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Por Carlos Heller
Hace pocos días el FMI organizó un encuentro en Santiago de Chile denominado “Desafíos para asegurar el crecimiento y la prosperidad compartida en Latinoamérica”. Con motivo del mismo, la directora de ese organismo, Cristine Lagarde, advirtió que ante las dificultades por venir -como consecuencia de la caída del precio de las materias primas y la finalización de la era de las facilidades del financiamiento en dólares-, es necesaria una mayor integración regional, aduciendo que en la actualidad los tratados comerciales en la región se asemejan a un “recipiente de espaguetis”. La metáfora resulta una crítica directa y artera a las diversas instancias de integración latinoamericana.
Desafortunadamente para los organismos “multilaterales” como el FMI -que siguen añorando el ALCA-, sólo unos pocos días después de la mencionada reunión, se dieron cita los jefes de Estado de los países miembros del Mercosur en Paraná, Entre Ríos, y mostraron un panorama radicalmente distinto al descrito por la representante del FMI.
Una de las decisiones destacadas de la cumbre fue la aprobación del “Reglamento del Mecanismo de Fortalecimiento Productivo del Mercosur”, creado a fines de 2012 con el objetivo de “fortalecer la complementariedad productiva de empresas del Mercosur”, especialmente de las cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas, propiciando la transformación productiva con “equidad, inclusión social y sustentabilidad”.
A su vez, éste es el resultado de un proceso que se inició mucho antes, durante los primeros años de este siglo, a raíz de los cambios políticos que comenzaron a operar en los países del bloque. Se plantearon nuevas iniciativas para transitar hacia un modelo de integración más profundo que trascendiera su hasta entonces enfoque comercialista derivado del marco de las políticas neoliberales imperantes en el momento de su nacimiento, a mediados de los años noventa.
En la misma línea, en octubre pasado se realizó el Primer Encuentro Sectorial de Integración Productiva del Mercosur, orientado hacia los sectores metalmecánico, químico, plástico y textil. Estas iniciativas están además respaldadas por el denominado Fondo Mercosur de Garantías para micro, mini y medianas empresas (FOPyME), el cual constituye básicamente convenios con entidades financieras de cada una de las naciones, por un monto total de más de 1.000 millones de dólares.
Estas acciones concretas tuvieron su correlato en el flujo comercial entre los países. Para citar sólo un ejemplo, en el año 2003 las ventas a los países del Mercosur representaban el 19% del total exportado por nuestro país, mientras que el año pasado ese guarismo superó el 28%. Adicionalmente, al evaluar la composición de las mismas, cabe mencionar que en el mismo periodo las Manufacturas de Origen Industrial enviadas a Brasil pasaron del 30 al 50% del total exportado.
Pareciera que, más allá de que existe aún un importante camino por recorrer, los logros alcanzados hasta el momento marcan un claro contraste con el Mercosur de los años noventa, cuando los programas de ajuste macroeconómico bregaban por la liberalización comercial, dejando un papel secundario a los acuerdos regionales.
FUERTE APOYO A LA ARGENTINA EN EL LITIGIO CON LOS “BUITRES”
En la 47° Cumbre de Presidentes del Mercosur, mencionada en el apartado anterior, los Jefes de Estado presentes expresaron su “satisfacción por la Declaración adoptada el 3 de julio de 2014” en el marco de la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por la cual se respalda la idea de que Argentina logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de los acreedores y pueda seguir honrando sus compromisos financieros. Asimismo, apoyaron la adopción de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que apunta al establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana.
En este sentido, la Presidenta de nuestro país señaló que “en algunos lugares se va para atrás y afortunadamente en otros se va para adelante”, en clara alusión al retroceso que significó la anulación de la “doctrina Champerty” en la normativa legal de Nueva York. También llamó a “defendernos del ataque de estos verdaderos especuladores (…) que apuestan a comprar papeles que ya han caído en default para luego caer con juicios”, a punto tal que en países como Inglaterra o Luxemburgo, que no pueden jactarse de no tener mercados secundarios o paraísos fiscales, estas conductas especulativas con deuda soberana están prohibidas.
La doctrina Champerty proviene de las leyes del medioevo y se refería a cualquier “situación en la cual alguien compraba un valor en litigio, aceptando soportar los costos pero también recibir los beneficios en el caso de que la demanda resultara exitosa”.
En la actualidad, subsiste en la mayoría de los Estados norteamericanos una versión más acotada de la misma y determina que: “Ninguna persona física o jurídica, (…) puede comprar documentos de crédito vencidos (…) con la intención y el propósito de interponer una acción o un proceso judicial con respecto a la misma”.
En el año 2009, cuando aún estaban muy presentes los resabios de la crisis financiera internacional, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló la “antigua doctrina Champerty” para los casos de tenedores de bonos de deuda soberana. Una publicación jurídica de los Estados Unidos describe cómo se vivió esta noticia en los mercados de deuda secundaria, calificando la situación como “un gran suspiro de alivio”.
No resulta llamativo que uno de los principales impulsores para que esta doctrina se anule fuera el fondo NML Elliot; el mismo había iniciado algunos años antes un juicio contra la República del Perú, luego de haberse negado a ingresar en la reestructuración ofrecida por ese país. A pesar de que el juez de Primera Instancia concluyó que el fondo había violado la Ley, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó luego esa decisión dando su propia interpretación de la Ley Champerty y dio por anulada su aplicación. De este modo, se sentó un importante precedente ya que es notorio que los tribunales neoyorquinos no hayan encontrado en el accionar de los fondos buitre la presencia de la práctica Champerty y hayan desestimado todas las denuncias de los Estados sobre violaciones de la misma.
En pocas palabras, seguimos transitando un difícil camino interceptado por fuertes poderes políticos y económicos fronteras adentro y fronteras afuera, pero con el apoyo de los países de la región latinoamericana y una incansable y decidida voluntad del gobierno argentino de “seguir hacia adelante”, privilegiando nuestra soberanía política y económica y los intereses de todos los habitantes del país.
