como se prometió en campaña” sino que “el ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo”.
Una parte de la sociedad cree que las medidas afectarán a otros y que, cuando se decía que se ajustaría a la casta, a la política o al Estado, se hablaba de algo que sucedería muy lejos de ellos. Por eso, el ajuste en marcha que se aplica sobre la mayoría de la población no es el mismo que fue votado en las elecciones. Milei dijo la verdad cuando sostuvo que iba a hacer un ajuste muy grande, pero no dijo la verdad acerca de quiénes iban a ser los alcanzados. Primero era la casta, luego la política, más tarde el Estado pero, finalmente, el ajuste terminará recayendo principalmente sobre la ciudadanía.
El ministro Caputo ha insistido en que somos “adictos al déficit”. Lo hemos señalado muchas veces: nosotros no somos hinchas del déficit fiscal sino enemigos del ajuste para resolverlo. Estamos de acuerdo en atacar el déficit. La cuestión es cómo hacerlo. Un modo es desmejorando las condiciones de vida de la mayoría de la población, otro a través de medidas como la implementada en Brasil en estos días: mediante una ley para cobrar impuestos a las inversiones de los llamados “súper ricos”, incluyendo a las empresas offshore. A través de esa iniciativa el gobierno de Lula da Silva busca recaudar el equivalente a U$S 6.000 millones hasta 2025. El ministro de Economía brasileño, Fernando Haddad, ha considerado la iniciativa como un modo de evitar un ajuste en las cuentas públicas. Lo que muestra el gobierno de ese país es un camino para reducir el déficit sin ajustar a la población.
Es necesario implementar una política integral que ataque en simultáneo la evasión impositiva, el contrabando y las distintas maniobras que se realizan para eludir las políticas fiscales (como la subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones) además de insistir sobre la progresividad tributaria para que los que más tienen sean los que más aporten. Ello sin perjuicio de que se trabaje para mejorar la asignación del gasto y hacerlo más eficiente.
Cuando se analiza el paquete de medidas anunciadas por Caputo, iniciativas como la baja de los contratos de trabajo en el Estado con menos de un año de antigüedad, la suspensión de la pauta publicitaria, la reducción de los ministerios de 18 a 9, entre otros recortes, apenas alcanza a 0,5% del PBI. Muy lejos del 5,2% de reducción del déficit que el ministro propone como objetivo.
Por eso, en el detalle de los anuncios se avanza sobre otras áreas. Por ejemplo, hay una reducción del 0,4% del PBI en jubilaciones y pensiones por lo que, en términos reales, está previsto un ajuste en las partidas previsionales. También se anunció el cambio de la fórmula jubilatoria y el uso de decretos para las recomposiciones de los ingresos de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas.
También se anticipó la casi desaparición de las transferencias del Estado a las provincias, una drástica reducción de la obra pública y una fuerte disminución de los subsidios a la energía y el transporte, entre otras iniciativas relevantes.
En otro orden, en agosto el FMI afirmaba: “la situación económica se ha tornado cada vez más complicada desde la conclusión de la cuarta revisión debido a la sequía sin precedentes, así como por el desvío de políticas, razón por la cual se incumplieron metas claves del programa previsto para finales de julio”.
En ese mismo comunicado, difundido pocos días después de las PASO, el Fondo decía: “Sigue siendo imperativo ejecutar el programa con determinación, formular políticas de forma ágil, planificar para contingencias, y es posible que sea necesario aplicar otras medidas para alcanzar los objetivos del programa y salvaguardar la estabilidad”.
De manera más reciente, el mismo día que Caputo dio a conocer las medidas, el FMI distribuyó un nuevo comunicado en el que señalaba: “el personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy por el nuevo ministro de Economía. Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y a sentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado”.
Está claro: el gobierno anterior pulseaba y negociaba. De allí las críticas del organismo internacional. En el caso del nuevo gobierno, por el contrario, el Fondo no duda en darle su pleno apoyo. Como decía el presidente Milei durante su campaña: en caso de ganar, sus medidas serían más profundas que las exigidas por el propio FMI.
Frente a otros programas similares, nosotros decíamos: “el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia de los ajustados”. Para amedrentar esa resistencia, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” y afirmó que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales”. Y aseguró: “sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias”.
Como siempre, se trata de la discusión entre dos modelos. El gobierno asegura que su proyecto de país es el único viable. Por supuesto: no estamos de acuerdo. Como dice el comunicado del Bloque de Diputados y Diputadas de Unión por la Patria: en el rumbo tomado “hay una profundización de los históricos planes de ajuste en la Argentina”. El texto agrega: “había y hay otro camino: un cambio con producción, trabajo y cuidando a las y los argentinos”.
