Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
En una intensa semana legislativa se aprobaron dos trascendentes proyectos en la Cámara de Diputados, con evidentes puntos de contacto.
El primero de ellos, que ya pasó exitosamente por el Senado, es el que declara de interés público las acciones del Estado nacional en las empresas en las que tiene participación –que en su gran mayoría integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS)– y que prohíbe su venta sin autorización expresa de las dos terceras partes del Congreso de la Nación. La ley propone la creación de la ANPEE (Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas) como organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo, en pos de afianzar el rol del Estado en el seguimiento de los planes de las empresas, para bregar por decisiones de gestión que involucren criterios de rentabilidad social, eviten prácticas abusivas en la formación de precios y fomenten la orientación productiva. Con esto se apunta a proteger la cartera de inversiones del fondo de garantía de sustentabilidad (registró un crecimiento del 30% en el último año) y refuerza el rol del Estado en el sistema previsional argentino, que ostenta la cobertura más alta de toda Latinoamérica en cuanto a cantidad de beneficiarios.
Es la garantía de que los ingresos de los jubilados en Argentina irán creciendo gradualmente para que puedan tener una vida cada vez mejor, algo que no podía conseguirse bajo la lógica del sistema privado, que priorizaba la maximización de las ganancias de los accionistas y no de los ingresos de los jubilados.
El contraste con la modalidad de los vínculos entre lo público y lo privado se vuelve muy notorio si comparamos la situación actual con lo que ocurría en la última dictadura cívico-militar. De hecho, el segundo proyecto aprobado en Diputados involucra la creación de una Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas, con el firme objetivo de arrojar luz sobre la conexión entre algunos grupos económicos, sus directivos y los gobiernos militares. Entre las empresas que fueron mencionadas por el diputado Héctor Recalde al presentar el proyecto se encuentran: Papel Prensa, Loma Negra, Ledesma, Molinos Río de la Plata, la Sociedad Rural de Junín –que cedió un predio para un centro clandestino de detención–, Citibank, Techint, Pérez Companc y Fiat Sevel. Una triste pieza de colección que puede ser enmarcada en la frase de Francisco en el Parlamento de Estados Unidos, donde habló de "un dinero impregnado de sangre", al hacer alusión a la cuestión del tráfico de armas.
Por otra parte, comenzó el tratamiento del Presupuesto 2016 en el Congreso de la Nación. En su presentación, Axel Kicillof sostuvo que a pesar del magro desempeño de los principales socios comerciales de la Argentina se proyecta un crecimiento de la economía del 2,3% para este año (un 3% para 2016), gracias al dinamismo del mercado interno, impulsado desde las políticas de estímulo del Estado nacional. El Presupuesto sigue la línea de lo previsto en años anteriores y de hecho se puede observar, a modo de ejemplo, un crecimiento proyectado del gasto en servicios sociales durante 2016 (un 22,3%), que pasará a representar el 64% del gasto total, mayor al 58,7% del presente año, un dato contundente.
Finalizando los temas parlamentarios, ingresó en el Senado el proyecto de ley del PEN para declarar "de orden público los (nueve) Principios Básicos de los Procesos de Reestructuración de la Deuda Soberana aprobados el 10 de septiembre" en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la intención de que sean ley en nuestro país, ya que su cumplimiento no es obligatorio. Uno de ellos es el de sostenibilidad, que apunta a que debe preservarse el derecho de los acreedores, pero también promoverse el crecimiento económico de los Estados, "minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los Derechos Humanos". La propuesta, impulsada por Argentina, constituye todo un "legado para la humanidad", tal como sostuvo Cristina Fernández en el momento de realizar el anuncio.
Ejes a futuro
En un acto en el Teatro Ópera, Daniel Scioli expuso sus principales líneas de gobierno en caso de ser electo como presidente. Allí, sostuvo: "Seguimos trabajando para pagarles al cien por ciento de los acreedores, pero en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables", es decir, en los mismos términos que el gobierno nacional viene planteando en el largo conflicto con los fondos buitre. Más importante aun, en su discurso trazó cuatro ejes fundamentales que resumió en: "Crecimiento económico sostenido, pleno empleo y de calidad, distribución del ingreso y mayor calidad de vida", lo cual sigue la línea conceptual del proyecto iniciado en 2003. También fue enfático al afirmar: "No quiero en la Argentina un paraíso financiero ni fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo", una propuesta bien alejada de las ideas conservadoras y elitistas de los principales candidatos de la oposición.
Algunas de las definiciones más importantes en el plano de la gestión de las políticas públicas se plasmaron en la propuesta de devolución del IVA a los jubilados que cobran el haber mínimo, así como a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También mencionó la necesidad de continuar bajando sensiblemente el trabajo no registrado y de estimular el crédito hipotecario, y se comprometió a "seguir asegurando los beneficios que han alcanzado los trabajadores en materia de derechos, con 12 años de paritarias libres y consecutivas, con el salario mínimo vital y móvil más alto de América Latina". A contramano del verdadero pensamiento del "partido derogador", habló de "llegar a la soberanía energética" y reforzó la máxima de que "el país no distribuye la renta porque crece, sino que crece porque distribuye la renta". Al margen de esto, el Indec acaba de publicar información de distribución del ingreso para el segundo trimestre de 2015, un dato que pasaron deliberadamente por alto los medios, observándose la baja del índice de Gini de los hogares que perciben ingresos (un indicador de la brecha existente entre los que más y menos ganan), que se ubicó en los 0,372 puntos, respecto de los 0,381 de un año antes, algo a valorar en un contexto global complicado. En idéntico período de 2004 el valor se encontraba en los 0,452 puntos, dando una idea de las mejoras realizadas, aunque aún resta mucho camino por transitar.
Scioli también tomó partido respecto del papel del Estado y planteó, por ejemplo, que será el BCRA el que defina el tipo de cambio, a través de la flotación administrada, y no "el mercado", una discusión que a esta altura ya debería estar saldada. De hecho, la presidenta Fernández fue directa al sostener que "es curioso escuchar a algunos dirigentes de otras fuerzas políticas relativizar, minimizar, o directamente querer eliminar el rol del Estado. Como si el Estado no tuviera nada que ver ni en la economía, ni en la salud, ni en la educación."
En definitiva, las propuestas comentadas implican una apuesta de continuidad y plantean la existencia de dos proyectos de país opuestos. Una tensión que puede ser bien resumida en la frase: "Si es verdad que la política debe servir a la persona humana, se sigue que no puede ser esclava de la economía y las finanzas"; la misma fue brindada por el Papa Francisco, nada menos que en el Parlamento de Estados Unidos, principal potencia del sistema capitalista global. «
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 27 de Septiembre de 2015.
