Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
“A veces hasta nos reímos porque son realmente disparatadas”, sentenció Marcos Peña sobre las críticas a la regresiva reforma laboral que el gobierno intenta implementar, a las que tildó con el ya conocido mote de “campaña del miedo”. Seguramente estas reformas generen un rictus dramático en los trabajadores, muy distinto a las sonrisas que suscitan en los funcionarios del gobierno.
Antes de las elecciones también se utilizó la “campaña del miedo” para rotular a todas las opiniones (como muchas aparecidas en esta columna) que anticipaban que se venían profundas reformas laborales, fiscales y previsionales, como las que efectivamente presentó Mauricio Macri.
Las reformas laboral y fiscal están muy lejos de ser un paso hacia adelante como se las trata de mostrar, puesto que en muchos casos se vuelve a las normas (especialmente las laborales) que impuso Martínez de Hoz y su equipo.
¿Cuál es la esencia de estas reformas? Beneficiar significativamente a los grandes grupos económicos, nacionales e internacionales, por vía de la disminución de los pagos por impuesto a las ganancias, pero principalmente por la flexibilización de las condiciones laborales y una aguda reducción de los montos de las indemnizaciones y reclamos judiciales de los trabajadores.
Es una necesidad ubicar este “reformismo permanente” en el contexto político. Por ejemplo, muchos de los cambios que se proponen corresponden a las recomendaciones que realizó el FMI en la revisión del artículo IV para nuestro país el año pasado.
Aún luego de las diatribas lanzadas contra los sindicatos, las obras sociales y la justicia laboral, Macri llamó a “comprometer a todos los sectores a colaborar en el fortalecimiento de la República y a construir un Estado que no esté al servicio de la política, de sus funcionarios o de sus gremios, sino al servicio de los argentinos”. Por un lado, la categoría de “argentinos” es más que amplia, y su utilización brinda la idea de una sociedad sin clases ni diferencias sociales. Una tesis falaz.
¿Es acaso posible “un Estado que no esté al servicio de la política”? Pareciera que no, porque la propia naturaleza de los Estados es la de ser la esfera política de la cosa pública, dentro de la cual se procesan los conflictos de intereses. Nuevamente, se intenta no sólo demonizar la política, sino negar los conflictos de intereses existentes en toda sociedad.
“Cada uno tiene que ceder un poco”, sentenció el presidente Mauricio Macri en su discurso de “reformismo permanente”. No obstante, la eliminación de la obligación de liquidar divisas para los exportadores (un día después de la designación del presidente de la SRA como ministro de Agroindustria) parece ser un ejemplo de aquellos que, más que ceder, ganan con este gobierno. En este caso, quien “cede” es la Nación toda, que deja en manos de los exportadores su principal fuente de ingresos en dólares.
Desde lo instrumental, puede pensarse que el gobierno sigue utilizando su estrategia: “si pasa, pasa”. Inundan la discusión con una serie de cambios, para que mientras se están discutiendo los más graves, pasen otros, igual de preocupantes, pero que quedan en el fárrago de cuestiones que se aprueban casi sin discutir. El proyecto de reforma laboral tiene 145 artículos. Los memoriosos recordarán que se dijo y se volvió a decir que los cambios laborales se iban a negociar sector por sector, sin modificar las leyes: la realidad indica que era otro ardid electoral.
La reforma laboral significa un gran retroceso: es contraria a los intereses de los trabajadores, e implica una pérdida de derechos y también de ingresos, desandando conquistas históricas. Como expresó el Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra) en un reciente informe, esta reforma visualiza al derecho laboral protector de los trabajadores como un factor “distorsivo” que debe eliminarse. Y así conculcan una serie de importantes derechos.
La reforma laboral se presenta junto con un eventual beneficio para las empresas, especialmente para las pymes: la rebaja de los aportes patronales. La misma estrategia que cuando se presentó el blanqueo de capitales en el exterior junto con la supuesta “reparación histórica” para los jubilados.
Las reducciones en los aportes patronales son ridículas por su monto al inicio, comenzando con una exención de sólo $ 2.400 el próximo año, para recién llegar a $ 12.000 (indexados) en 2022. Esto es para todas las empresas, pero si algunas pymes estaban esperando un alivio con la reducción de los aportes patronales, tendrán que sobrevivir hasta el 2022, una tarea no muy sencilla en este modelo. Junto con las medidas para acceder a estos beneficios se implementan una serie de modificaciones a las leyes laborales que perjudican a los trabajadores y que regirán a partir de su sanción. Estas modificaciones significan el fin de la jornada de 8 horas y la creación de los “bancos de horas”, una aguda reducción de las indemnizaciones por despidos, nuevas categorías ocupacionales, flexibilizadas, con menos derechos y más restricciones a los reclamos judiciales por parte de los trabajadores.
Puede decirse que la reforma laboral está imbuida del espíritu de la implementada en Brasil. En ese marco, el gobierno argentino intenta introducir una modificación sustancial al concepto de “trabajo”. A las definiciones previstas en la Ley de Contrato de Trabajo le suma: “la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato”. Derechos y deberes recíprocos: se trata de una igualación, por primera vez, de roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia (y de la experiencia) que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario.
También se desea revocar la irrenunciabilidad de los derechos que surgen de los contratos individuales, una cuestión que se había incorporado en 2009. Se retornaría, así, a la norma de 1976 que permitía renunciar a los derechos adquiridos. Por ejemplo, aceptar una reducción del salario ya convenido.
La reforma fiscal es amplia y compleja. Reduce la tasa del impuesto a las ganancias no distribuidas de las empresas del actual 35% al 25% en 2021. Pero quizá el cambio más fuerte, y no muy difundido, es que se espera que gran parte de la reducción impositiva provenga de las provincias. Si prestamos atención a lo que dijo Macri, habló de una “nueva relación fiscal entre el gobierno nacional y las provincias”, de “acordar una distribución de recursos equitativa” y de “desandar juntos la escalada de impuestos que Nación, provincia y municipios hicieron en los últimos años”. En la información que presentó el ministro Dujovne se propone reducir a la mitad los impuestos a los ingresos brutos de las provincias, pero no se propone una compensación a dicha pérdida: sin duda, se espera que el gasto provincial sea el que se ajuste, con el negativo impacto que tendrá en las economías provinciales.
Por otro lado están los cambios en los impuestos internos, que impactan negativamente en producciones regionales. Son tan ilógicos (como el 17% a la cerveza, o el 10% al vino, explicados porque “siguen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”) que es probable que su objeto sea convertirse en prenda de negociación con los gobernadores. Dar un paso atrás en esto, para que pasen las otras modificaciones.
El freno a las reformas en el Congreso es esencial. No obstante, muchos de los que antes de las elecciones eran acérrimos críticos, hoy ya han vuelto al opo-oficialismo. Como el caso de un conocido diputado del Bloque Justicialista, quien sostuvo que las reformas “se trabajan seria y responsablemente”. En este entorno, el rechazo a estas reformas por parte de la sociedad y especialmente de los sectores afectados resulta esencial.
