ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
En un debate en el Congreso, algún diputado opositor afirmó que el actual gobierno lo único que hizo fue “declarar emergencias”. Sin embargo, lo que en realidad hizo fue ponerles nombre a las ya existentes y habilitar el uso de distintas herramientas para salir de una situación crítica generada por las políticas de los años anteriores.
Por su parte, un ex presidente del Banco Nación en la gestión Macri sostuvo que la pobreza “viene de antes” y que “no es tolerable que digan: «veníamos fenómeno y nos agarró la pandemia», cuando el Gobierno dice eso miente”. Una frase sin asidero, salvo en lo que respecta a la pobreza, que aumentó sensiblemente con el gobierno anterior.
Para el primer semestre de 2020, los últimos datos del INDEC muestran que la pobreza afecta al 40,9% de la población de los aglomerados urbanos del país. En cuanto a la indigencia (ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta alimentaria), el indicador llegó al 10,5%. Son números preocupantes. Comparando con el año anterior, se verificó una suba de 5 puntos porcentuales y 2,8 puntos respectivamente. El aumento tiene mucho que ver con la pandemia de Covid-19, y con un componente que se arrastraba de antes. De hecho, producto de la devaluación y de las políticas de ajuste, en el segundo semestre de 2019 la pobreza ya había dado un salto importante.
No pueden analizarse estos datos sin considerar los efectos positivos del IFE, que por una cuestión temporal seguramente se reflejarán en mayor medida en las estadísticas de pobreza e indigencia del segundo semestre del año. Según varias estimaciones, el IFE permitió que hasta junio unas 3 millones de personas no cayeran en la pobreza en medio de la crisis sanitaria.
Ante esta situación, el Estado sigue actuando para mitigar los impactos. Según figura en la presentación del proyecto de Presupuesto 2021, el costo fiscal directo de las medidas es hasta el momento de 4,9% del PBI, a lo que hay que sumarle un 2% del PIB en créditos y garantías. Todo un esfuerzo.
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, señaló que la región experimentará “la peor contracción de los últimos 100 años, con una caída de -9,1% y un aumento de la pobreza que afectará a 231 millones de personas. Las exportaciones caerán -23%, el desempleo afectará a 44 millones de personas. Se mantiene una alta informalidad laboral (54%) y se prevé el cierre de 2,7 millones de empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas. Además 40 millones de hogares no tienen conexión a internet”. Una descripción cruda de la realidad.
Según la vicepresidenta y economista jefa del Banco Mundial, Carmen Reinhart, a nivel global, y más allá de los rebotes de la actividad que puedan darse, la recuperación plena de la renta por habitante “va a ser difícil de ver antes de cinco años”. También afirmó que la pobreza global va a aumentar “en más de 100 millones de personas, y eso haciendo un cálculo conservador (…). Lo que hace esta crisis aún más perversa, y en esto he estado haciendo mucho hincapié, es su efecto regresivo, que amplía la desigualdad entre países y dentro de los países. Le pega más duro a los más pobres (de cada país), y cuando uno hace una comparación internacional, se ve que pega duro a los países más pobres”.
La discusión por el modelo
La Organización Internacional del Trabajo advirtió que “el sendero de recuperación, que lentamente se está vislumbrando en la región, podría ir acompañado de una amplificación de brechas laborales y de ingresos entre los diferentes grupos de población”. Una perspectiva que lleva a la siguiente conclusión: sin importar si se trata de un auge o si es un rebote de la crisis, hay una tendencia a que continúe empeorando la desigualdad en el mundo. Por eso es importante que cambien las políticas de fondo.
En este marco se observa una fuerte reacción de los sectores más concentrados de la Argentina a políticas que en principio solo tratan de mitigar los efectos de la pandemia. Lo que se juega es algo tanto simbólico como material: la discusión por el rol del Estado y por el reparto de la renta y la riqueza de las próximas décadas. Encaja a la perfección el relato del “sálvese quien pueda” y el individualismo exacerbado, bien reflejado en la frase de Donald Trump, en respuesta a información sobre sus desmanejos financieros: “es estúpido no hacer ingeniería fiscal”. Toda una alabanza a la evasión y a la elusión del pago de impuestos.
El actual gobierno recibió una situación problemática por donde se la mire, a lo que se sumó la pandemia del Covid-19. Si bien tuvo éxito en la reestructuración de la deuda insostenible, queda pendiente restablecer los equilibrios en varios frentes. Uno de ellos tiene que ver con las tensiones que se dan en el mercado cambiario. Por eso, hace una semana se profundizó la sintonía fina de las regulaciones para proteger las reservas y evitar una fuerte devaluación relacionada con motivos puramente especulativos.
En tanto, el último jueves se anunció una serie de medidas complementarias por el lado de la oferta de dólares, que básicamente apuntan a incrementar las ventas de los exportadores del complejo sojero. El gobierno definió un esquema de reducción de las retenciones de aquí a fin de año. Debiera ser un incentivo suficiente para que incrementen las ventas de oleaginosas al exterior, más aún con los altos precios internacionales actuales de la soja. También se efectivizará una compensación y un estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas, que implicarán una inversión pública de hasta $ 11.550 millones para el sector.
Asimismo, se modificó el esquema de derechos y reintegros a la exportación de la industria, con una mirada estratégica puesta en incentivar la producción con alto valor agregado, fomentar la industria argentina y el empleo de calidad, diversificar y complejizar la canasta exportadora. Además habrá medidas para estimular las inversiones en proyectos nuevos en el sector de la construcción.
Por su parte, continuaron las rondas de debates y presentaciones en el Congreso por el Presupuesto. El proyecto contiene los lineamientos de un Estado activo en la búsqueda de inclusión, de la mejora del salario real, y que considera al mercado interno como uno de los ejes indispensables para dinamizar la actividad económica. Una propuesta que puede resumirse en dos principios que están en el espíritu del Presupuesto.
El primer principio indica que no hay estabilización macroeconómica que sea posible sin una recuperación de la actividad: es preciso retomar el crecimiento. El proyecto de ley de Presupuesto 2021 fue diseñado para que el Estado juegue un rol central en la recuperación económica. Una crisis donde está involucrada la salud de la población no puede ser librada a esperar tiempos mejores. Por ello se adoptó un esquema de política fiscal expansiva. El segundo principio nos dice que la sostenibilidad fiscal deseada debe ser compatible con un sendero de crecimiento inclusivo, pues el Presupuesto, según está plasmado en la introducción del texto enviado al Congreso, “está concebido como el comienzo de un camino sostenido en esa dirección que tendremos más posibilidades de encauzar si las argentinas y los argentinos lo transitamos de forma colectiva”.
Por supuesto que estas proposiciones generan la resistencia de ciertos sectores, que tratan de que sus reclamos luzcan como si fueran representativos del interés generalizado. Así, es habitual escuchar que en el país no habría “seguridad jurídica” ni condiciones para invertir, aunque ése es el relato que le sirve tal vez al 0,2% de las empresas, no al 99,8% restante. El Presupuesto es absolutamente claro en cuanto a que es necesario que crezca la economía, y que si el mercado interno se expande va a haber empresarios a los que nuevamente les irá mejor, como ya ocurrió en Argentina.
Por eso, la idea de que hay un proyecto anti-empresario no tiene fundamento. En todo caso hay un plan que trata de revertir la concentración económica, la regresividad tributaria y la especulación financiera. Un país viable necesita de salarios que garanticen un buen nivel de vida de los trabajadores y esta dinámica en nada conspira contra el empresario que apuesta al mercado local, más bien lo contrario.
Para finalizar, no me canso de repetir que un círculo virtuoso de desarrollo inclusivo requiere de políticas activas y de un Estado fortalecido, que ponga a la economía en movimiento y permita afianzar la recuperación, un enfoque contenido en el Presupuesto 2021.
