ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
Esta semana las noticias estuvieron en su mayoría sumidas en la preocupante situación del sistema sanitario argentino y del AMBA en particular, como consecuencia de la alta ocupación de camas y del equipamiento necesario para atender a los pacientes con Covid-19. Lamentablemente, aún dejan oírse algunas voces en los medios y en autoridades de gobierno que intentan minimizar o incluso mirar hacia otro lado a la hora de darle a este tema la seriedad que amerita. En ese marco, los legisladores porteños del Frente de Todos publicamos una “Carta Abierta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” titulada “Es necesario y Urgente”. Una misiva que no dejó dudas acerca de nuestra postura en la actual situación: “En la Ciudad de Buenos Aires el virus avanza dramáticamente. No es tiempo de confrontaciones partidarias, es hora de acompañar con acciones al personal de salud y de escuchar sus demandas desesperadas. Es hora de tomar medidas drásticas, quizás costosas desde el punto de vista político. Nos ofrecemos a compartir esos costos” es la frase introductoria. Continúa: “No todo es especulación electoral. No sucumba ante las presiones políticas de quienes no tienen responsabilidad de gestión y juegan con la vida de la gente. Horacio Rodríguez Larreta, es mejor perder votos que perder vidas. Elija el camino de los cuidados, vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno”. Un mensaje sin eufemismos, a la altura de la gravedad de la situación y con un fuerte compromiso político.
Las palabras del presidente Alberto Fernández en un acto la semana pasada coinciden plenamente con esto: “Son tiempos muy difíciles (…) Ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida (…) Olvidémonos por un rato de las diferencias, que cada uno toque su instrumento, pero hagamos el esfuerzo de tocar una sinfonía”.
La advertencia es clara: no hay lugar para la especulación de ningún tipo. El mundo entero se encuentra amenazado por este virus y sus consecuencias. Un virus que no distingue entre países, que se expandió por todo el planeta y generó acciones directas de la gran mayoría de los gobiernos. Está claro que las medidas que se requieren para amortiguar sus efectos en la salud de la ciudadanía son a su vez perjudiciales para muchos sectores económicos como el turismo, los restaurantes, las actividades relacionadas con el entretenimiento, entre otras. Pues entonces habrá que seguir con las políticas que apunten a proteger a estos sectores. Desde el comienzo de la pandemia, hace ya más de un año, el Gobierno nacional viene desplegando una batería de iniciativas en ese sentido. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), créditos subsidiados a monotributistas y trabajadores autónomos, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, por mencionar algunas. Muchas de ellas fueron actualizadas y continúan en la actualidad y al mismo tiempo se implementaron nuevos beneficios: el Programa de Emergencia al Sector Gastronómico, que involucra una suma de $ 18.000 por trabajador/a, un bono mensual de $ 6.500 para todos los trabajadores de la salud por tres meses y un refuerzo de $ 15.000 para los perceptores de AUH y AUE y monotributistas de las categorías que perciben asignaciones familiares. A lo anterior se adicionan proyectos tendientes a incentivar la actividad económica a partir del aumento del ingreso disponible de trabajadores y empresas: la modificación del Impuesto a las Ganancias para personas humanas que ya es Ley (con cerca de 1,3 millones de trabajadores formales y jubilados beneficiados) y la, actualmente en tratamiento legislativo, modificación del Impuesto a las Ganancias de sociedades, mencionada en mi columna anterior.
Todo ello demuestra la férrea determinación de este Gobierno de no dejar desamparados a quienes más lo necesitan, a pesar de las adversidades en el plano político y económico y de las restricciones fiscales.
Proyectos políticos contrapuestos
En cuanto a la reunión de ministros de los países integrantes del Mercosur que se llevó a cabo la semana pasada, resulta interesante hacer algunas reflexiones. El objetivo principal de la convocatoria fue la posibilidad de flexibilizar los aranceles de los miembros del bloque con otros países. Los ministros de Uruguay y Brasil mostraron un fuerte apoyo a la postura más extrema, es decir, de implementar fuertes rebajas generalizadas de los aranceles extra Mercosur. Las autoridades argentinas, por su parte, plantearon una reducción más gradual y selectiva con mayores mermas en insumos y bienes de capital y menores en bienes finales. El canciller argentino Felipe Solá argumentó que “ofrecerles desde el Mercosur la misma rebaja a todos los que están en diferentes situaciones no es lo justo. No partimos de una justicia en materia de capacidad competitiva sino de diferencias fuertes. Por eso nuestra propuesta es diferenciada y no es lineal”. El ministro Martín Guzmán, en tanto, señaló: “la prosperidad, para nosotros, es un camino al desarrollo que incluya un dinamismo productivo; mayor competitividad y mayor productividad. Pero fundamentalmente, que de ello se beneficien todos los integrantes de nuestra población. Es decir, que el crecimiento económico sea inclusivo, que venga acompañado de una equidad sobre cómo se distribuyen los beneficios de ese crecimiento”.
El Mercosur nació en los años noventa, funcionando como un mecanismo de complementariedad de la producción de las grandes corporaciones dentro del territorio, con un esquema arancelario común al interior del mismo, una función muy devaluada respecto a las expectativas originales, pero que beneficiaba a los grandes conglomerados económicos. Los sucesivos gobiernos, especialmente a partir de comienzos de siglo, le fueron imprimiendo un carácter más proteccionista de las industrias locales dando lugar al llamado arancel común para el comercio extra bloque. Por lo tanto, en la actualidad existen aranceles para los productos que se producen dentro del Mercosur, y otros, más altos, para los productos de fuera del bloque. Estos últimos son los que están en el centro de la polémica hoy en día.
En otro tramo de la reunión virtual se produjo un interesante debate entre el ministro Guzmán y su par de Brasil, Paulo Guedes. El brasileño citó al economista del siglo XVIII, Adam Smith, exponente del libre comercio entre las naciones. En particular, Guedes hizo alusión a “la mano invisible” del mercado que citaba Smith en sus teorías. Un eufemismo para indicar que las economías llegan a un equilibrio por sí mismas sin necesidad de intervenciones de los Estados. Guzmán se mostró en desacuerdo con esta teoría haciendo alusión a otra, la del premio nobel Kenneth Arrow. Este economista del siglo XX sostenía que esas condiciones por las cuales el libre mercado resuelve per se, “jamás están presentes (…) y siempre el Estado debe promover construir esos teoremas para mostrar en realidad que la mano es invisible justamente porque no existe”, señaló Guzmán.
Hay sobrados ejemplos entre las principales potencias del mundo que apoyan esta última visión. Economías en las que los Estados han intervenido para corregir los desequilibrios que generan los mercados, especialmente en materia comercial y de distribución del ingreso, más aún en el actual contexto de pandemia. Sólo para citar a uno de ellos: Estados Unidos impulsó en los últimos meses una batería de políticas públicas orientadas a impulsar el empleo y la inversión. En marzo pasado, se aprobó en ese país un paquete por 1,9 billones de dólares, equivalente a unos 8 puntos de su PIB, dentro del cual se incluyen desembolsos directos a las familias de USD 1.400 por persona, refuerzo del subsidio por desempleo, ayuda a pequeñas y medianas empresas y vacunación e infraestructura hospitalaria. Adicionalmente, se anunció un estímulo equivalente a USD 2,5 billones en un mega plan de infraestructura orientado a la reconversión verde, el cambio climático y la educación con la intención de que sea financiado mediante un aumento impositivo a los más ricos de ese país.
También está en la agenda de Biden un tercer paquete de ayuda de 10 años que destinará USD 1,8 billones a “mejorar la vida de millones de norteamericanos”. El presidente de EEUU sostuvo que “el Plan Estadounidense para las Familias (tal su nombre) es una inversión en el futuro de nuestra nación que sucede una vez en generaciones”, y agregó: “se trata de una inversión en los niños y sus familias, ayudando a esas familias a cubrir gastos básicos que muchos no se pueden permitir en estos momentos, bajando el precio de los seguros médicos y luchando para reducir la pobreza infantil”.
Esta inyección de fondos públicos en la economía estadounidense supera incluso los paquetes de ayuda de la crisis de 2008/2009. Programas de ayuda importantes también están llevándose adelante en Japón, los países del norte de Europa, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, entre otros.
Es evidente que el camino hacia el bienestar de las ciudadanías y el crecimiento económico con equidad no puede quedar librado a las reglas del mercado. Esa idea no debería ni siquiera estar en discusión.
En resumen, la realidad es que los procesos de integración son muy difíciles de concretar, cuando los proyectos políticos de cada país son muy contradictorios, como ha venido sucediendo en varias oportunidades desde la creación del Mercosur. Entonces, la herramienta, en abstracto, puede ser prodigiosa, pero su funcionamiento depende de quién la use. Está claro que la orientación que le quieren dar al Mercosur los gobiernos de Brasil y Uruguay (profundamente librecambista) dista mucho de la que subyace en las intenciones de la Argentina, cuyo gobierno brega por un crecimiento de la región con inclusión y desarrollo de sus potencialidades industriales, que no son pocas.
